La ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha puesto en duda este martes que la Comisión Europea pueda actuar ya para bloquear ayudas a su país, tal y como adelantó Bruselas la semana pasada, atendiendo a una persecución por motivos ideológicos.
A su juicio, el mecanismo de condicionalidad necesario solo puede aplicarse para juzgar la gestión de partidas del nuevo marco presupuestario que el Gobierno de Viktor Orban dice que no ha recibido aún.
«Si Hungría no ha recibido aún ningún dinero ni del nuevo fondo (de recuperación) ni del nuevo marco financiero, ¿cómo podemos estar violando las reglas que se aplican a su gasto?», ha afirmado Varga en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros europeos en Luxemburgo.
El pasado miércoles, el recientemente reelegido primer ministro del país centroeuropeo, Viktor Orbán, afirmó en una conferencia de prensa internacional que un pilar de su Gobierno consistía en reforzar sus alianzas, algo que incluye a la UE y la OTAN. “Seguimos viendo nuestro futuro en la Unión Europea y queremos desempeñar un papel activo en la configuración de la Unión Europea del futuro”, dijo Orbán.
“Somos un estado miembro de la OTAN, lo seguiremos siendo, y queremos construir un ejército mucho más fuerte, que también fortalecerá a la OTAN”, añadió el primer ministro de Hungría, según recogió Hungary Today.
La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunció la pasada semana en el pleno del Parlamento Europeo la activación inminente del proceso formal para aplicar la condicionalidad de los fondos a Hungría, si bien su comisario de Justicia, Didier Reynders, ha matizado este martes que el envío de la carta formal llevará «días o semanas».
Varga ha confirmado que el Gobierno húngaro no ha recibido por el momento ninguna notificación formal y está «a la espera de la carta, que tendrá respuesta tan pronto como la recibamos», si bien ha advertido de las dudas legales que Budapest tiene sobre la capacidad de Bruselas para actuar.
La salvaguarda de la condicionalidad está en vigor desde el pasado 1 de enero y cuenta con el aval del Tribunal de Justicia de la UE, que en febrero rechazó los recursos planteados por Hungría y Polonia para tratar de tumbarla.
