Si de algo sirvió el juicio que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se le siguió a Juan Antonio Hernández Alvarado, mejor conocido como “Tony” Hernández —además de declararlo culpable y sentenciarlo a cadena perpetua— fue para demostrar cómo el narcotráfico y el lavado de dinero se han instaurado en Honduras y han convertido a la nación centroamericana en un narcoestado en manos de una organización criminal.
Durante el proceso judicial salieron a la luz, no solamente los delitos cometidos por el acusado, sino por todo el clan familiar, incluido al propio presidente constitucional, su hermano, Juan Orlando Hernández. Igualmente, pudo apreciarse el libre accionar de los grupos delictivos en el país hasta convertirlo en un “paraíso” para los carteles de la droga que han encontrado en el territorio hondureño un centro de conexión de las rutas latinoamericanas del narcotráfico rumbo a los Estados Unidos.
Y es que en el estrado del tribunal quedó en evidencia la naturaleza del gobierno hondureño y sus conexiones con distintos tipos de delitos y su proceder irregular, al extremo de convertirse en agente activo de la criminalidad. No se trata de señalamientos alegres lanzados al calor del debate político, sino de acusaciones emanadas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la Fiscalía. Fue durante el juicio del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, al momento de las declaraciones de apertura ante el jurado, cuando el fiscal Jacob Gutwillig aseguró que el país centroamericano se había convertido en un “narcoestado” con fuerzas de seguridad y políticos, entre ellos el presidente de la república, trabajando con narcotraficantes para llenar de cocaína a los Estados Unidos. “El acusado fue una parte fundamental de un narcoestado hondureño”, aseguró un representante de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.
El señalamiento venía de uno de los ejes del gobierno estadunidense, el sistema de justicia que, junto a la DEA, el Departamento de Estado y el Comando Sur, se abocó a investigar y a diseñar una estrategia para combatir las actividades que se instauraron en Honduras e hicieron de la nación centroamericana un corredor, una plataforma de encuentro y cruce de caminos del tráfico de drogas que, proveniente de Sudamérica, tiene como destino los Estados Unidos.
El Departamento de Estado estimó que en 2019 pasaron por Honduras alrededor de 120 toneladas de droga. Con base a estos cálculos, un estudio de InSight Crime “estima que la renta anual de la cocaína bien puede llegar a los cientos de millones de dólares, que compiten con lo que produce cualquier rubro exportador hondureño”.
Ahora bien, para hacer las afirmaciones que hace, la fiscalía se sustentó en un documento fechado el 8 de enero de 2021 en el que se afirma que el narcotraficante Geovanny Daniel Fuentes Ramírez se reunió con JOH y le pagó decenas de miles de dólares para obtener protección contra los organismos de seguridad y apoyo militar para sus actividades de tráfico.
También organizaciones civiles hondureñas sostienen que Honduras es un narcoestado y lo hicieron a través de un documento en el que exigen la salida de Juan Orlando Hernández de la presidencia.
InSight Crime se suma a estos señalamientos a través de una investigación que le permitió establecer los nexos entre el Partido Nacional y el hampa hondureña. “El partido que ha gobernado Honduras desde 2010 se ha convertido en una federación que acoge a políticos y funcionarios involucrados en empresas ilícitas, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos”.
Artífice del narcoestado
Entre los artífices de ese narcoestado se encuentra Juan Antonio Hernández Alvarado, quien igualmente era un engranaje importante de la empresa criminal a cargo del oscuro negocio.
En tal sentido, el proceso judicial en su contra —en el cual resultó condenado el 18 de octubre de 2019 y, finalmente, sentenciado el 30 de marzo de 2021 a cumplir cadena perpetua— determinó que Tony Hernández “jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado. Durante un período de 15 años, Hernández fabricó y distribuyó al menos 185.000 kilogramos de cocaína que se importó a Estados Unidos. Hernández estaba al mando de miembros fuertemente armados del ejército hondureño y de la Policía Nacional de Honduras; vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunas de las cuales obtuvo del ejército hondureño; controló laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras; aseguró millones de dólares en ingresos provenientes de la droga para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017; y ayudó a causar al menos dos asesinatos. Hernández ganó al menos 138.5 millones de dólares a través de sus actividades de tráfico de drogas, dinero que se le ordenó perder en relación con la sentencia (…)”.
No es el rol de un mediador el jugado por el hermano del actual presidente hondureño, sino uno protagónico que habría convertido al clan en toda una organización que ha hecho de lo ilícito su modo de moverse en el poder.
El castigo recayó, por tanto, no en un novato, sino en el profesional del narcotráfico, en un auténtico criminal que, de acuerdo a los resultados de la investigación que fueron ratificados en el juicio, se inició en 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a importantes narcotraficantes hondureños. Se determinó que Tony Hernández ayudó a que Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo», y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias «Don H”, pudieran distribuir alrededor de 140.000 kilogramos de cocaína.
Señalaron los documentos judiciales, que ya para 2008 Hernández Alvarado había expandido sus actividades criminales, las cuales ya no se limitaban al suministro de información a otros narcotraficantes, sino que él mismo fabricaba en un laboratorio ubicado cerca de El Aceitico, Colombia, su propia cocaína, la cual distribuía con su sello personal “TH” en los envoltorios.
Para esa época se asoció con Amílcar Alexander Ardón Soriano, narcotraficante y exalcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional. De boca de Ardon Soriano, convertido en testigo cooperante, se conoció en el juicio que junto a Hernández obtuvieron protección contra la investigación, el arresto y la extradición a través de sobornos masivos pagados a políticos de alto rango, incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
Cuando Juan Orlando Hernández fue nombrado presidente del congreso a principios de 2010, Tony Hernández, Ardón Soriano las actividades de narcotráfico continuaron con sus co-conspiradores, entre ellos un primo que se desempeñaba como integrante de Policía Nacional de Honduras, de nombre Mauricio Hernández Pineda. Este último suministraba protección a la par del amparo que, además, brindaba el Partido Nacional para seguir transportando enormes cantidades de cocaína.
En 2013, cuando Tony Hernández desarrollaba su campaña electoral para el Congreso y su hermano, Juan Orlando Hernández, la hacía para alcanzar la presidencia de la república, este último habría solicitado 1,6 millones de dólares en ganancias de la droga de Ardón Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional. También aceptó 1 millón del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias «Chapo», para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández.
Entre 2015 y 2017, siendo Tony Hernández congresista y JOH presidente de Honduras, siguieron incursos en la industria del narcotráfico, obteniendo grandes sumas de ganancia, de las cuales una parte la destinaban a las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes.
Las investigaciones judiciales determinaron que para 2018, Tony Hernández seguía participando en grandes cargamentos de cocaína con Nery López Sanabria, otro importante narcotraficante hondureño, el cual fue apresado con relación con un incidente de tránsito en el cual se encontraron, entre otros hallazgos, varios libros de contabilidad de drogas en un compartimiento secreto de su automóvil. Uno de los libros de contabilidad tenía la etiqueta “Trabajo duro” 2018 y reflejaba un envío de cocaína de 650 kilogramos con Hernández Alvarado y, al menos uno de los otros libros de contabilidad incautados, contenía referencias a «JOH», iniciales utilizadas por Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en una prisión hondureña, poco después de que se presentaran sus libros de contabilidad de drogas en el juicio de Hernández.
Todo deja ver que, ni inocente, ni inexperto, en la industria del narcotráfico resultó ser Tony Hernández.
Armas, muertes y mentiras
Pero la condena y sentencia de Tony Hernández no se limitó a sus operaciones de narcotráfico, sino que también contempló la posesión de armas de fuego para operar sus negocios de narcotráfico y haber mentido a las autoridades estadounidenses.
Se estableció en el proceso judicial que Hernández Alvarado utilizó armas de fuego durante todo el tiempo que se dedicó al narcotráfico, las cuales incluían un AR-15 modificado, una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández, y una ametralladora de cinta M60. Se determinó que el hoy sentenciado igualmente vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes.
Sus actividades estuvieron cubiertas de sangre, toda vez que coordinó al menos dos asesinatos relacionados con las drogas. Uno en 2011, cuando junto con Ardon Soriano provocaron el asesinato de Franklin Arita, un narcotraficante rival. El otro en 2013, cuando trabajó con otros narcotraficantes, incluido Ardon Soriano, para asesinar a un narcotraficante conocido como “Chino” ante la creencia de que este podría cooperar con la policía.
Tony Hernández obstruyó la justicia cuando emitió declaraciones falsas a las fuerzas del orden y a la Corte durante el curso de esta investigación y procesamiento. Tales mentiras las dijo en 2016 cuando viajó a Estados Unidos y habló con las autoridades sobre sus actividades de tráfico de drogas; igualmente hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una audiencia de fianza en enero de 2019; hizo que se divulgara información confidencial de testigos en Honduras en violación de una orden de protección en octubre de 2019; y emitió declaraciones falsas sobre sus activos durante una solicitud de abogado designado en febrero de 2020.
La organización criminal
El entramado criminal de Tony Hernández involucraba a varios miembros de su familia, entre ellos, según se cree, el propio presidente en ejercicio en Honduras, Juan Orlando Hernández, de quien quedó establecido en el juicio del primero, que está supuestamente vinculado a la industria del narcotráfico junto al resto del clan.
La fiscalía dijo que las averiguaciones se extendieron a las personas involucradas, entre ellas JOH, quien desde 2013 ha estado en la mira de la DEA por su presunta participación “en actividades de gran escala de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína en los Estados Unidos”.
Además, el Departamento de Justicia pidió en 2015 a Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL información de títulos de correos electrónicos, pero no de su contenido y se determinó que, por lo menos dos de las cuentas de correos supuestamente pertenecerían al mandatario hondureño. “También se incluyen en la solicitud las cuentas de correos electrónico de la hermana del presidente, Hilda Hernández, ya fallecida, su asesor Ebal Díaz, su ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y cuatro miembros de la familia Rosenthal”.
Pero JOH no fue el único presidente de la nación centroamericana involucrado en actividades de narcotráfico, pues también Porfirio Lobo salió a relucir en el proceso al supuestamente haber recibido sobornos para brindar protección a narcotraficantes y así evitar investigaciones en su contra, arrestos y la tan temida extradición.
Reiteradamente, Porfirio Lobo ha negado tales señalamientos y sostuvo rotundamente que haya recibido dinero de narcotraficantes como afirman los fiscales neoyorquinos y también negó recibir pagos de parte del exalcalde de El Paraíso, Alexander Ardón.
El hijo del expresidente Lobo, Favio Lobo, fue condenado en 2017 a 24 años de cárcel y a 5 de probatoria por haber conspirado para traficar cocaína hacia los Estados Unidos.
Queda por esperar, cuál será el futuro del actual mandatario hondureño una vez abandone el poder en los próximos meses, para saber si al igual que su hermano y sus otros supuestos socios, deberá o no sentarse en el banquillo de los acusados de alguna corte de los Estados Unidos.
