No es una novedad que la Convención Constitucional (CC) chilena ha demostrado lo peor de la política izquierdista. Pues, desde su primer día, los distintos convencionales se han encargado de deteriorar la institucionalidad bajo eufemismos como la «refundación» de un nuevo país. En este contexto, durante los últimos días han surgido provocadores y preocupantes discursos e iniciativas, incluso, para izquierdistas moderados.
Lo anterior se ejemplifica con los dichos de una convencional de extrema izquierda, quien sostuvo en la Comisión de Sistema Político que hay que «disolver las actuales instituciones estatales» para «reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes». Teniendo como inspiración la Unión Soviética, propuso consejos obreros populares y que toda autoridad pueda ser removida si la asamblea lo decide así. Además, denominó como «sectores parasitarios» a la Iglesia, a los empresarios, a las Fuerzas Armadas, los que no deben tener participación en la conducción del Estado o la política chilena. Como si fuese poco, propuso que todas las grandes empresas deben ser “socializadas”, es decir, deben pertenecer a la “clase trabajadora y al pueblo”. Entre estas empresas consideró las mineras, los puertos, las empresas de energías e, incluso, los bancos.
Si bien la radicalidad de este discurso no deja de sorprender, este tipo de dichos no son aislados dentro de la Convención Constitucional, develando la real intención de las izquierdas: instalar ejes comunistas bajo la promesa de un país igualitario. Pero, al ver la realidad de aquellos países donde se ha buscado aplicar estas ideas como en Cuba o Venezuela, estas promesas solo implican un completo retroceso y daño a la sociedad chilena.
Además, preocupan muchas propuestas aprobadas en general en las distintas comisiones —aunque se tienen que votar en el pleno y deben alcanzar el quórum de 2/3 de los convencionales, es decir 103 votos—, como nacionalizar mineras, caducar los derechos de aprovechamiento del agua, y avanzar hacia un “sistema regional, plurinacional e intercultural” inspirando, así, el primer artículo de la eventual nueva Constitución: “Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado», rechazándose la iniciativa de las derechas de que el país continúe siendo unitario y descentralizado.
Asimismo, se han planteado otras iniciativas curiosas sobre “sistemas judiciales” como crear tribunales especiales para pueblos originarios bajo fundamentos de “condiciones espirituales” que puedan tener jurisdicción propia. Esto permitiría, entre otras cosas, juzgar a indígenas en sus propios términos, con sus propias ideologías lo que, incluso, permitiría beneficios como no encarcelar a alguien por su etnia. Así, se otorga completa impunidad a ciertos grupos por su origen étnico, lo que es sin duda preocupante para la igualdad ante la ley de todo chileno independiente de sus características físicas y sus creencias.
Si bien, la Convención Constitucional es el sueño de todos los sectores izquierdistas
—pues, implica derrocar la Constitución de 1980 que simbolizaría al Régimen Militar del general Augusto Pinochet—, han emergido voces de la izquierda más moderada que advierten de los riesgos de estos ejes.
Óscar Guillermo Garretón, exsubsecretario de Salvador Allende, sostuvo a una entrevista a el medio chileno El Libero que “una enorme cantidad de personas que votamos Apruebo [en el plebiscito de entrada] estamos en desconcierto”. Pues, observa que las normas que han sido aprobada en las distintas comisiones constitucionales son preocupantes, como la nacionalización de recursos naturales, que las tierras que son consideradas de indígenas no se puedan usar, la censura y el control de contenidos de los medios de comunicación, conocida como Ley de Medios.
Por su parte, Fulvio Rossi, exsenador del Partido Socialista, señaló que estas discusiones dentro del órgano constituyente develan “ignorancia y totalitarismo”, por lo que votará Rechazo en el plebiscito de salida ya que ve la posibilidad de que el “país se vaya a la …”.
Lo lamentable es que, ante la realidad dentro de la Convención Constitucional, los medios de comunicación chilenos no difunden con la misma fuerza estos dichos e iniciativas como lo hacen, por ejemplo, con las curiosidades que se pueden saber de Gabriel Boric —que le gusta la mayonesa casera, los videojuegos o que incluso, cómo se prepara una “piscola” (trago compuesto de pisco más coca-cola).
En cambio, sí hacen escándalos cuando convencionales señalan, de manera coloquial, que la Convención es un circo —como los dichos de Teresa Marinovic, que reflejan cómo piensa gran parte de los chilenos— o que los convencionales Ruth Hurtado y Arturo Zúñiga han ligado a su par, Francisca Linconao, con el asesinato del matrimonio de edad Luchsinger-Mackay en 2012 —quienes murieron en su casa incendiada en La Araucanía por un ataque terrorista mapuche— a pesar de tener vínculos directos con los condenados.
En definitiva, la Convención Constitucional perdió su rumbo. Si bien nunca fue la “casa de todos” como señalaron tras pactarse el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, en noviembre de 2019, hoy hay izquierdistas que dudan del proceso constituyente. Pues se han dado cuenta de que la radicalidad pasa por todos —incluyendo a los izquierdistas de centro y letrados— y no lo pueden detener. La última esperanza para que Chile no se rinda ante el abismo y la decadencia comunista es rechazar en el plebiscito de salida.
