Aquí ya hemos dicho que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está haciendo como ningún otro méritos para convertirse en el heredero natural de Donald Trump, le guste o no al magnate neoyorquino. De hecho, en algunas cosas retoma obsesiones recurrentes de Trump y les pone patas, como acaba de hacer ahora al firmar una ley que pone coto a los desmanes de las redes sociales.
Este mismo lunes ha firmado en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, una norma que mete mano a plataformas como Facebook, Twitter y Amazon alegando que conspiran para acallar las voces conservadoras en Internet, lo que podría ver hasta el más ciego.
Se trata, como no dejó de recordarlo el propio DeSantis, la primera de su clase en todo el país, y prevé, entre otras cosas, declarar ilegal que las grandes empresas tecnológicas veten en sus redes a los candidatos a cualquier cargo en campaña electoral. Además, faculta al fiscal general de Florida y a cualquier ciudadano para llevar a los tribunales a estos gigantes con mayor facilidad y esperanzas de éxito.
“Estas plataformas se han convertido en nuestras plazas públicas”, ha declarado el gobernador en la presentación, presidida por un cartel que rezaba “ALTO a la Censura de las Big Tech”, y ha hecho notar que los “oligarcas de los gigantes tecnológicos” han censurado debates sobre la pandemia de coronavirus y políticas que las autoridades han aprobado para contener el virus, como los confinamientos.
“Silicon Valley está actuando como un contubernio de censores; ‘cancelan’ a personas cuando se reúnen partidas de linchamiento contra alguien“.
Naturalmente, las probabilidades de que esta medida, que entrará en vigor el 1 de julio, sea impugnada en los tribunales son muy altas. De hecho, la ley ya ha sido criticada desde dentro del propio partido demócrata del estado. El senador Jeff Brandes ha argumentado que la ley obligaría a aceptar mensajes a empresas privadas, lo que vulnera paradójicamente la libertad de expresión de las compañías.
Otra dificultad añadida es que no parece claro si un estado puede regular el negocio de unas empresas cuya actividad, por su propia naturaleza, rebasa los límites de dicho estado.
Pero todo el mundo parece coincidir, en cambio, en que cada día se hace más necesario buscar una solución al creciente y ya casi omnímodo control de un puñado de empresas sobre el debate y la información del mundo entero, poniendo en grave peligro el control político y la libertad de expresión en todo el planeta.
El caso saltó a primera plana cuando todas las plataformas de peso -todas, hasta Spotify- vetaron a perpetuidad la presencia de Donald Trump, entonces todavía presidente de Estados Unidos. La medida fue lo bastante sonada como para que, desde Alemania, una líder tan poco sospechosa de albergar simpatías hacia Trump, la canciller Angela Merkel, diera la voz de alarma al expresar su profunda preocupación por la posibilidad de que empresas privadas pudieran acallar a un gobernante en ejercicio.
Posteriormente hemos conocido más en profundidad el alcance y la influencia de la acción de estos pocos oligarcas para condicionar la percepción política e inclinar la balanza hacia un candidato u otro en cualquier elección mediante ocultación de datos y control de la discusión pública.
En ese sentido, la legislación presentada por DeSantis podría convertirse en pionera, modelo de otras similares que podrían aprobar otros estados y que, finalmente, se plantearía en las legislaturas federales.
