El Tribunal Constitucional de Hungría ha determinado que el Estado tiene potestad para impugnar el Derecho de la UE en determinados casos, una hipótesis similar a la que ya ha avalado la Justicia en Polonia y que abre la vía a nuevos pulsos por parte del Gobierno de Viktor Orbán.
La sentencia establece que en áreas donde se solapen las dos jurisdicciones, la nacional y la comunitaria, Hungría tiene el derecho a no aplicar dictámenes del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si considera que pueden suponer un riesgo para su soberanía.
El TUE condenó hace un año a Hungría por restringir el acceso a las solicitudes de asilo, entendiendo que no cabía legalidad alguna en la retención indefinida de inmigrantes en la frontera con Serbia y que los solicitantes de asilo tenían derecho a completar todos los trámites antes de la deportación.
Sin embargo, Orbán no ha cedido a los deseos globalistas del bloque comunitario y ha seguido haciendo bandera del freno a la inmigración. De hecho, este mismo viernes, antes de que se conociese la sentencia del Constitucional, ya confiaba en poder tener «una contundente barrera legal» para reforzar la «barrera física» en la frontera, según la agencia Bloomberg.
La ministra de Justicia, Judit Varga, había expuesto en la demanda del Gobierno que mantener en territorio húngaro a los inmigrantes ilegales implica correr el riesgo de que, «de facto», se conviertan en «población del país», lo cual a juicio del Gobierno violaría el derecho constitucional de un Estado a decidir quién entra y quién no.