La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha activado el proceso para propiciar el cambio normativo que quería el Gobierno de Pedro Sánchez para meter en la comisión de secretos oficiales a los golpistas de ERC y a los herederos de la banda terrorista ETA (Bildu), que estaban siendo vetados por PP, VOX y Ciudadanos en esta legislatura.
Su entrada ahora es la manera con la que el Ejecutivo quiere apaciguar el enfado de sus socios por el caso Pegasus.
El PSOE no descartó este lunes forzar una rebaja en los requisitos para acceder a información clasificada como secreta. En declaraciones en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, insistió en que la «prioridad» para su formación era que se ponga fin a los «vetos cruzados» que han impedido hasta ahora constituir esa comisión que encarga de controlar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
«Queremos constituirla porque es un espacio necesario para la transparencia de la gestión del Ejecutivo y que se ponga en marcha», dijo el dirigente socialista.
Actualmente, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet.
El cambio propuesto por Batet -y que aprobará en una resolución este martes- se basa en reducir esa mayoría hasta los 176, la mayoría absoluta.
