“Nosotros, el pueblo”. Esas fueron las tres palabras que cambiaron la forma de ver el gobierno a partir de la Revolución Americana y que quedaron plasmadas en la Constitución de los Estados Unidos. Fueron tres palabras a partir de las que se dejó claramente establecido que es el pueblo el que tiene que decirle al gobierno lo que tiene permitido hacer, y no al revés.
Casi todo el resto de constituciones alrededor del mundo están abocadas a decirle al pueblo cuáles son sus privilegios. Esa no es una novedad, pero aún así existe un concepto claro respecto de lo que es una democracia liberal, el Estado de Derecho, el equilibrio e independencia de poderes, la democracia representativa.
Es decir, si de algo tendría que servir una Constitución, es para que el pueblo tuviera mecanismos concretos para defender sus derechos fundamentalesfrente a la tentación totalitaria de los gobernantes. Las constituciones son, básicamente, para defenderse del Estado.
Sin embargo, fue a partir del rearme del socialismo en Iberoamérica luego de la caída del Muro de Berlín, y bajo el comando de Hugo Chávez en Venezuela, que se empezaron a elaborar nuevas constituciones por toda la región que borraron de un plumazo todo atisbo de democracia liberal y donde el poder Legislativo y el Judicial terminaron en manos del Ejecutivo.
Antes de esto nada era una taza de leche tampoco. Sin embargo, si antes hubo problemas en este sentido, esta ola de reformas estructurales agravó la situación de manera considerable. Ahora, con Gabriel Boric en el poder, incluso Chile, que tenía, claramente, una fortaleza institucional relativa mayor en la región, acaba de embarcarse en el mismo camino funesto. Ya habrá momento para abordar este problema.
Los problemas se incrementaron a través de mayor intervención estatal sobre la vida cotidiana de cada ciudadano, con más y más normas regulatorias, mayor capacidad confiscatoria, mayor gasto y endeudamiento estatal y, a fin de cuentas, cada vez más poder en manos del gobernante de turno y cada vez menores libertades individuales.
En un principio estas reformas no muestran el verdadero rostro y objetivo totalitario de los regímenes típicamente socialistas. Por eso pasan desapercibidas por la generalidad de la población. Estos regímenes incluso se muestran como moderados en un principio, manteniendo la fachada democrática e institucionalista.
El régimen de Evo Morales y el MAS en Bolivia logró esto. Por ejemplo, mantuvieron instituciones como la Defensoría del Pueblo, que fue creada en 1994 (pleno auge de la malvada era neoliberalismo), para velar por los Derechos Humanos en el país frente al Estado, pero más tarde su espíritu fue menoscabado.
Una clara ilustración del deterioro de tan importante institución fue el hecho de que alguien como Ana María Romero de Campero, quien solía tener una importante influencia intelectual política en el ámbito de la defensa de los DDHH, terminó ejerciendo la presidencia del Senado por el MAS y a invitación del propio Evo Morales, luego de haber sido la primera Defensora del Pueblo. Fue una decisión altamente polémica, que manchó su amplia trayectoria y de la que Romero nunca pudo redimirse hasta su fallecimiento en 2010.
Fue probablemente a partir de aquel momento que la Defensoría del Pueblo en Bolivia perdió toda credibilidad, muy poco tiempo después de su creación, si es que ya no había sido al menos cuestionada con la crisis que el país atravesaba con el acoso permanente de Morales y sus cocaleros en el Chapare, y los movimientos mineros del Altiplano liderados por el entonces aliado del MAS Felipe “el Mallku” Quispe.
Por la Defensoría del Pueblo también han pasado hombres cuyo desempeño ha sido destacable frente a los atropellos del MAS, como Waldo Albarracín o, de manera más reciente, Rolando Villena, que fueron perseguidos y acosados permanentemente por el régimen de Arce.
Sin embargo, esta importante entidad ha sufrido una serie de interinatos sin mayor relevancia, pero entre ellos destaca el de la actual titular Nadia Cruz, que lleva 3 años récord de inadmisible interinato, y que, como no podía ser de otra manera, no sólo guardó silencio cómplice frente a al menos 10 hechos que apuntaban directamente al MAS, sino que se ha pronunciado incondicionalmente en su favor en más de una oportunidad como una aberrante Defensora del Estado.
Entre estos 10 hechos concretos se puede destacar que, durante la primera semana de agosto del 2020, cuando gobernaba Jeanine Áñez, y durante la primera ola de la pandemia, organizaciones del MAS bloquearon el paso de oxígeno para hospitales en carreteras troncales por la convocatoria de elecciones, acción que, según el gobierno transitorio, se tradujo en el fallecimiento de más de 40 personas que estaban en terapia intensiva, muchas de ellas contagiadas con Covid-19.
Asimismo, Cruz también guardó silencio cómplice el 28 de octubre del 2021, cuando un grupo de 17 personas (empresarios, trabajadores agropecuarios, periodistas, coroneles y sargentos de policía entre ellas) fue emboscado, secuestrado y golpeado durante siete horas por un grupo irregular armado en Las Londras (Santa Cruz).
Ahora mismo la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se encuentra debatiendo –o protagonizando grescas, mejor dicho- por la designación de un nuevo titular para la Defensoría del Pueblo. Siendo que lo tienen impedido de acuerdo a ley (es decir, no pueden haber militado en ningún partido político para postularse o ejercer el cargo) se han presentado diversos personajes funestos del MAS como Lidia Patty, ex diputada del MAS y principal querellante contra la expresidenta Jeanine Áñez, o Jesús Vera, quien además de ser también militante del MAS, tiene una orden de aprehensión por el incendio de 60 buses de la Alcaldía de La Paz ante la renuncia de Morales a finales de 2019.
No obstante, el objetivo del MAS es ratificar a Nadia Cruz en el cargo, aparentemente, con el propósito de que se siga ignorando el avance del Estado en manos del aparato delictivo del MAS, encima de las libertades individuales y derechos de la ciudadanía. De hecho, todo esto sucede mientras el edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) en La Paz, amanece vandalizado y con mensajes de amenaza en contra de Amparo Carvajal, su presidenta.
Carvajal ya ha sufrido antes las virulentas agresiones del MAS, sus militantes y funcionarios públicos. Por ejemplo, en agosto de 2021 intentaron tomar las instalaciones de la Apdhb por la fuerza, y hace apenas un par de semanas la agredieron por participar en una concentración pacífica que recordaba el referéndum de 2016 impidió la repostulación y relección indefinida de Evo Morales y García Linera. Desde luego, estos son nuevos hechos sobre los que la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Cruz, también guarda silencio cómplice, y es de esperarse que, indistintamente de lo que la oposición sea capaz de lograr en la ALP, el MAS, bajo el régimen de Arce, logre imponerse como lo ha hecho sobre todo desde la nueva Constitución de 2009, que sustituyó la institucionalidad de una República por la barbarie del Estado Plurinacional, para seguir con el avance comunista en la región.
