El Gobierno argentino persigue a empresas y comercios para bajar la inflación

La inflación no da respiro al gobierno de Alberto Fernández, en enero fue 4% lo mismo que en diciembre. La inflación anualizada del último bimestre es de más del 60% según analistas de la Fundación Mediterránea. Algunos periodistas económicos van más lejos y consideran que si se toma el 4,8% de alimentos y bebidas no alcohólicas la tasa anualizada ya es de 75%. En pleno año electoral, el kirchnerismo está muy preocupado, los precios no se desinflan aún con los controles de precios, la actividad reducida por las medidas contra el covid y las tarifas artificialmente congeladas. 

Ante este panorama, el gobierno ha lanzado múltiples señales, llevando a empleados públicos y más de 20000 piqueteros a controlar precios en comercios e instando a denunciar subas: «La inflación es parte de la puja distributiva. No vamos a permitir que los especuladores aumenten los precios, vamos a denunciarlos en la puerta de los hipermercados, no pueden jugar con el hambre de nuestra gente.» sostuvo Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Pero ahora, en su ferviente (y no por ello menos inútil) lucha antiinflacionaria, el kirchnerismo ha hecho una nueva avanzada: La Secretaría de Comercio se encarnizó en estos días con el sector del comercio y volcó su frustración en la clausura de 22 locales y en la elaboraron 79 actas que penalizan a las empresas. Este organismo, a cargo de Paula Español (una importante dirigente de La Cámpora, la agrupación ultrakirchnerista que fundó el hijo de la vicepresidente Máximo Kirchner) imputó a las grandes empresas alimenticias por desabastecimiento, al acusarlas de retener su producción o no entregar productos., 

Según un comunicado publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de Matías Kulfas, se culpa a las empresas «Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización». Es necesario recordar que el gobierno renueva permanentemente su sistema de control de precios por el cual impide a empresas y comercios aumentar sus productos. La resolución 100/2020 dispone que las empresas deben incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, y es el marco legal para la implementación de los PRECIOS MÁXIMOS.

La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) también fiscalizó supermercados e inspeccionó las oficinas de las empresas para evaluar stocks e inventarios de noviembre pasado a enero de este año. Con la incautación de este material, acusaron a Fargo por su stock de ravioles, ñoquis, tapas de empanadas y pan lactal, a Molinos Río de la Plata por sus harinas, productos a base de arroz y aceites, a Unilever por su inventario de aderezos. A Danone le reprochan la disminución de quesos cremas y postres, a Bunge la falta de aceites y a P&G que disminuyó las cantidades de los pañales. También Mastellone (lácteos), Potigian (golosinas), Molinos Cañuelas (alimentos agroindustriales) y Paladini (frigorífico) fueron imputadas. 

El dirigente piquetero, amigo y confidente del Papa Francisco, Juan Grabois celebró la medida del Gobierno de sancionar a las grandes empresas de alimentos por generar desabastecimiento. «Hoy Alberto se levantó combativo y con ganas de defender al pueblo. La Secretaría de Comercio hizo lo que tenía que hacer. Hay que intimar a las grandes empresas monopólicas argentinas a que dejen de especular de una manera abierta y pornográfica como están haciendo» y agregó «Algunas cosas pareciera ser que empiezan a acomodarse frente a un pueblo que está pidiendo por favor que se cumpla el contrato electoral que es defender a los de abajo», concluyó Grabois.

También Pablo Moyano, líder del sindicato más poderoso de Argentina: Camioneros, se mostró a favor de la medida del Gobierno. «La decisión del gobierno me parece perfecta. Estas empresas tienen que ser castigadas», dijo el gremialista.

El problema es que la emisión monetaria argentina es la más grande de los últimos 30 años. Agregado a esto, el aumento del gasto frente a las medidas contra el COVID-19, la caída de la recaudación y la falta de acceso al mercado de deuda, dejan al Gobierno con un único camino para conseguir fondos: emitir dinero. Iván Cachanosky, Economista Jefe en la Fundación Libertad y Progreso ha declarado que: “El gobierno continúa tomando medidas de parches en lugar de soluciones de fondo”, dijo en relación con los controles de precios. “También se cuestionó que el aumento de prepagas sea menor y se debate si dar marcha atrás o no con el incremento de tarifas. Todo esto, en un contexto de año electoral” analizó y agregó que “se ve claramente el tironeo entre el FMI, que le sujeta el brazo a Guzmán (Ministro de Economía) para que reduzca el déficit fiscal en el 2021, y el ala kirchnerista de la coalición gobernante, que le tira del otro brazo para patear todos los ajustes para después de las elecciones” concluyó.

El gobierno no puede permitirse este nivel de alza de la inflación. Para mayor descontrol, el lunes YPF la compañía petrolera estatal, anunció el quinto aumento de los combustibles en lo que va del año. Desde que asumió Alberto Fernández los combustibles aumentaron 12 veces, alcanzado una suba total de casi un 40% por litro de nafta. Haciendo malabares para comunicar lo incomunicable, el diario oficialista Página12 titulaba así el aumento: YPF volvió a mover los precios de sus naftas. Fuentes de la compañía aseguraron que  fue un “reordenamiento del último aumento» para achicar la brecha de precios con la competencia. En algunos lugares bajó los precios. (https://www.pagina12.com.ar/324021-ypf-volvio-a-mover-los-precios-de-sus-naftas)

Para colmo, trascendió que se esperan nuevos aumentos para marzo. El aumento de los combustibles necesariamente empujará el resto de los precios. Esto sumado a la emisión descontrolada seguirá aumentando la inflación. Pero el kirchnerismo no entra en razones. Culpa a empresarios y manda a militantes políticos y a organismos adictos a presionar cuerpo a cuerpo sobre los comerciantes. Como aquel rey demente que en su frustración, mandaba a azotar al mar.