El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este martes la demanda de ‘habeas corpus’ presentada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra el juez y exministro de Justicia Sergio Moro, a quien le acusó de parcialidad durante el juicio por corrupción que se celebró contra él.
La decisión del Supremo se produce después del cambio de decisión de la magistrada del Supremo Cármen Lúcia Antunes, quien en las últimas horas varió el sentido de su voto en favor de apoyar las acusaciones de parcialidad.
Horas antes el juez del Supremo Kassio Nunes Marques rompió el empate a dos que había hasta el momento, aunque se especulaba con la posibilidad de que otros dos magistrados, Edson Fachin y Antunes, pudieran cambiar su decisión.
Con el cambio de voto de Antunes, queda cancelado el caso contra Lula del apartamento de Guarujá, en São Paulo, el cual deberá comenzar ahora desde el principio. Está decisión se suma a la que recientemente falló el juez Fachin, quien anuló el resto de sus condenas de la operación ‘Lava Jato’ por la falta de autoridad del tribunal de Curitiba que llevó el proceso.
La votación se ha producido por una demanda presentada por Lula en 2018 en la que acusó a Moro de parcialidad e irregularidades durante el proceso.
Antes de que Antunes mudara su decisión, Marques, quien fue nombrado por Bolsonaro para ocupar uno de los asientos del Supremo, rechazó que Moro influyera en la sentencia contra Lula utilizando como justificación que las pruebas utilizadas son parte de la «piratería», haciendo referencia a dichos mensajes conocidos durante la operación ‘Spoofing’.
«Estos son archivos obtenidos por piratas informáticos, violando los secretos de decenas de personas», una prueba, ha recalcado, «inaceptable» y que en caso de ser utilizada supondría la legalización de la «abyecta práctica de espiar y fisgonear la vida de los demás».
A principios de mes, el juez Fachin anuló la sentencia de doce años y un mes de prisión por corrupción y blanqueo de capitales contra Lula que emitió un tribunal de Curitiba al considerar que no contaba con autoridad para hacerlo y que debía ser nuevamente juzgado por un tribunal federal. Con ello, el expresidente retomó sus derechos políticos y podría se candidato a las presidenciales de 2022.
Lula ingresó en prisión el 7 de abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para Jair Bolsonaro.
