El Partido Popular comparte el decálogo ideológico de la izquierda y lo ha demostrado durante años en Castilla y León, región en la que aprobó en 2018 el denominado Decreto de la memoria histórica y democrática para «regular las ayudas a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica» y para incluir en los contenidos dirigidos a alumnos de la ESO y Bachillerato la verdad (oficial) de la Guerra Civil.
En la actual legislatura, VOX presentó una Proposición No de Ley (PNL) para derogar el Decreto y poner fin al «pisoteo permanente a la libertad y la convivencia». Desde la formación se recordó que «ni los gobiernos ni los Parlamentos dictan la historia». La propuesta fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios incluido el PP.
Además, los populares defienden los postulados de la izquierda respecto a la ideología de género. Así, el anteproyecto de la ley LGTBI presentado en la última legislatura incluía la cobertura con dinero público de tratamientos hormonales y operaciones de cambio de sexo para transexuales. También en el caso de menores. «Las personas trans menores de edad tienen derecho a recibir el tratamiento médico oportuno relativo a su identidad de género», señala el anteproyecto.
En este sentido, recoge que los menores «recibirán el tratamiento médico relativo a su transexualidad proporcionado por profesionales pediátricos, incluido el tratamiento hormonal al inicio de la pubertad y el tratamiento hormonal cruzado, de acuerdo a los criterios clínicos y analíticos establecidos en el protocolo».
El PP mantendrá el contenido de este anteproyecto de la ley LGTB y el de la ley de violencia de género, según anunció la pasada semana el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. «Todo el programa legislativo en vigor, tanto el que pudo ser presentado en las Cortes como el que íbamos a presentar, sigue plenamente vigente para el PP», manifestó.
El proyecto de la ley de violencia de género da una vuelta de tuerca a la norma de 2010 y suma todas las exigencias del feminismo radical al incluir «la violencia digital, la institucional y la vicaria». «Existe la violencia machista, la que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de serlo (…), no nos podemos permitir ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género», afirmó el presidente Alfonso Fernández Mañueco el pasado mes de octubre.
También conservará la sumisión a la globalista Agenda 2030. El propio Mañueco presentó en mayo de 2021 el plan «para impulsar los objetivos de la Agenda 2030», es decir, la imposición de la religión climática, el dogma de género y el multiculturalismo. En su intervención, afirmó que el futuro de Castilla y León era «sostenible, verde, igualitario, moderno…». «Somos pioneros en situar la Agenda en la política real (…), la Agenda 2030 sí existe en esta región», añadió, sobre una estrategia que incluye la demonización de agricultores y ganaderos, y que favorece la competencia desleal extracomunitaria, el principal enemigo del sector primario español.
