La delincuencia en Ecuador llegó a un punto límite, provocando que el presidente Guillermo Lasso, decrete el estado de excepción para todo el país. Ahora el Ejército -que tiene como función proteger a la nación de un peligro externo- se abocará a patrullar las calles ante el peligro interno del narcotráfico, junto a la policía.
«Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional», anunció el mandatario por medio del canal estatal EcuadorTV.
Para el presidente «en las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico» y «en los últimos años el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas». Por eso advierte la necesidad de militarizar las calles.
Desde la libertad civil -en particular la libre circulación- siempre activa alertas la militarización de las calles; y más luego de un largo confinamiento que ha paralizado a la economía, pues esto podría afectar a los pequeños comerciantes. De allí que toda medida de este tipo debe ser de naturaleza temporal.
Sin embargo, al tratarse de una medida de emergencia, es comprensible en cuanto a su necesidad. Primeramente porque es labor de las Fuerzas Armadas proteger a la nación de una amenaza y el narcotráfico ha demostrado serlo.
Las cárceles se han vuelto una barbarie
Las cárceles del Ecuador se han convertido en carnicerías. En lo que va del año más de 200 reclusos han perdido la vida de la forma más violenta y brutal. Desde desmembramientos hasta corazones arrancados del pecho se han visto en los motines de las prisiones. Sumado a eso, una sargento de 40 años fue violada por un delincuente, el cual pagó su abuso con su vida dentro de la cárcel.
Solo en octubre hubo 119 muertos en la Cárcel del Litoral. La fiscalía confirmó que «ostentar el poder» estaría entre los principales detonantes de los enfrentamientos en el recinto penitenciario, además de la intención de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país.
La lucha por el poder se disputa en los centros carcelarios ecuatorianos donde operan varias bandas delictivas y la justicia asegura que cada una de ellas busca hacerse con el máximo poder de las cárceles, además de estar ligadas al narco mexicano.
«Una es la megabanda de Los Choneros, que está ligada al Cártel de Sinaloa; otras son los Tiguerones, Los Lobos y Los Largartos, que están ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación», explicó para BBC Mundo el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar y ahora analista en seguridad y defensa.
«Estas bandas se enfrentaron entre sí por un control territorial. Trataron de tomar el Pabellón 5, en el que ya estaba una estructura delictiva. Esto desencadenó un enfrentamiento. Mataron a algunos inicialmente y luego vino la represalia», resumió.
Mientras que al sur del país, donde sucedió el primer motín carcelario -en la cárcel de Turi- hay presencia de redes de narcotráfico del Brasil. Dichos grupos presuntamente buscan controlar la región amazónica del Ecuador. En la zona del Putumayo se ha visto operar a los comandos Vermelho y Primer Comando de la Capital, en la frontera entre Ecuador y Colombia.
Ambos grupos constan entre los más peligrosos del mundo, ya que dominan las rutas de narcotráfico que conectan con Asia y Europa. Vale destacar que vermelho en portugués significa rojo, el color característico del comunismo.
“El gobierno militar intentó despolitizar las acciones armadas de la izquierda, tratándolas como ‘simple bandidaje común’, lo que también permitió un buen argumento para enfrentar las presiones internacionales a favor de la amnistía y en contra de las denuncias de tortura. Al nivelar al militante y al bandido, el sistema cometió un grave error. El encuentro de los miembros de las organizaciones revolucionarias con el delincuente común dio un fruto peligroso: el Comando Vermelho”, relata el periodista Carlos Amorim en la obra Comando Vermelho, la historia secreta del crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas protegen a la nación de amenazas externas
Dado que es función de las Fuerzas Armadas resguardar a la nación de una amenaza externa, la lucha contra el narcotráfico se justificaría en cuanto en sus esferas más altas este proviene desde fuera. Más aún cuando la violencia se traslada directamente a las calles ecuatorianas.
Para muchos, el rol del socialismo del siglo XXI es crucial en el predominio del narcotráfico en el país, más considerando el retiro de la Base de Manta por parte del Gobierno de Rafael Correa, cuyo fin era participar del Plan Colombia y en el combate al narcotráfico. En nombre de la soberanía, Correa le quitó a EE.UU. la participación en la lucha contra el crimen organizado.
Ahora, tras vencer al candidato socialista en las urnas, Ecuador con Lasso combate el narcotráfico de frente. Además, la militarización busca reforzar la labor policial para combatir el crimen común; ya que llegó a un punto en que este paralizó al país ante la indignación.
El caso de un niño de 11 años abatido a balazos cuando estaba junto a su familia causó escándalo en Guayaquil. Según el relato de su padre, el menor recibió un disparo en el corazón, otro en el brazo derecho y otro en la espalda. Tomás Obando, su padre, fue apuntado por uno de los delincuentes para que le entregara su celular.
“Mi hija estaba en mis piernas y mi hijo a mi lado derecho. Yo alcancé a tirar al piso a mi hija, pero mi hijo por el miedo salió corriendo hacia su mamá; traté de cogerlo y no alcancé. Y cuando lo cogí del pie y lo tiré al piso, ya le habían alcanzado las balas”, lamentó Obando antes de retirar el cadáver del menor.
El tiroteo sucedió en medio de un asalto en una cafetería y heladería situada en el barrio del Centenario, sur de Guayaquil. La familia del menor denunció al ladrón que aún no ha sido atrapado. Sin embargo, existe la posibilidad que haya sido un policía quien lo mató. En caso que así fuese, debe pagar con cinco años de prisión por homicidio culposo.
El abogado de la familia asegura que el policía debió esperar a salir del local para disparar y así evitar el intercambio de balas en medio de civiles.
De modo que el mismo hecho que justifica la intervención militar también despierta la inquietud respecto a su eficacia. Puesto que el intercambio de balas entre las fuerzas del orden y el crimen organizado puede repercutir en la sociedad civil. Sin embargo, ha tenido buena recepción en cuanto le ha dado a la ciudadanía una sensación de seguridad en medio de una ola de violencia.
Finalmente, el estado de excepción le permite al país terminar el mes de octubre en paz. “Octubre vuelve” es la amenaza de agrupaciones indigenistas que advierten con volver a desestabilizar el país como hicieron en octubre del 2019.
El 12 de octubre el presidente Lasso le dejó claro a la dirigencia indigenista que defendería la ciudad de Quito de sus destructores y esta medida permite frenar el avance de la insurrección. Con “Comunismo indoamericano o barbarie” amenaza el dirigente indigenista Leonidas Iza en su libro lanzado en Washington, D.C., y titulado “Estallido”.
Aquellos hechos nunca se trataron de un “levantamiento popular” campesino, como lo retrataban muchos medios, sino más bien de una insurgencia orquestada desde Caracas, por el chavismo promotor de las “Brisas Bolivarianas”. Siendo así, la intervención de las Fuerzas Armadas resulta coherente ante la amenaza externa.
