Ante la pasividad del actual Gobierno comunista de Pedro Castillo, una ola de violencia contra las empresas del sector minero y energético ha ido ganando terreno y escalando a niveles de alarma en varias provincias del interior del país andino.
Grupos antimineros han venido atacando distintos locales y yacimientos, desde el Corredor Minero que abarca desde Chumbivilcas en el Cuzco hasta Cotabambas en Apurímac (sur), así como también en las provincias de Ayacucho y Áncash (centro).
Este viernes 29, alrededor de 500 vándalos invadieron e incendiaron las instalaciones de la empresa minera Apumayo (Ayacucho). Según El Comercio, fueron quemadas las oficinas administrativas, vehículos, una estación de combustible, el comedor y la planta de procesamiento. Además, se cortó el fluido eléctrico y robaron explosivos.
Guillermo Shinno, gerente de Apumayo, manifestó su preocupación por las plantas de procesamiento, pues dijo que si el sistema falla, aguas tóxicas podrían ir a parar a la quebrada, lo cual ocasionaría un daño ambiental muy grave.
Además, Shinno indicó que las personas que protestan no son aquellas ubicadas en la zona de influencia de la empresa minera.
La mayor mina de cobre suspense sus operaciones
La mina peruana Antamina -uno de los mayores yacimientos mundiales de cobre- suspendió sus operaciones ante las violentas protestas y bloqueo de carreteras. En este caso particular, la comunidad campesina del distrito de Aquia, vecina al yacimiento, denuncia que Antamina «usurpó terrenos» que le pertenecen y reclama mejores condiciones sociales.
«Creemos que no existen garantías para desarrollar nuestras labores productivas o para seguir trabajando en los proyectos y obras por el desarrollo en nuestra área de influencia operativa», anunció la compañía a través de Twitter.
La empresa, bajo control de la australiana BHP Billiton y la suiza Glencore, exhortó al gobierno «a restablecer el orden» para retomar el diálogo entre las partes, e indicó que mientras «estas condiciones no se alcancen, no podemos seguir operando».
Para el presidente de Antamina, Víctor Gobitz, esta paralización de las operaciones de Antamina implicará pérdidas de entre US$ 10 y US$ 14 millones diarios.
“En términos generales, por la dimensión de Antamina, estamos hablando de entre US$ 10 y 14 millones diarios, de menores ingresos. Esto impacta en ingresos de trabajadores, en recaudación del país y en el canon minero”, dijo en el dominical Cuarto Poder.
Ministro de Justicia pide que se investiguen a accionistas de minera
El ministro de Justicia, Aníbal Torres, pidió que se investigue a los accionistas de Antamina a fin de conocer si alguno de ellos “quieren vacar al presidente” Pedro Castillo.
“Acabamos de hablar de Antamina, yo lo que pido es que se investigue, no vaya a ser que dentro de esos empresarios quieran hacer caer al Gobierno, para vacar al presidente. Se debería conocer a sus accionistas para saber quiénes son. Muy claramente estoy diciendo que se debe conocer a sus accionistas no vaya a ser que haya personas que estén entre los empresarios que quieren vacar al presidente. ¿Está claro lo que estoy diciendo?”, dijo.
Debido a las críticas, Torres retiró sus declaraciones a través de su cuenta de Twitter, afirmando que el diálogo es la única vía para resolver los conflictos.
“Ante la aclaración sobre los accionistas de Antamina, retiro la declaración que formulé anoche en un programa periodístico y reafirmo que el diálogo es la única manera para resolver los conflictos en el país”, escribió.
Primera ministra se pone del lado de los antimineros
La comunista Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros (PCM) e integrante del Frente Amplio, se puso de lado de los manifestantes y pidió al empresariado a que reconozca las demandas de las protestas vinculadas al sector minero energético.
“Siempre he reclamado que nos sentemos en procesos de diálogo, que se reconozca válidamente a actores, interlocutores, que no se siga calificando a la gente como violentista o manipulada”, señaló la titular de la PCM en diálogo con el programa Agenda Política.
“Tenemos que entender el hartazgo de la gente que ha sentido la desprotección del Estado y por otro lado la invisibilización de sus demandas por parte de las propias empresas”, agregó.
Vásquez criticó el pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de intervenir en las protestas y restablecer el estado de derecho.
“No volvemos al estado de derecho reprimiendo y matando gente, sino cuando encauzamos estos conflictos, institucionalizamos las salidas y ponemos a dialogar con actores sin generar falsas expectativas”, dijo.
A través de un comunicado, la SNMPE pidió al Gobierno que haga primar el Estado de Derecho frente la ola de violencia contra operaciones mineras y de hidrocarburos, la cual pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y la institucionalidad que resguarda el cuidado ambiental.
“Lo que hemos visto en los últimos días es una violencia inadmisible. Cientos de personas invadiendo e incendiando instalaciones, destruyendo maquinaria, robando explosivos y poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores”, señaló el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor.
Si bien los manifestantes levantaron sus medidas extremas tras aceptar la vía del diálogo con el gobierno, el daño que han provocado es cuantioso, y la pasividad del Gobierno comunista linda con la complicidad, en una situación de incertidumbre política y económica que afecta a diario al Perú, que todavía no logra recuperarse del fuerte golpe sufrido a su PIB por las consecuencias del estallido de la pandemia del covid-19.
