El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha enfatizado que el Estado no permitirá el «paro armado» de tres días a partir de este miércoles anunciado por el grupo terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se ha preguntado a quién «le hacen el favor» con esta acción a menos de un mes de las elecciones legislativas.
«No vamos a permitir que algunos que quieran generar acciones de temor lo hagan, esto quiere el ELN, no es que lo hagan porque sí, lo hacen porque estamos a veinte días de las elecciones. Es algo ‘politiquero’, nos preguntamos a quién le hacen el favor», ha señalado el ministro Molano en un diálogo para Caracol Radio.
El pasado fin de semana el ELN anunció un «paro armado» a partir del 23 de febrero hasta el 26 de ese mismo mes para protestar contra el Gobierno del presidente Iván Duque.
Molano ha querido tranquilizar a la población, aclarando que en todas las regiones del país hay presencia de las fuerzas del orden públicas y que se permitirá la libre circulación de mercancías y personas. En aquellas con presencia «específica» del ELN, el Estado, ha dicho, reforzará sus efectivos. El ministro Molano ha vuelto a responsabilizar al régimen chavista de Venezuela de generar este problema.
«Todo lo que pasa en Arauca se origina en Venezuela», ha dicho Molano en referencia a la convulsa región fronteriza en la que estos grupos se disputan los cuantiosos réditos que ofrecen las rutas del narcotráfico y de otros mercados ilegales, como el de materias primas.
En paralelo a estas declaraciones del ministro de Defensa colombiano, la Defensoría del Pueblo ha alertado de la posibilidad de que la guerrilla del ELN, así como otros grupos armados, como el paramilitar Clan de Golfo, interfieran en el proceso electoral en algunas partes del país, como en el departamento de Cesar.
De acuerdo con la denuncias que ha recibido la Defensoría, guerrilleros y paramilitares podrían «interferir con amenazas e intimidaciones a comunidades, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, mujeres, comunidades indígenas y antiguos combatientes».
En algunas regiones como Valledupar, Codazzi, La Paz y Pueblo Bello –incluidas en las circunscripciones de paz– «se deben extremar las medidas» para quienes aspiren a ocupar uno de los 16 escaños reservados en el Congreso a las víctimas de la violencia interna, como parte de los acuerdos de La Habana de 2016.
