“Daniel Ortega no solo representa una amenaza para la seguridad de los nicaragüenses que se oponen a su régimen; sus acciones vulneran la estabilidad económica y alejan la inversión ante la falta de libertades y las leyes que está aprobando en la Asamblea Nacional contra el sector privado”, sostiene un dirigente político que pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
El parlamento –dominado por el sandinismo y sus aliados– aprobó reformas a tres leyes vinculadas a la banca y el mercado de valores en las que impone nuevos controles y sanciones, empleando como argumento que dichas reformas persiguen “combatir” actividades de lavado de dinero, el narcotráfico y el terrorismo por “recomendación” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
La “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros”; la Ley315 de la SIBOIF, y la Ley 587 de Mercado de Capitales tienen nuevas regulaciones que imponen sanciones desde multas hasta la cancelación de la licencia de operaciones de una entidad bancaria o grupo financiero. De acuerdo con el régimen, las tres legislaciones se entrelazan para “combatir” el crimen organizado.
“Se ha vulnerado el sigilo bancario, el régimen va a poder investigar a quien quiera y los bancos están obligados a través de la superintendencia darle la información sin mayores requerimientos a la policía. Antes era con una orden judicial”, explicó el político consultado por la Gaceta de la Iberosfera bajo condición de anonimato..
“Eso vulnera la estabilidad económica y aleja la inversión. Nadie va a querer invertir en un país donde la institucionalidad, la seguridad jurídica y el sigilo bancario están vulnerados”, sentenció.
Venganza
No es la primera medida que el régimen sandinista adopta contra los empresarios. En abril aprobó multas hasta de 3.6 millones de córdobas (más de un millón de dólares) a los bancos que no otorguen servicios financieros a los nicaragüenses.
La medida tiene como objetivo, según analistas, que los sancionados del régimen por Estados Unidos y otros países por corrupción o violaciones a los derechos humanos puedan evadir las sanciones de Estados Unidos y obligar a los bancos a abrir las cuentas a familiares de Ortega, funcionarios e instituciones del régimen que permanecen cerradas por la banca tras la designación de sanciones.
De no hacerlo, los bancos corren el riesgo de perder sus corresponsalías con la banca estadounidense.
El sector empresarial estuvo en alianza con Ortega durante casi 12 años, desde la llegada del dictador al poder.
La empresa privada rompió con Ortega tras la brutal respuesta que dio a las protestas en las que miles de nicaragüenses demandaban libertad y la salida del poder del dictador y su esposa, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. El régimen ejecutó a decenas de manifestantes con disparos en la cabeza, cuello, pecho y abdomen. Más de 300 personas murieron por causa de la represión, más de dos mil resultaron heridos, mientras centenares eran encarcelados y torturados.
“El modelo económico de la triple alianza: gobierno, sindicatos y empresa privada, fracasó. La empresa privada se hizo de la vista gorda por mucho tiempo, sacrificó la institucionalidad del país a cambio de réditos económicos, hoy esa falta de visión les esta pasando factura”, sostiene el político.
“Los empresarios están temerosos, no hablan, no dicen nada. Esto al final va a repercutir en la inversión extranjera que se está alejando y va a propiciar mayor caos, precisamente por la vulnerabilidad del sistema jurídico”, afirmó.
Con timidez los empresarios demandan la libertad de los presos políticos a través de las redes sociales. El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), permanece encarcelado acusado por el régimen de “traición a la patria”.
“Es necesario avanzar en la solución de la crisis y un paso fundamental para la paz y la estabilidad del país es la liberación de todos los presos políticos”, pidió el Cosep a través de su cuenta en Twitter.
Una fuente vinculada al régimen asegura que Ortega dejaría libres a los encarcelados hasta después de los comicios debido al desgaste internacional que han producido las numerosas detenciones de los últimos meses. El dictador sabe que cualquier candidato opositor podría ganarle en el actual escenario.
14 de los 35 opositores encarcelados han sido acusados judicialmente por el régimen ante los tribunales, entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. De acuerdo con la Ley aprobada por Ortega contra la oposición, de ser encontrados “culpables” las condenas podrían oscilar entre los 10 y 22 años de prisión.
Ortega ha llamado a un diálogo nacional para después de las elecciones –dando por hecho que ya ganó los comicios presidenciales de noviembre tras encarcelar a sus adversarios políticos–. La iniciativa incluiría a los empresarios y los partidos políticos, aunque aún no define cuáles agrupaciones opositoras serían convocadas, pues a todos los partidos disidentes les fue cancelada la personería jurídica.
“Los empresarios crearon la Alianza Cívica y estuvieron trabajando desde la oposición, tenían sus candidatos y ahora el régimen les está cobrando muy duro haber tomado distancia”, aseguró el político consultado por La Gaceta de la Iberosfera.
El régimen sandinista es acusado de crímenes de lesa humanidad por organismos locales e internacionales tras investigaciones preliminares realizadas.
