Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), ha sellado un pacto polémico con los productos de hoja de coca -principal insumo para la fabricación de cocaína- del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona controlada por el narcotráfico y los remanentes terroristas de Sendero Luminoso, reagrupados en el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).
De acuerdo con una investigación del diario El Comercio, Soberón, exasesor de organizaciones cocaleras designado en Devida por la ex premier Mirtha Vásquez -activista antiminera y militante del Frente Amplio-, anunció el pasado jueves 17 la ejecución del “pacto social ciudadano”. Mediante este “pacto”, el Gobierno del comunista Pedro Castillo permitirá, presuntamente, que los agricultores reduzcan de forma voluntaria los espacios destinados al cultivo de hoja de coca.
Este compromiso fue expuesto por el titular de Devida ante los dirigentes de la Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), organización que demanda al Estado peruano la cancelación total de la erradicación de cultivos de hoja de coca en el país y la expulsión de la agencia Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), la cual financia programas de desarrollo alternativo.
Cabe recordar que, en noviembre de 2021, la dirigencia de Fepavrae, que representa a más de 20 mil agricultores de 14 distritos de las regiones Cusco y Ayacucho, celebró la designación de Soberón en Devida. En un comunicado, el gremio señaló que él era “un permanente aliado de las organizaciones cocaleras por la justa defensa de la hoja de coca”.
En ese pronunciamiento, los productos de hoja de coca recordaron al Gobierno la promesa del cese inmediato de la erradicación en el ámbito nacional y la legalización de la coca: “Planteamos al presidente Castillo y al Dr. Soberón seguir la agenda de la coca”.
El modelo boliviano
Un punto clave del denominado “pacto social ciudadano” con los cocaleros propuesto por el Gobierno de Castillo es la desactivación de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), compañía estatal creada en 1949 que tiene el monopolio legítimo en la comercialización y derivados de la hoja de coca.
“Hay un sistema contra la coca, el Estado que ha recibido el presidente [Castillo] es anticoca, pero él ha venido y ha señalado el compromiso que tiene”, manifestó Soberón en el evento referido
En una radio local en el Vraem, el jefe de Devida también precisó: “Si queremos liquidar Enaco, se nos abre dos posibilidades: pedimos facultades legislativas para reformar este paquete y mejorar la lucha contra el narcotráfico o presentamos un proyecto de ley y que el Congreso se encargue de producirlo”.
Soberón también mencionó el apoyo del congresista izquierdista Guillermo Bermejo -imputado por presunta afiliación terrorista-, quien ya presentó un proyecto de ley que apunta a la industrialización de la coca, en sintonía con la Ley General de la Coca, creada por el expresidente boliviano Evo Morales, quien mantiene estrechos lazos con Pedro Castillo y visita el Perú periódicamente.
Según información de El Comercio, Fepavrae ha señalado que trabajará con el legislador “Bermejo y el expresidente Evo Morales en defensa de la coca y de la soberanía nacional”.
Industrializar la hoja de coca
En octubre de 2021, funcionarios de alto nivel involucrados en el Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal, alertaron que el entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela, informó a la Administración de Control de Drogas (DEA) que los operativos de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en el Vraem quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.
Esta decisión coincidió con el anuncio de Castillo de industrializar la hoja de coca durante la inauguración del Cite Industrial (Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica) en la localidad de Pichari, provincia del Cuzco, ubicada en el Vraem.
Castillo planteó en esa oportunidad la industrialización de los productores de hoja de coca, así como cambios en Enaco y Devida, cambios que estarían definiéndose meses después con este “pacto social ciudadano”.
“El proyecto también tendrá luz verde, no solo ante el Congreso, sino desde el despacho, para que la hoja de coca no solo se industrialice, sino que se impulse el verdadero desarrollo con los compañeros cocaleros. Las cosas que hay que corregirlas, con Enaco y con Devida, tenemos que corregirlas”, anotó en esa oportunidad.
Complicidad con el narcotráfico
Para el coronel (r) Juan Carlos Liendo, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú (SIE), la promesa de Castillo de industrializar la hoja de coca es un mensaje para los productores de clorhidrato de cocaína, traficantes y el crimen organizado internacional, de que en el Perú se liberaliza y promueve esta materia prima.
“No tenemos ningún ejemplo de industrialización en las zonas donde se cultiva hoja de coca que no sea aquella que se convierte en pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína. La única deducción lógica que puede darse de una posible industrialización de la hoja de coca es que sirva para el negocio de la droga. El anuncio de Castillo de industrialización de la hoja de coca es un mensaje para los productores de clorhidrato de cocaína, para los traficantes y para el crimen internacional organizado. Les están diciendo que aquí se detiene la erradicación de hoja de coca, se abre el mercado y se promueve la industrialización, que no es otra cosa que la transformación de esta materia prima a clorhidrato de cocaína. Ese es el único mensaje que se puede entender, lo demás es una narrativa emocional, sin sentido”, advierte.
Aliado de los cocaleros
Ricardo Soberón, excandidato del Frente Amplio al Congreso, abogado y opositor a la política de erradicación de cultivos de hoja de coca, ya ocupó la presidencia de Devida en 2011, permaneciendo en el cargo durante cinco meses.
Cercano a los productores de hoja de coca -denominados coloquialmente en el Perú como cocaleros-, fue cuestionado por sus declaraciones durante el VIII Congreso Cocalero, celebrado entre el 22 y 24 de enero de 2010, donde aseguró que la erradicación de estos cultivos era “inconstitucional, injusta y arbitraria”.
Soberón también trabajó como asesor de la excongresista Nancy Obregón, que pasó 37 meses en prisión acusada de tener nexos con el terrorismo y el narcotráfico.
