Luego de la emisión de una entrevista al terrorista Mauricio Hernández Norambuena, el pasado lunes 15 de marzo, por el canal televisivo chileno La Red, varias personalidades del mundo político emitieron opiniones tanto de la entrevista como del contenido de la misma.
Cabe recordar que Hernández Norambuena, que usaba el alias de “Comandante Ramiro”, participó del asesinato del senador chileno de derecha Jaime Guzmán Errázuriz en 1991, la figura política más relevante del siglo XX en Chile.
No es de extrañarse, entonces, que quienes se sienten identificados con las ideas de Jaime Guzmán ―o simplemente quienes condenan la violencia como método de acción política―, hayan querido reprochar el hecho que en plena televisión abierta, un programa le diera cerca de 2 horas de pantalla a un asesino y secuestrador (crimen por el cual estaba detenido en Brasil desde 2002 hasta su extradición a Chile en agosto de 2019).
Por este motivo, más de una decena de dirigentes universitarios redactaron una carta pública haciendo sentir su descontento, tanto por la emisión de la entrevista desde la Cárcel de Alta Seguridad saltándose los protocolos, como porque en la propia entrevista, Ramiro valida el asesinato del senador, victimizándose ―además― como un “preso político”.
De todos los firmantes, dos fueron rápidamente amenazados con ser destituidos de sus cargos por firmar una carta no consultada, más allá de que fue suscrita a modo personal. Las amenazas provinieron de grupos políticos universitarios de representación.
El caso de Brian Heavey, exrepresentante de la mesa interina de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), es una muestra de la vulneración de la libertad de expresión. Fue expulsado de su cargo por condenar la violencia.
A Heavey se le acusó de “exceder atribuciones” ―según comenta en sus redes sociales el propio afectado― y, en una cuestionada votación, fue finalmente cesado de su cargo.
“Representé a estudiantes que sí creemos en la democracia, la tolerancia y la libertad. Seguiremos usando nuestro derecho a opinar, aunque le moleste a quienes cancelan la diferencia”, aseguró en un medio local de la región de Valparaíso.
Este hecho inició un proceso de discusión, incluso a nivel de prensa, sobre el derecho a opinar. El Mercurio de Valparaíso (13 de abril de 2021) publicó en su edición impresa una editorial titulada Condena a la violencia no acepta letra chica, en ella, el medio señala que “castigar opiniones está absolutamente fuera de lugar en una universidad”. Entender que lo que ocurre es censura por razones políticas reviste de especial gravedad lo que pudo haber pasado como “una condena más” ―dentro de las muchas expuestas― a la entrevista al terrorista.
Con esto queda nuevamente en evidencia la expresión totalitaria de la izquierda, esta vez en su núcleo universitario. Son capaces de cancelar a todos quienes opinen diferente, vulnerando la libre expresión.
Este tema está lejos de zanjarse, pues quedan firmantes de la carta en procesos similares a los del dirigente gremialista, a la espera de que el juicio político llegue a fin.
