La pandemia llevó a la economía española a registrar en 2020 un descenso histórico del PIB del 11%, el mayor desplome desde el inicio de la Guerra Civil, por los confinamientos, la paralización de muchas actividades, el cierre de miles de negocios y la gestión del Gobierno. Hasta ahora, el peor hundimiento se había registrado en 2009, en la crisis financiera, con un retroceso del 3,8%, pero con el virus originado en China se han batido todos los récords negativos.
Los datos la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos el pasado jueves revelan una destrucción de 622.600 puestos de trabajo en 2020 respecto al año anterior. España cuenta con casi cuatro millones de parados de manera oficial -y un desempleo juvenil superior al 40%-. 755.000 trabajadores están en ERTE, aunque figuran como ocupados a pesar de tener el empleo suspendido, 350.000 autónomos se encuentran en cese de actividad -se desconoce si podrán volver a abrir- y se han perdido casi 100.000 autónomos empleadores.
Sectores como la hostelería se encuentran arruinados y sin ayudas directas, del Gobierno socialcomunista han recibido cero euros. Y denuncian que los datos del Ministerio de Sanidad evidencian la «escasa incidencia de contagios» en sus establecimientos, que estiman en un 2%.
El turismo, por su parte, un sector que representa más del 12% del PIB, ha retrocedido a niveles de hace más de 20 años. En este sentido, ha advertido de la crítica situación a la que se enfrentan empresas y negocios, y de que sin ayudas se perderían un millón de empleos más entre directos e indirectos, y 100.000 establecimientos se verían obligados al cierre.
En este sentido, los autónomos denuncian que «no hay crecimiento sólido ni la recuperación va a ser cosa de unos meses». «Los datos nos devuelven a la realidad que algunos se obsesionan en no querer ver», aseguró el pasado viernes el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, al tiempo que desmontó la consigna de Moncloa de que el país está saliendo «más fuerte».
En Europa, se vio tras el acuerdo alcanzado entre los veintisiete países miembros de la UE para el fondo de recuperación, la imagen de España es la de un país necesitado. Y todo pese a la propaganda gubernamental de la factoría Iván Redondo, el gurú de Pedro Sánchez, y los aplausos de los ministros al presidente del Gobierno. La situación es tan crítica que el ministro José Luis Escrivá ya ha adelantado este domingo en una entrevista la necesidad de un «hachazo» a las pensiones de 30.000 millones de euros al año.
La obsesión por la propaganda
Con la pandemia ya instalada en nuestro país, los agitadores mediáticos de las consignas de Moncloa nos dijeron «el machismo mata más que el coronavirus». Era falso. Se demostró cuando caían 800 y 900 muertos cada día por un virus que, en España, solamente iba a tener, como mucho, algún caso diagnosticado –Fernando Simón dixit-. Y se demuestra hoy, con más de 400 fallecidos cada 24 horas.
Después llegó el Gobierno con su «no vamos a dejar a nadie atrás» y la famosa campaña institucional “Salimos más fuertes” en todas las cabeceras, aunque nunca explicó quiénes. Serían las televisiones privadas a las que en plena primera ola concedió 15 millones de euros.
En pleno verano, en un acto electoral en el marco de las elecciones autonómicas en Galicia, Sánchez afirmó haber derrotado al virus, llamó a salir a la calle y a «disfrutar de la nueva normalidad recuperada». Sus palabras las repitieron todos sus órganos de propaganda. Luego, España lideró los peores ranking de la pandemia en la segunda oleada de la pandemia.
Con la vacuna contra el coronavirus, más propaganda. Su llegada fue convertida en otro acto publicitario socialcomunista al etiquetar la compra pactada por la Unión Europea como «Gobierno de España». Hoy, tenemos escasez de viales y regiones como la Comunidad de Madrid han anunciado que no administrarán a lo largo de dos semanas ninguna primera dosis por contar con menos de las prometidas por el Ejecutivo, una decisión que afecta a todas las personas que forman parte de los primeros grupos de riesgo y quieren vacunarse.
La obsesión por la publicidad se ha mantenido en las últimas semanas con la utilización de la vía urgente para destinar 112 millones de euros a publicidad institucional durante los próximos dos años. Sí, en medio de una crisis económica que tiene a millones de españoles en vilo y con las nefastas cifras recogidas en este artículo sigue el interés socialcomunista por el relato. Y con prisa porque, asegura el Gobierno, debido al covid-19 «se ha retrasado la difusión de ciertas campañas…».
También con la colocación del exministro de Sanidad Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña tras un balance de mentiras, falta de previsión y nefasta gestión.
