Tras la llamada de AMLO con Joe Biden, los diputados federales de Morena plantearon una serie de 48 reformas constitucionales que son vistas por la Iglesia Católica, la oposición y asociaciones civiles, como una embestida del progresismo contra la familia, la libertad religiosa, la educación privada, y a favor del aborto.
El dictamen de la iniciativa modificaría 29 artículos constitucionales y ya fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahora deberá ser votado en el pleno de la Cámara baja.
Con los cambios que proponen los morenistas al artículo 1º de la Constitución, quedaría prohibida la discriminación por “identidad” y “expresión de género”.
Pero, como la identidad y el género dependen -según el progresismo internacional-, de cómo una persona se percibe a sí misma, es decir, de su imaginación, no podrá objetarse, por ejemplo, que un hombre de 60 años se asuma como una niña de 6 años, y quiera tomar clases con sus pares en la escuela pública. Sería un “delito” impedírselo.
Ese mismo artículo también prohibiría discriminar por las “preferencias” y “orientaciones sexuales”. Esto abriría peligrosamente la puerta a la pedofilia, al ser la “preferencia” de un adulto, por un menor de edad.
No podría castigarse, porque no puede haber ley alguna por encima de la Constitución. Todo aquel que alegue que le atraen los menores de edad, no podría ser sancionado por la ley, ni criticado por nadie.
En cuanto a la pornografía infantil, se podría aludir a esta reforma para no sufrir “discriminación” por esa “preferencia”.
E incluso, podría alegarse que un menor de edad, es quien “consiente” en tener relaciones sexuales con un adulto, sin que nadie lo fuerce. Y no podría discriminársele por esa causa.
Las reformas al Artículo 4 hablan de que “toda persona es igual ante la ley”. Esta “protegerá y garantizará”, en igualdad de derechos, la organización y el desarrollo de “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar”, incluyendo a las integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil”.
¿Qué se puede entender por “todas las formas de comunidad familiar”? Por ejemplo, un “matrimonio” o “pareja” de tres, cuatro o más personas, tendría la misma validez que el de una pareja natural. Y con ello, la posibilidad de adoptar hijos, ya que no podrían ser discriminados por nadie.
Ese mismo artículo se refiere al “derecho” a la “autonomía reproductiva”, o sea a “tener hijos, o no”. Resaltando el “o no”, que debe interpretarse como la posibilidad de abortar sin penalización. El trapo verde se hace presente en México, luego de la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a México, y la vídeo llamada de Joe Biden a AMLO.
Y el artículo propone: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de la identidad de género, para el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad”. Desde la óptica de los wokes, el “género” es una creación propia, no tiene que ver con el sexo, con la biología.
De esta manera, en la línea de Simone de Beauvoir, el género es una construcción cultural, y ahora cada quien sería reconocido como lo que haya seleccionado “a la carta” dentro los 112 de géneros que alguien inventó.
El artículo 6 acortaría significativamente la libertad de expresión, ya que, propone que: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, “sino en el caso de que reproduzca los estereotipos de género que denigren la imagen de las personas…”.
O sea, nadie puede ya hacer alusión a lo que es un hombre o una mujer, porque no se ve la manera de hacerlo sin caer en estereotipos.
Curiosa coincidencia, en Estados Unidos una escuela pide que los alumnos ya no usen la palabra “papá” o “mamá” en su guía de “lenguaje inclusivo”, porque otros podrían ofenderse. Qué alineados con el pensamiento woke parecen los diputados de Morena.
O tal vez busquen imponer estas ideas por “sugerencia” de más arriba, acaso del globalismo de los dems, la ultraizquierda que gobierna los EE.UU.
Ante estas reformas, la Iglesia Católica en México, a través de Rogelio Cabrera, López, Arzobispo de Monterrey y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), emitió un fuerte posicionamiento.
El religioso expresa que ha conocido “diversas iniciativas legislativas que parecen no atender, ni entender, la gravedad de la situación” actual, e impulsan “agendas ideológicas que deberían exigir una discusión social pausada y responsable, así como una fundamentación mucho más sólida, basada en la inalienable dignidad de toda persona”.
Pero no es así según su opinión. “Por el contrario, han ido recibiendo aprobación en el proceso legislativo en el Congreso, sin tener un consenso social amplio”.
Con gran preocupación –apuntan- “advertimos que, en una situación como la presente, se pretendan introducir modificaciones en la Constitución y en leyes secundarias, que abran las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la patria potestad, a intervenciones biotecnológicas en el ámbito reproductivo, al consumo lúdico de la marihuana, entre otros asuntos más”.
Finaliza con un exhorto firme a todos los actores sociales y políticos a que reconsideren sus prioridades.
Platiqué sobre estas reformas con Marco Adame, vicepresidente de la Cámara de Diputados, ex gobernador de Morelos, panista conservador. Consideró preocupante la manipulación ideológica y política de temas que claramente atentan contra la vida y la familia, bajo el concepto de “igualdad sustantiva”.
También señaló como “reprobable” la maniobra legislativa de simular consensos mezclando muy diversas iniciativas de distintas fuerzas políticas para aparentar apertura, pluralidad e inclusión, al tiempo que se niega cualquier posibilidad de diálogo, propuesta y modificación de contenidos.
Porque cabe recordar que Morena tiene una mayoría artificial con sus aliados. Dice Adame que, gracias a ello, “han optado por llevar al pleno temas delicados sabiendo de antemano que con los votos que han conformado se pueden ahorrar la necesidad y exigencia de debatir asuntos torales de la agenda pública, que ponen en riesgo la vigencia del sistema democrático, el desarrollo económico y humano sustentable y el respeto a derechos fundamentales y de la dignidad humana”.
También platiqué con Elsa Méndez, una gran activista pro vida, diputada por Querétaro, quien es autora de una Ley de Perspectiva de Familia, contrapuesta a la ideología de género.
Me dijo que la iniciativa propuesta por la diputada Aleida Alavez de Morena plantea “validar” cuestiones como el cambio de género y el aborto como un derecho. También, “la aplicación de normas de paridad de género en el ámbito privado, la limitación del derecho a la libertad de expresión por cuestiones relativas al género”.
Asimismo, comenta, esa reforma busca “modificar la definición de matrimonio desde al ámbito constitucional y de forma transversal, en cuestión de planeación, presupuesto, ejecución del gasto público, evaluaciones, procuración e impartición de justicia desde la visión absoluta de la perspectiva de género”.
Y todo esto, evalúa Méndez, resultaría en la generación de múltiples antinomias en nuestro sistema jurídico, ya que “diversos derechos y prerrogativas como la protección de la vida, la libertad de expresión, la seguridad y certeza jurídica, la libertad de asociación” entre otros, se verían vulnerados. Se trata de la introducción de la perspectiva de género como “eje prioritario y absoluto para la actividad pública en todos los niveles de gobierno”, e incluso invadiendo la esfera de los particulares.
El diputado federal Éctor Jaime, del PAN, criticó que Morena busca integrar en la Constitución “el concepto #AutonomíaReproductiva, y con ello validar el aborto en el país”.
El movimiento social neocristero “Viva Cristo Rey”, en voz del abogado constitucionalista Mario Gallardo y de Brenda del Río, activista pro vida, criticó las reformas de Morena como una embestida contra la familia, el matrimonio natural y los valores religiosos.
La Alianza Nacional de Padres de Familia a su vez también se opuso al dictamen sobre “igualdad sustantiva”, por pretender aprobar “la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y restricciones a la libertad de expresión”. E invita a firmar contra la “ofensiva abortista” en la plataforma Citizen Go.
