La segunda ola del covid-19 ha provocado el colapso del precario sistema sanitario del Perú, obligando al gobierno transitorio de Francisco Sagasti (Partido Morado) a imponer una cuarentena total en diez regiones, incluyendo Lima Metropolitana –solo la actividad en Lima equivale al 50% de la economía peruana-, para enfrentar el avance del coronavirus y sus variantes más contagiosas.
Las medidas restrictivas, que iniciaron el 31 de enero y culminarán -a menos que se den extensiones como en la primera ola- el 14 de febrero, incluyen el cierre de centros comerciales, tiendas por departamento, iglesias y centros de culto. Tampoco podrán realizarse actividades deportivas y queda suspendido el transporte terrestre y aéreo interprovincial. También se restringen los vuelos procedentes de Europa y Brasil.
El gobierno peruano, complementando las nuevas medidas para combatir la propagación del virus, ha establecido otorgar bonos de s/600 (135 euros) a 4.2 millones de familias vulnerables en las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena, apoyo tributario a empresas, apoyo alimentario a ollas comunes y comedores populares, y activación de mercados itinerantes, esta última una iniciativa para generar ingresos que beneficien directamente a los productores agrícolas.
Pero la decisión del presidente Sagasti no ha sido bien recibida por muchos peruanos, en especial por los trabajadores independientes, del sector servicio, pequeños empresarios y comerciantes informales que apenas se habían recuperado de la crisis económica producida por los estrictos confinamientos de la primera ola en 2020. Según informes del Instituto de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en el Perú aumentó un 34%, lo que supone que 11.2 millones de peruanos se encuentran afectados económicamente debido a la crisis producida por el covid-19.
Este fin de semana, docenas de manifestantes -que se organizaron a través de eventos por redes sociales- se congregaron pacíficamente en plazas y calles de la capital peruana para protestar contra la cuarentena, el uso obligatorio de mascarillas y las vacunas contra el covid-19. Con pancartas y banderolas, gritaron lemas como “Muera la cuarentena” y “Sin trabajo no hay salud”, ante la atenta mirada de la policía.
El desacato a la cuarentena se ha manifestado desde el primer día. Solo entre el 31 de enero y el 1 de febrero, fueron multadas 5757 personas por circular por las calles sin el pase laboral respectivo o por salir de casa sin la justificación adecuada.
Además, según declaró el ministro de Cultura Alejandro Neyra, 2023 personas han sido trasladadas a los polémicos centros de retención temporal. Los infractores intervenidos no podrán permanecer en estos establecimientos por más de cuatro horas y en ellos se contará con la presencia de personal del Ministerio de Salud (Minsa) para el triaje y descarte de covid-19 a las personas intervenidas.
Hasta el lunes 1 de febrero, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que 13472 personas se encuentran hospitalizadas por el covid-19, de los cuales, 1956 se encuentran con ventilación mecánica. Más de 1 millón de peruanos han sido infectados por el virus y 41354 han fallecido.
La escasez de oxígeno medicinal y la falta de camas UCI para atender a los enfermos graves ha disparado el miedo en la población. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a 94% de peruanos le preocupa que algún familiar se contagie, 89% teme a los efectos de la segunda ola y 87% tiene temor de infectarse.
La pandemia agudiza el desprecio por la clase política y la desconfianza social
Para Sandro Venturo, sociólogo y comunicador, la pandemia ha agudizado el desprecio por la clase política, la desconfianza en el Estado y en el prójimo; factores que, según él, ya existían previamente a la emergencia sanitaria, pero que han destacado debido al contexto. Además, considera que la exposición que han tenido los infractores a las medidas de confinamiento ha incentivado una actitud de recelo en la población para respetar las cuarentenas, pues ven como otros no las cumplen ni el Estado vela por hacerlas cumplir.
“Antes de la pandemia a la gente le quedaba claro que el Estado no funcionaba bien y que la clase política era una porquería, un desastre. Con la pandemia se ha destacado algo que ya existía antes de ella, que no confiamos en el vecino, que no confiamos en el compatriota. No es de ahora. El Perú es uno de los países con más desconfianza social según el Barómetro de las Américas. La pandemia agudiza algo que ya existía, el desprecio por la clase política, la desconfianza en el Estado y la desconfianza en el prójimo. Y debido a que el virus viaja con la gente, las medidas de confinamiento en el Perú y en el mundo lo que buscan es que haya menos contacto entre las personas para bajar el factor de contagio. Pero si uno ve que los demás no las van a respetar, entonces tienen la impresión de que esto nunca va a funcionar por culpa de la gente, por culpa de los conciudadanos. Ya no le echa la culpa al Estado del fracaso de las medidas porque ese fracaso es conocido, habitual, entonces le echa la culpa a la gente. Y ahí creo que el rol de los medios de comunicación ha sido fatal, porque han sido los principales propagandistas de las conductas antisociales, han sido los propagandistas de la anomia social”, asegura.
La crisis económica producida por el coronavirus ha evidenciado -y agudizado- las desigualdades sociales entre las clases medias y los sectores más vulnerables. No obstante, el desacato a la cuarentena ha sido transversal. Venturo considera que esto ha ocurrido porque las medidas del gobierno peruano, imitadas de otras latitudes, no estaban aterrizadas a la realidad nacional: un país altamente informal. Además, cuestiona la actitud del expresidente Martín Vizcarra de haber apelado a un discurso contra la gente en vez de aprovechar sus apariciones televisivas para comunicar las medidas de su gobierno para enfrentar la pandemia.
“Medidas como el confinamiento funcionan a la perfección en Nueva Zelanda, los países nórdicos o Uruguay porque son sociedades pequeñas, de clases medias y Estados fuertes. Las familias tienen la capacidad económica para guardarse y un Estado que puede soportar a quienes no están en la posibilidad de hacerlo bien. En el caso del Perú, por ser una sociedad altamente informal que vive del día a día, esas medidas son más difíciles de acatar. El Estado peruano es débil y su gestión es lenta. Y en esta sociedad informal, que no está acostumbrada a cumplir normas, que vive por los márgenes de la ley, no porque sean criminales, sino porque son informales, todo estaba pintado para que las tácticas que funcionan en otros países aquí funcionen a medias. Encima, los medios de comunicación apelaron a un discurso contra los antisociales. Vizcarra, junto a los medios de comunicación, fue el principal propagandista contra la gente. En sus conferencias de prensa, antes de hablar de los números de contagiados, hablaba de la gente que había sido detenida por infringir la cuarentena. Y esta narrativa enganchaba muy bien con quienes buscaban señalar con el dedo al compatriota, echándole la culpa de todo lo malo al otro. El rol comunicacional del estado ha sido muy deficiente y no ha contrapesado el rol amarillista de los medios de comunicación”, advierte.
Venturo observa que algunas conductas de exclusión, como el racismo o el clasismo, sobre de todo desde los sectores más privilegiados hacia los informales, se han exacerbado debido a la pandemia, pero que no resultan actitudes novedosas.
“Conductas de exclusión en el Perú, como el racismo o el clasismo, son anteriores a la pandemia, pero se han evidenciado durante la cuarentena. Los medios de comunicación te mostraban en sus reportajes las fiestas clandestinas en distritos populares como Los Olivos, pero no en discotecas exclusivas de Asia o Punta Hermosa. Las personas se han indignado con los ambulantes e informales por no cumplir las medidas de distanciamiento social mientras los ricos, los pitucos, se juntaban en reuniones privadas. Cada quien mira en el otro el culpable de la situación, y el clasismo, el racismo, se han exacerbado, pero no es una actitud nueva”, señala.
Según informó Gestión en junio de 2020, tras meses de confinamiento obligatorio, miles de peruanos e inmigrantes venezolanos sin trabajo formal se vieron obligados a abandonar sus casas para buscar ingresos, generando tensión y enfrentamientos con la policía y agentes municipales que buscaban dispersar y desalojar a los ambulantes de las principales vías del centro de Lima y el emporio comercial textil Gamarra. La prensa jugó entonces un penoso rol juzgando y condenando a las personas que desacataban la cuarentena por necesidad.
Ante el fracaso del Estado, a los peruanos solo les queda confiar en ellos mismos
La histórica debilidad de la democracia en el Perú, víctima de golpes de estado y gobernantes populistas -tanto civiles como militares-, ha hecho que muchos autores hablen de una “tradición autoritaria” en el país andino, tradición que se remonta a las guerras de independencia en el siglo XIX y que ha irrumpido, una y otra vez, en la vida política peruana.
Para Carlos Meléndez, PhD en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame e investigador asociado del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (Chile), el estallido de la pandemia del covid-19 activó los “reflejos autoritarios” de los peruanos, quienes no dudaron en aplaudir desde balcones y ventanas el recorte de libertades individuales y las duras medidas de confinamiento dictadas por el expresidente Martín Vizcarra en marzo de 2020, políticas que terminaron quebrando la economía y tampoco impidieron que el Perú se convirtiera en uno de los 10 países con más mortalidad por coronavirus en todo el mundo.
Meléndez cree que, tras un año de restricciones y ante la evidencia del fracaso del gobierno frente a la pandemia -escasez de oxígeno, demora en la compra de vacunas-, la población está cansada de las imposiciones de los políticos y exige que sus libertades sean devueltas.
“La pandemia generó reflejos conservadores, reflejos de miedo, de protección, de demanda de Estado. Son reflejos que intervinieron, no solo en el Perú, también en otras sociedades. Pero creo que ese momento ya pasó. Un sector importante de los peruanos se ha dado cuenta, si es que cabían dudas, que el Estado no va a ser proveedor de soluciones en este contexto, y más bien, estamos en una suerte de movimiento libertario en el cual nadie hace caso, cada quien busca resolver de forma individual sus problemas. La mano dura pandémica ya pasó. Estamos en un momento de búsqueda de soluciones individuales. Eso también tiene sus problemas. Los peruanos somos muy individualistas, y esto no nos permite cooperar en estos momentos donde se requiere construir bienes públicos”, sostiene.
Para el politólogo, fue el exmandatario Martín Vizcarra -destituido por el Congreso por presuntos actos de corrupción- quien mejor supo capitalizar los reflejos conservadores de los peruanos al inicio de la pandemia a través de los “martillazos” (cuarentenas estrictas) y la monopolización del mensaje comunicacional pandémico con sus habituales -y extensas-apariciones en televisión para informar las medidas contra el covid-19. Su sucesor, Francisco Sagasti, no estaría siguiendo el mismo camino.
“Sagasti entiende la importancia de la comunicación, pero no tiene control sobre los mensajes gubernamentales. Y esto lo muestra débil, con una consecuente baja popularidad. No tiene un componente ideológico, una idea fuerza detrás que le permita cohesionar una estructura a su narrativa pandémica. Vizcarra tenía una estructura en su narrativa pandémica que era ‘yo he luchado contra el establishment’, ‘yo he logrado destruir a los corruptos y ahora los voy a proteger en esta pandemia’ [por su enfrentamiento político con Fuerza Popular y el Partido Aprista]. Todo ello era parte de esa estructura narrativa. Sagasti no tiene esta estructura”, afirma.
Volatilidad y fragmentación política
Meléndez considera que, tras la crisis política de noviembre, luego de la destitución de Martín Vizcarra y las protestas multitudinarias contra su sucesor, el expresidente del Congreso Manuel Merino, ha habido actores políticos que han capitalizado beneficiosamente la indignación social, como el Partido Morado.
“Más que Julio Guzmán [líder y candidato presidencial] el Partido Morado logró construirse una marca positiva en el contexto. Una sintonía con la indignación de las clases medias limeñas, con los que se hacen llamar ‘sectores republicanos’. Más importante que Julio Guzmán fue el rol de Daniel Olivares, Alberto de Belaunde, de Sagasti. Hace mucho que un partido político en el Perú no lograba capitalizar un suceso así en términos de marca partidaria. Creo que Julio Guzmán no se ha beneficiado como él hubiese querido. Hoy en día, el Partido Morado tiene mayor reputación que su candidato presidencial. Eso es bueno para los partidos, pero malo para las ambiciones presidenciales de su candidato. Y esta dicotomía, entre una marca partidaria positiva y un prestigio no tan bueno del líder, se origina precisamente en las movilizaciones que hicieron aparecer a un equipo preocupado por la demanda democrática, pero a la vez a un candidato oportunista. Y eso se ve claramente en esta diferencia entre la intención de voto a favor del partido versus la intención de voto a favor del candidato”, apunta.
Para el también socio fundador de 50+1 Grupo de Análisis Político, el Perú, con sus más de veinte candidatos presidenciales, vive un escenario de alta volatilidad e hiperfragmentación política, pareciéndose mucho a las elecciones parlamentarias de enero del año pasado.
“Al igual que el año pasado, vamos a llevar un Congreso hiperfragmentado, un Congreso dividido, un Congreso que no está cohesionado alrededor de sus grupos parlamentarios. La novedad de estas elecciones es que, a los elementos de desafección, se le aumenta la hiperfragmentación. Y en este espacio de hiperfragmentación hay espacio para todos”, asegura.
Cuarentena inteligente
José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y director del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), propone una “cuarentena inteligente”, esto para corregir las medidas que el Gobierno insiste en implementar para combatir el repunte de casos de infectados y fallecidos por covid-19, y que no funcionaron durante la primera ola en 2020.
“Frente a la segunda ola del covid-19, el gobierno insiste en implementar medidas, como la cuarentena estricta, que no funcionaron para combatirlo durante la primera ola. La palabra cuarentena tiene una carga muy negativa y perjudicial para los peruanos, sobre todo para su salud mental. Nosotros proponemos estrategias sanitarias inteligentes, las cuales deben ser perdurables en el tiempo, pues el virus se va a quedar con nosotros y debemos aprender a vivir con él. No podemos paralizar la economía drásticamente, la clase meda se ha empobrecido y el Estado ya gastó sus ahorros. A diferencia del año pasado, tenemos un país y un Estado más pobres. Los que más han perdido han sido los emprendedores, quienes han tenido que sacrificar mucho para poder sobrevivir. Por ejemplo, calculamos que, de aproximadamente 220 mil restaurantes formales, 70 mil han quebrado. Y en estos próximos 15 días de cuarentena más empresas quebrarán”, advierte Beteta, quien se ha reunido con empresarios del sector gastronómico, una de las industrias más importantes del Perú, y que ha sido perjudicada seriamente.
La propuesta de la Asociación de Contribuyentes del Perú consiste en ampliar los horarios de atención de los servicios básicos y actividades permitidas para evitar aglomeraciones, mejorar la oferta de transporte público, evitar intervenciones violentas y desproporcionadas de la policía contra la población civil, permitir la movilización individual en bicicleta sin restricción de tiempo, dividir a Lima en diversas zonas de riesgo, donde cada sector tenga una categoría y restricciones distintas, y descartar el uso de centros de detención temporal para las personas que se encuentren en las calles sin justificación, esto porque se podrían convertir en focos de contagio.
Además, exhorta a que el gobierno haga los esfuerzos para garantizar la provisión de oxígeno, camas UCI y ventiladores, se masifique el testeo molecular de la población, se propicie la cooperación público-privada para la cadena de distribución de vacunas y se promueva el desarrollo de servicios públicos digitales, teletrabajo estatal y reducción de la burocracia.
Para Beteta, además del compromiso que los ciudadanos debemos asumir para evitar la propagación del covid-19, debemos exigir a las autoridades que se transparenten las medidas que el Estado asume en la lucha contra la pandemia y se habiliten herramientas para que la ciudadanía haga seguimiento al proceso de pruebas y adquisición de vacunas.
“Debemos exigir a las autoridades que sean transparentes y eficientes con las medidas que deciden para combatir la pandemia. No debemos olvidar que, si hay un nudo que desatar, otro virus que hay que curar, literalmente, es el Estado, un Estado que en once meses no te puede poner una cantidad de camas UCI, que pone trabas a las donaciones de privados de plantas de oxígeno, que no compra las vacunas a tiempo. Si queremos acabar con esta cultura de desconfianza entre los ciudadanos hacia los políticos y empresarios, hay que transparentar y hacer las cosas bien”, concluye.
