El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia del 25% de español en las aulas y el Govern tiene a partir de ahora un plazo de dos meses para ejecutarla.
La Generalitat tiene ahora un plazo de diez días para recibir la notificación de la sentencia y responder cómo ejecutarla e indicar «el órgano responsable de su cumplimiento».
A partir del 20 de enero se ha activado el plazo de dos meses -como estipula el artículo 104 de la Ley contenciosa administrativa- para ejecutar una sentencia firme.
El consejero de Educación Josep González-Cambray no se ha mostrado sorprendido por la resolución. «Ya sabíamos que pasaría porque forma parte del procedimiento», ha dicho, al tiempo que ha señalado que «este tipo de sentencias que afectan al modelo de inmersión lingüística».
Así, no ha aclarado si aplicarán la sentencia. «Daremos cumplimiento a lo que marca la Ley de Educación de Cataluña: que al final de la etapa obligatoria, de 4º de ESO, todo el alumnado logre las competencias tanto en castellano como en catalán», ha afirmado.
VOX ya sostuvo que «no se puede tolerar» que existan partes de España en las que «miles» de niños no pueden aprender a leer y escribir «en su lengua materna, en español, sólo porque unos políticos sectarios se lo niegan», y por eso consideró que «la única forma de devolver los derechos legítimos de todos los catalanes y la libertad es una intervención profunda».
Asimismo, emplazó al Gobierno a impulsar las reformas que sean necesarias para asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos de todas las regiones de España a fin de satisfacer «el deber los españoles de conocerlo así como de amparar el derecho de todos a usarlo». Y reclamó un régimen sancionador para quienes obstaculicen o impidan el cumplimiento efectivo del artículo 3 de la Constitución, el que establece que el español es la lengua española es la oficial del Estado.
