El Tribunal de Cuentas ha decidido ahora aceptar los avales propuestos por la Generalitat para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a exaltos cargos y funcionarios separatistas investigados por los gastos realizados para organizar el referéndum ilegal del 1-O y para la promoción del golpe secesionista en el extranjero.
Los excargos afectados por esta decisión, entre los que se encuentran el expresidente fugado de la Justicia Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y el expresidente Artur Mas, entre otros, evitan de esta manera el embargo de sus bienes, que ya había sido acordado por la instructora pero que nunca llegó a ejecutarse.
El fallo de este lunes, indican fuentes del tribunal, va en contra del criterio que siguió en octubre de 2021 por la delegada instructora Esperanza García Moreno, cuando rechazó los 28 avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dependiente de la Generalitat, presentados para cubrir su parte de la fianza. La votación ha dividido a la sala, y de hecho cuenta con un voto particular contrario a la decisión.
La delegada instructora en octubre señalaba que «atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público», y a la interpretación de las normas jurídicas conforme al artículo 3 del Código Civil, «el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado».
En el marco de su argumento, citaba también el Régimen Jurídico del Sector Público, que «no contempla que se pueda proceder, en ningún caso, a dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».
Es preciso señalar que los 9,4 millones de euros de fianza que se impuso a los procesados por su responsabilidad contable en el golpe separatista corresponden a dos grandes partidas: 5,4 millones de euros por el dinero público que derivó la Generalitat a la promoción exterior y los 4,1 millones de euros de fondos públicos que gastó en organizar y celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.