Nicolás Maduro Moros es quizás el hombre que más acusaciones tiene por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En abril de 2014, legisladores de 8 países latinoamericanos le acusaron en La Haya por “la represión masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados”, en el país suramericano.
Al año siguiente, Alejandro Ordoñez, quien se desempeñaba entonces como Procurador General de Colombia, radicó en la CPI un informe contra Maduro por la perpetración de crímenes de lesa humanidad durante la deportación de –al menos– 1.355 colombianos radicados en la frontera binacional.
A finales de ese mismo año, otro caso fue presentado por los abogados del dirigente político Leopoldo López Mendoza, quienes solicitaron al organismo una averiguación contra Maduro y 8 de sus mas cercanos colaboradores, consignando evidencias de crímenes de lesa humanidad.
En agosto de 2017 la directora del Instituto Casla, Tamara Sujú, denunció ante la Corte a 57 altos funcionarios del régimen de Maduro por torturas sistemáticas, prácticas convertidas en “una auténtica política de Estado” con el objetivo de mantener el poder utilizando a los cuerpos policiales, la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo.
Un conjunto de ONG también ha documentado y presentado denuncias fundamentadas de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela ante la CPI. Entre ellas, el Foro Penal de Venezuela, Control Ciudadano y la Fundación por los Derechos a la Equidad Ciudadana (FUNDECI).
Así que desde 2014, no han cesado las denuncias por delitos de lesa humanidad contra Maduro y sus colaboradores ante el tribunal internacional. En septiembre de 2018 y ante la profundización de la catástrofe humanitaria en Venezuela, jefes de Estado y de gobierno de 6 países: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaron una solicitud formal de apertura de investigación contra Venezuela, alegando “la existencia de sólidas evidencias que hacían presumir la ocurrencia de asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, violencia sexual, persecución, desaparición forzada de personas, entre otros actos inhumanos”.
Todo muy bien sustentado en varios informes, como el del Comité Contra la Tortura de Amnistía Internacional en 2014, el informe y seguimiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Grupo de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En respuesta a la montaña de denuncias en depósito, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se vio obligada a dar una respuesta en diciembre de 2020: “Luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
Antes, en septiembre de 2020, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, emitió un informe de 443 páginas sobre Venezuela, que abarca a partir de que Nicolás Maduro asumió la presidencia del país, en el que documentó 223 casos de tortura y malos tratos sobre más de 2 mil víctimas, los cuales configuran delitos de lesa humanidad.
El secretario de la OEA, Luis Almagro, apoyó dicho informe y expresó “que Venezuela es un Estado fallido y fragmentado”. Es decir, tanto la ONU como la OEA detectan fundamentos razonables de crímenes de lesa humanidad por parte de Maduro y sus colaboradores desde 2014, contra el pueblo venezolano.
Hoy podemos afirmar que Nicolás Maduro está además incurriendo en el delito de exterminio que el Estatuto de Roma, en el literal b) del párrafo 2 del artículo 7, lo define como “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Tanto los delitos de lesa humanidad como el de exterminio, son competencia de la Corte Penal Internacional.
“Privación del acceso a alimentos y medicinas (…) encausadas a causar la destrucción de parte de una población”, en eso anda Maduro, quien por razones políticas impide la entrada de vacunas contra el covid-19, mientras alardea que él sí está inmunizado –al igual que su mujer, sus colaboradores y los médicos cubanos–, con la vacuna rusa.
El aumento de los contagios en Venezuela y el deterioro del sistema de salud mantienen a la población temerosa. Los ciudadanos solo hablan de la vacuna y se preguntan cuándo llegará. Pero el régimen ni lava, ni presta la batea.
En los últimos días, Maduro descartó una propuesta de empresarios venezolanos que planteó comprar un lote para el sector privado y donar otro al sector público. Queda claro que la intención del dictador con su negativa, no es otra que ejercer mayor control social sobre una población que le sirve de rehén.
No es cierto, como afirmó el presidente de la asamblea chavista Jorge Rodríguez, que no hay vacunas por culpa de las sanciones. No. Es que, como cualquier secuestrador, exige el levantamiento de las sanciones para mantener vivo al rehén, permitiendo, solo entonces, la entrada de vacunas seguras y eficaces.
Por si fuera poco, hace una semana Maduro anunció que al país no entrará vacuna alguna “que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales”, agregando que, “en este mes de abril, 60 mil dosis de los prototipos cubanos –Soberana 2 y Abdala– serán aplicadas a los ciudadanos venezolanos como parte de los ensayos clínicos cubanos, siendo en julio la inoculación masiva”. Así, los venezolanos son convertidos en conejillo de indias.
La Academia Nacional de Medicina venezolana reaccionó de inmediato señalando que “las vacunas son productos cuya seguridad y eficacia han sido demostradas en pruebas de fase 3 generalmente conducidas en voluntarios humanos en el país de origen de la vacuna (…) no se conocen los resultados de la fase 1-2 que nos dirían si los productos son capaces de inducir en humanos un nivel y calidad de anticuerpos que pueda conferir protección contra el virus. Venezuela sufre una grave epidemia de la covid-19, y en vez de participar en pruebas de productos experimentales con características desconocidas, se debe priorizar la traída al país de vacunas de reconocida seguridad y eficacia”.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), –que realiza un monitoreo constante en medio de la pandemia del virus chino– presentó este 14 de abril su noveno informe en el que reporta que para el mes de marzo se presentó un aumento del más del doble de pacientes con covid-19 con relación a febrero.
10.189 se contabilizaron en el segundo mes del año, mientras que en marzo hubo al menos 21.381 casos.
“En la actualidad, casi todos los hospitales han sobrepasado sus capacidades instaladas y designado centros centinela. Están desprovistos de medicamentos, insumos, equipos de bioseguridad y personal, quienes han sido el gremio más afectado durante la pandemia”, resalta el documento.
Lamentablemente, 349 muertes de trabajadores de la salud se produjeron hasta febrero de este año, tendencia que en marzo se incrementó a 408 lo cual incluye médicos, enfermeras, radiólogos y otros trabajadores del sector, con síntomas asociados al covid-19.
Porcentualmente hablando, Venezuela presenta una de las tasas más altas de médicos fallecidos por coronavirus en Latinoamérica, lo que evidencia la tragedia humanitaria que sufre el país y de la que no escapa el sector sanitario. ¿Ineficiencia e Incapacidad? No. Exterminio.
Maduro mantiene a 26 millones de venezolanos secuestrados, ya no a punta de fusiles y pistolas, sino con la posibilidad real de contagio y muerte por su negativa a la entrada de vacunas confiables.
Una vez más, Maduro y sus colaboradores hacen suficientes méritos para ser acusados, ante la Corte Penal Internacional, por exterminio.
