El presidente socialista argentino Alberto Fernández se refirió a la situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese “problema” estaba “desapareciendo”.
“Trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo”, dijo Fernández en declaraciones a una estación de radio de Buenos Aires.
Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha permitido que se instale una oficina permanente de la ONU en Caracas para monitorear las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que padecen los venezolanos. Incluso los tres funcionarios de Naciones Unidas que están en el país latinoamericano están con sus visas vencidas: es decir, la dictadura no les renovó siquiera sus permisos para trabajar allí.
En marzo pasado, luego de su último informe sobre derechos humanos, Maduro quedó muy molesto con Bachelet por las denuncias que habían quedado plasmadas en el documento.
Los últimos informes de las Naciones Unidas redactados por la oficina de Bachelet son contundentes. En el documento dado a conocer el pasado 11 de marzo, la Alta Comisionada se refirió a la violación de derechos humanos en Venezuela. Se registraron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, de acuerdo con el informe.
Horas después de conocida la posición de la ONU sobre Venezuela, la dictadura de Maduro emitió un durísimo comunicado denunciando la supuesta falta de “objetividad” de Bachelet. “
De acuerdo a Foro Penal, una ONG que monitorea la situación de los derechos humanos permanentemente bajo la dictadura militar chavista, hasta el día de hoy existen 306 presos políticos en Venezuela. Además, según esa institución, “más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.
El próximo informe de las Naciones Unidas se espera para septiembre.
