La Fundación Disenso ha presentado este miércoles un informe en el que analiza la situación del español en el actual Estado de las Autonomías en España e incide en la necesidad de su fortalecimiento ante la persecución que sufre en algunas regiones, esencialmente Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y Baleares, donde se están tomando medidas discriminatorias sobre los ciudadanos que desean tener como lengua vehicular al español.
Esta discriminación, recoge el informe, sucede especialmente en el empleo público, la sanidad, la rotulación y en la educación, un sector en el que se están produciendo «los mayores escándalos».
El documento afirma que la riqueza lingüística de España ha sido instrumentalizada desde hace décadas por determinados gobiernos regionales, no siempre de corte nacionalista o separatista, para desplazar al español, algo que se ha producido esencialmente en la Administración y la educación. Así, manifiesta que «estos gobiernos han querido confrontar las lenguas regionales con el español para (…) lograr modificar la realidad sociolingüística de su territorio y así contar con más motivos y posibilidades en la construcción de una identidad nacional soberana».
El informe, que subraya que la Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, aunque los filólogos más reconocidos han concluido que, si bien los términos castellano y español son sinónimos, la palabra español es la más aconsejable y acertada para referirse a la lengua común de España, sostiene que el español es la lengua que la Constitución otorga a todos los españoles y que su consideración como lengua vehicular es preceptiva en todo el territorio nacional y «no puede ser retraída desde ninguna norma».
Así, denuncia que los distintos Gobiernos no hayan adoptado las medidas jurídicas y políticas necesarias para exigir el obligado respeto al español. «España, durante los últimos cuarenta años, se ha esmerado para proteger y garantizar las lenguas cooficiales, hasta el punto de que, en algunos territorios, se ha producido la paradoja de que la lengua cooficial ha apartado, por muy distintas razones, al español, es decir, a la lengua que reconoce el artículo 3.1 de la Constitución como la única lengua oficial para el conjunto de España y de los españoles».
Además, recoge que los Estatutos de Autonomía de las regiones con más de una lengua comenzaron desde pronto a distinguir entre lengua propia, curiosamente siempre la regional, de las oficiales, que serían la regional y el español, «un binomio que revela una intencionalidad sociopolítica de primer orden, toda vez que lo propio es lo contrario de lo ajeno», y añade que «esta dicotomía generada entre lo propio (la lengua regional) y el español (lengua del Estado) está generando una fractura social de enorme preocupación y de consecuencias lamentables para el futuro del sistema representativo y para la convivencia ciudadana».
«Por ello es necesario ofrecer soluciones para impedir la disgregación de la soberanía de España mediante el menosprecio a su lengua. No recuperar el uso del español como lengua habitual y vehicular en toda la geografía española, con el mismo pragmatismo y determinación con la que han procedido algunos de los enemigos de España, es un síntoma de nuestro propio suicidio cultural«, concluye.
