La atención del público en Bolivia está puesta enteramente en la coyuntura de más corto plazo, que son las elecciones departamentales y municipales de este próximo 7 de marzo, pues el Tribunal Supremo Electoral está inhabilitando candidatos opositores con dudosos y discutibles argumentos, mientras la oposición no ha exige la depuración de un padrón electoral ni se organiza para realizar control electoral.
Sin embargo, los problemas de la economía –también de corto plazo– no se han desvanecido y merecen igual o incluso mayor atención.
Durante las últimas semanas se han vuelto aplicar las mismas políticas de sustitución de importaciones que el Movimiento al Socialismo aplicó desde 2006. Se ha vuelto a la política de cupos de exportaciones, bandas y controles de precios, con ella han vuelto también los problemas que ilustraban las principales causas de agotamiento del modelo y, por tanto, la necesidad ya casi urgente de realizar ya no sólo ajustes, sino además reformas estructurales.
Como se puede observar en la siguiente ilustración –aunque lo hicieron a niveles demasiado bajos– durante 2020 las Reservas internacionales Netas del Banco Central de Bolivia continuaron con su caída sistemática desde 2014, y volvieron a sufrir un período de declinación a partir de octubre de 2020 –alrededor de las últimas elecciones generales– hasta encontrar mínimos de 2007.
Peor aún, cuando se observa el nivel de la parte más líquida de las reservas, es decir, las divisas que permitirían al BCB cumplir con su rol de prestamista de última instancia ante cualquier eventualidad, se encuentra en peligrosos niveles de mediados de entre 2005 y 2006.
De manera más concreta, no se entiende que, cuando hoy se observan los mismos problemas de liquidez que desde 2017 –ya no sólo en el sector bancario y financiero, sino además en el Sector Público No Financiero (SPNF)–, el gobiernio simultáneamente vuelva a lesionar la dinámica de la exportación de soya, que justamente aliviaría la mencionada falta de liquidez.
En este sentido, la mejor manera de recuperar reservas es atrayendo capital privado internacional para que invierta en el país y exporte al mundo –lo cual implica contar con la mayor flexibilidad laboral y productiva posible, además de un Estado de Derecho sólido–. Desde luego, esto no sucederá pronto.
Otra manera de hacerlo relativamente más rápido -aunque también es lo menos recomendable- es mediante el incremento de la deuda pública externa, ya sea mediante la contratación de algún crédito bilateral o multilateral, o mediante la emisión programada de bonos soberanos por $3.000 millones en mercados internacionales. Sin embargo, el tiempo pasa y no se tienen novedades sobre dicha emisión, a pesar de la urgencia que la coyuntura demanda.
Y finalmente, queda la opción de simplemente esperar a que la cotización internacional de materias primas favorezca las exportaciones de gas y minería como hasta 2013 y que todo se solucione como por arte de magia. No obstante, YPFB está reduciendo su capacidad para producir y exportar gas a Brasil y Argentina a un ritmo alarmante, así como las principales mineras del Estado también reducen su capacidad de producción pero no por las adversidades provocadas por la pandemia, sino “por mala administración”.
Pues, lamentablemente, vulnerando la Ley Marco de Autonomías, recientemente el Gobierno retuvo recursos a la Gobernación de Santa Cruz, que bien podrían servir para seguir encarando la crisis sanitaria de uno de los departamentos con mayor población y, por tanto, mayores cifras de contagio y fallecidos por Covid-19 del país.
Igualmente, y sin entender en absoluto sobre, por ejemplo, las ventajas de la división internacional del trabajo de David Ricardo de 1817 (la cual demuestra que exportar solamente aquellos excedentes que quedan luego de satisfacer la demanda interna es simplemente falaz), el pasado viernes 26 de febrero, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) redujo el límite a las inversiones que la banca puede realizar en el exterior, de 15% a 10% de su capital regulatorio, en vez de liberar las exportaciones del sector no tradicional que justamente permitirían recuperar las reservas del BCB y, por tanto, reducir un creciente riesgo sistémico para el sector bancario y financiero.
Desde luego, una vez que no se solucionan los problemas de raíz con ajustes y además reformas estructurales orientadas a la flexibilidad productiva y la apertura comercial, más aún en tiempos de profunda crisis y profunda incertidumbre, este tipo de medidas desafortunadas podrían degenerar más tarde en repatriaciones forzosas de capital privado, o medidas más estrictas y severas de controles de precios a bienes y servicios de exportación. Incluso podrían significar el inicio de un severo control de capitales, que solamente recaen en la propia capacidad de mejorar su condiciones de vida incluso en el más corto plazo.
