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TRAS AÑOS EN LOS QUE SE PRIORIZABA AL DELINCUENTE

Ecuador trata de salvaguardar con un proyecto de ley el derecho de los policías a la legítima defensa

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Europa Press

Triunfar sobre el socialismo en las urnas implica no solo un cambio político y económico, sino también a nivel judicial. Cuando en un país hay división de poderes la justicia puede actuar libremente. En el caso de Ecuador, va quedando atrás la corriente «garantista» que priorizaba al delincuente sobre la víctima y se va restituyendo de manera progresiva las funciones de las fuerzas del orden.

En este contexto y por medio de un comunicado, la Fiscalía anunció el viernes 25 de febrero, que el policía Marco Parra será procesado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y ya no por homicidio, como se planteó inicialmente. «Al reformularse los cargos, la instrucción fiscal tiene un plazo de treinta días más (vigentes desde este jueves 24), tiempo en que Fiscalía determinará si existen méritos o no para acusar al uniformado», señala el remitido público.

Dicho uniformado protagonizó un polémico caso en el que habría actuado en legítima defensa al matar al ladrón que le disparó durante un asalto a un restaurante donde el policía estaba comiendo.

Un juez de Quito aceptó reformular de cargos propuesta por la Fiscalía contra Marco Parra que abatió al ladrón el sábado 15 de enero del 2022. Mientras comía en el barrio de Cotocollao en la capital, dos sujetos con armas de fuego entraron a robar al restaurante. Perdió la vida uno de los delincuentes tras herir al agente.

Como Parra es oriundo de Tulcán, ciudad al norte de Ecuador, hubo manifestaciones a su favor que exigían su liberación. También en Quito, el lugar de los hechos, hubo marchas en defensa del Parra, tanto por su accionar como la indignación que causa la persecución a un policía por defender a la comunidad.

Lasso respalda a la Policía

Para lograr una reforma que proteja a la Policía Parra dio su testimonio ante la Asamblea Nacional, todo ello como parte de la iniciativa del Gobierno de Guillermo Lasso, que presentó la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Contrario al periodo en el que el Ecuador estuvo bajo el socialismo del siglo XXI (que dejó a los policías en una posición de indefensión e incluso los criminalizó por hacer su deber), el Gobierno de Lasso pretende restituirlos, y así garantizar no solo la seguridad de los uniformados, sino la de la propia sociedad civil que no tendrá que ver a las fuerzas del orden titubear ante una amenaza inminente.

El proyecto de ley permite el uso progresivo de la fuerza a los agentes policiales y propone mecanismos legales para protegerlos. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, entregaron el proyecto de ley a la Asamblea. Lasso firmó el proyecto de Ley «con el fin de fortalecer la labor de la fuerza pública».

«Siempre estaré del lado de la fuerza pública que actúa con responsabilidad. Respaldaremos al sargento Marco Parra en su proceso técnico», dijo Lasso tras el tiroteo, y ha mantenido la misma postura en el tiempo. En su momento, el primer mandatario ecuatoriano asistió al entierro de un policía abatido.

Hizo estas declaraciones un día después que otro policía, Santiago Olmedo, era condenado a tres años y cuatro meses de cárcel por matar a dos delincuentes armados en medio de un robo, luego que intentaron robar a un menor de edad. Olmedo aún no ha sido detenido, ya que todavía está en la primera apelación para evitar su detención. Al igual que Parra, también se le acusa de haber cometido el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

De acuerdo a la base de datos de la Dirección de Defensa Institucional de la Policía Nacional, hasta enero del 2022 139 uniformados estaban bajo investigación por actos de servicio en 50 procesos penales entre 2016 y 2022. Si logra pasar el proyecto de ley que garantizaría a la Policía protección legal en caso de legítima defensa, serán cada vez menos policías procesados por cumplir su deber.

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