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La Gaceta de la Iberosfera
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MEDIANTE UNO DE SUS PRIMEROS DECRETOS COMO PRESIDENTE DE ECUADOR

Guillermo Lasso saca de la central de riesgos a casi dos millones de personas

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Europa Press

El nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, decretó que las personas con deudas inferiores a pequeñas ya no aparecerán en la central de riesgos. Los burós de crédito tienen hasta 60 días para eliminar de sus registros la información histórica de ciudadanos ecuatorianos con deudas vencidas inferiores a 1.000 dólares.

Sin embargo, el presidente aclara que eso no significa que las deudas serán condonadas. Las personas beneficiadas por esta medida todavía deberán pagar lo adeudado pero, no verán su historial crediticio afectado.

“Es un acto de estricta justicia. Un acto que busca la reactivación económica del país”, sentenció Lasso. El mandatario explicó que, en sus recorridos por Ecuador, escuchó a muchas personas decirle que las deudas les dificultaban conseguir un empleo porque estaban registradas en la central de riesgos. Detalló que las personas le decían: “No puedo conseguir un crédito para emprender y pagar una deuda vencida. Prácticamente era una lista de gente marginada”.  

El presidente Lasso buscó resolver esta problemática y, mediante un decreto ejecutivo, estableció que en los bancos públicos y privados y en las cooperativas de los segmentos 1 y 2 se eliminará la información correspondiente a obligaciones vencidas por un saldo de capital menor a 1.000 dólares.

Según el último informe de la plataforma de análisis financiero Exponential Post, “esta medida incrementaría la demanda crediticia, pues quienes han estado restringidos de acceder a este servicio financiero, podrán volver a ser sujetos de crédito para consumo o inversión”.

Para profundizar sobre el impacto de este decreto, La Gaceta de la Iberosfera se comunicó con Hanns Soledispa, director de dicha plataforma.

¿En qué consiste la eliminación de los registros de crédito con deudas vencidas?

Dispone eliminar de los registros de la central de riesgos a quienes adeuden menos de 1.000 dólares. Esta medida incrementaría la demanda crediticia, pues quienes han estado restringidos de acceder a este servicio financiero, podrán volver a ser sujetos de crédito para consumo o inversión. Se espera que esto influya de manera positiva en la dinamización de la economía. De todos modos, los usuarios deben informarse de los procedimientos y limitaciones de esta medida, pues los listados podrían terminar de depurarse hasta dentro de 60 días.

– ¿Cuántas personas se benefician y por qué?

 Las cifras oficiales indican que los beneficiarios directos posibles ascenderían a 1,7 millones, distribuidos en tres grupos: quienes adeuden hasta 1.000 dólares de capital vencido en el sistema financiero privado, financiero público, y financiero de economía popular y solidaria de los segmentos 1 y 2; quienes adeuden hasta 500 dólares de capital vencido en el sistema de economía popular y solidaria, en los demás segmentos y cualquier otra institución del sistema financiero incluyendo las compañías de servicios auxiliares y quienes adeuden hasta 100 dólares de capital vencido en el sector comercial. Ejemplo: empresas telefónicas, venta de electrodomésticos. Adicionalmente, habrá beneficiarios indirectos producto de la dinamización económica derivada del aumento de la demanda crediticia.

Como banquero que fue, una de las principales acusaciones contra Lasso es que esta medida conviene a la banca…

Los principales beneficiarios son las personas que volverán a acceder a créditos. Alguna entidad financiera podría beneficiarse siempre y cuando sepa canalizar de manera eficiente el aumento de la demanda crediticia. Tendrán todo un desafío estratégico y administrativo para poder atender a este nicho.

– ¿Qué mensaje da esta medida a la población y qué imagen proyecta?

El mensaje es de apoyo a la reactivación económica desde distintos puntos. Una medida que busca beneficiar a 1,7 millones de ecuatorianos seguramente consolidará el capital político que permitan implementar las demás reformas que pudieran ser polémicas o impopulares, pero quizás necesarias a largo plazo. 

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