Donald Trump ha convocado a sus tropas. No, no a los militares, sino a los deplorables de todo el país, para que acudan a la capital federal en el día clave en el que el Congreso deberá contar los votos electorales remitidos por los estados, el 6 de enero.
Trump se resiste a lo que muchos, casi diría que especialmente entre los demócratas, esperan que haga: invocar la Insurrection Act y declarar la ley marcial. Podría alegar la orden ejecutiva firmada por él mismo en 2018 contra la injerencia extranjera en elecciones norteamericanas, ahora que parece que el esperado informe del directo de seguridad nacional, John Ratcliffe, confirmará que potencias extranjeras tuvieron algún papel en el supuesto fraude masivo.
Pero las consecuencias podrían ser catastróficas. Por legal que fuera todo, sacar a las tropas para dirimir quién debe ser presidente los próximos cuatro años chirriaría en la conciencia de cualquier americano y se vería desde el resto del mundo como un golpe de Estado, puro y simple, y no como una medida desesperada contra el presunto golpe de Estado demócrata.
Así que solo queda la acción in extremis del Tribunal Supremo -que no parece muy por la labor, a juzgar por su negativa a admitir la demanda de Texas y otros 18 estados contra cuatro estados en disputa- o la ‘elección contigente’ de la que hemos venido hablando en días pasados y que implicaría el rechazo de los votos de los electores y la elección del presidente por la Cámara de Representantes, con un voto por estado y no por diputado.
El riesgo en este caso es que la ventaja de los republicanos sobre los demócratas en una votación así es tan exigua y el aborrecimiento por Trump tan extendido entre las filas de su propio partido que la probabilidad de traición es muy alta. Y aquí es donde entra la llamada de Trump a sus deplorables.
La idea es anegar Washington con una masa de partidarios de Trump tan numerosa y motivada que quite de la cabeza de los republicanos llamados a votar ideas absurdas de traición al presidente.
Los rumores, a los que no damos necesariamente crédito pero que consignamos como noticia en sí mismos, dicen que los jueces federales que han rechazado sin mirarlas todas las demandas presentadas por el equipo de Trump o por ese peligroso ‘verso suelto’ que es el We the People de Sidney Powell actuaron en gran parte movidos por presiones irresistibles, es decir, amenazas puras y duras.
Pero no hace ninguna falta creer en dichos rumores para advertir que la presión mediática sobre jueces nombrados, por lo demás, por Obama, es evidente. El mundo entero ha aceptado la victoria de Biden. ¿Por qué no dejarlo así? El miedo, como ha demostrado hasta la saciedad la actual pandemia de coronavirus, es libre y potencialmente muy útil. Así que parece tonto no hacer ver que este es un juego al que pueden jugar las dos partes, y que no se puede amedrentar a todo el mundo todo el tiempo, por parafrasear a Lincoln.
Mientras, la campaña de Trump, inasequible al desaliento, presentó este pasado domingo una apelación al Tribunal Supremo en la que piden al alto tribunal que revierta la decisión del Supremo de Pensilvania cuando este confirmó la legalidad de la conducta de las autoridades del estado que los abogados de Trump califican de inconstitucional.
La demanda que el equipo de Trump pretende que enjuicie el alto tribunal sostiene que las autoridades de Pensilvania (¿pensilvanas?) vulneraron sus propias leyes durante las elecciones.
En octubre de 2019, la Legislatura de la Mancomunidad de Pensilvania ignoró los mecanismos de garantía diseñados para evitar el recuento fraudulento de votos por correo, alegan, alterando el resultado final como consecuencia de esta negligencia de forma determinante.
Si el Supremo admitiera la demanda, su acción abriría la posibilidad de replicarla con respecto a otros estados en disputa y en una situación similar.
