Si hay un asunto que rodea a la inmigración ilegal considerado como tabú por parte de los grandes medios de comunicación es, sin lugar a dudas, todo aquello que esté relacionado con los ‘menores extranjeros no acompañados’ y las consecuencias derivadas de la entrada masiva de estos presuntos menores venidos en su gran mayoría del Magreb.
Poco o nada se habla de la cantidad de los denominados ‘menas’ llegados a España durante los últimos años. Y cuando algún partido político se atreve a nombrarlos, es inmediatamente puesto en la diana mediática y judicial, tal y como le ocurriese a VOX durante la campaña de las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid.
Tal resulta el nivel de opacidad existente en torno a los miles de jóvenes que entran ilegalmente en España cada año, que ni tan siquiera el Ministerio del Interior arroja a la luz pública datos que nos sitúen ante la magnitud del problema que está viviendo un país que se encuentra bajo el punto de mira de las mafias de la inmigración ilegal como un gran producto para todos esos supuestos menores de edad que quieren llegar a Europa por la vía de la ilegalidad. Mafias que bien saben lo que deben aconsejar a todos estos jóvenes que acceden a territorio español con la idea de que nuestro país corra con todos los gastos pertinentes que su manutención y educación pueda precisar de forma indefinida. La oferta es diversa y dependiendo de la Comunidad Autónoma que asuma la tutela, tendrás unos u otros beneficios.
Si bien estos datos resultan invisibles en los balances e informes de Interior, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) del Cuerpo Nacional de Policía se encarga cada año de llevar a cabo la contabilización de todos aquellos jóvenes que son declarados como menores una vez han accedido ilegalmente a España.
Acorde a los últimos datos de la CGEF a los que ha tenido acceso La Gaceta de la Iberosfera, durante el año pasado llegaron un total de 3.307 menas a España. Un 15,11% más de los que llegaron en el año 2019 y unas estadísticas únicamente superadas por las nefastas cifras que nos dejó el 2018, cuando más de 7.000 menas llegaron ilegalmente a España.
Si bien tuvo lugar un repunte de casi un 300% entre los años 2016 y 2017, fue tras la llegada de Pedro Sánchez al poder cuando la llegada de menas aumentó exponencialmente, pasando de los 2.345 llegados en 2017 a los 7.026 que se registraron en 2018. De los más de 16.500 menas llegados en los años comprendidos entre 2015 y 2020, más del 79% llegaron con el actual Gobierno.
Según reflejan las estadísticas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la mayoría de los ‘menores extranjeros no acompañados’ llegados el año pasado son en su mayoría del sexo masculino, un 97,61% del total (3.228), registrándose la entrada de únicamente un 2,38% del sexo femenino (79). Por nacionalidades la mayoría proceden de Marruecos, más del 42% (1.393), le siguen los naturales de Malí y Argelia, con registros de un 17,44% (577) y un 16,60% (549) respectivamente. El resto se divide entre menas que proceden de Senegal (13,24%), República de Guinea (3,56%) y Gambia (3,29%). Y a mucha distancia los llegados desde Costa de Marfil (1,96%) o Camerún (0,48%).
En otro orden de cosas y según lo contemplado en la última memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) en lo referente al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre 2020, figuraban inscritos un total de 9.030 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección autonómicos. De ellos un 90,37% (8.161) de sexo masculino y tan solo un 9,62% (869) de sexo femenino.
Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que más menas acoge según el Registro con un 27,76 % (2.507) de tutelados. Le siguen Canarias con un 20,47% (1.849) y Cataluña con un 12,93% (1.168). El resto se reparten entre la Ciudad Autónoma de Melilla (798, el 8,83 %), Ceuta (496, el 5,49 %), Comunidad Valenciana (473, el 5,23 %), el País Vasco (471, el 5,21 %), Madrid (356, el 3,94 %), Murcia (205, el 2,27 %), Navarra (151, el 1,67 %), Aragón (126, 1,39 %), Baleares (86, el 0,95 %), Castilla la Mancha (75, el 0,83 %), Galicia (71, el 0,78 %), Cantabria (58, el 0,64 %), Castilla y León (49, el 0,54 %), Asturias (44, el 0,49 %), Extremadura (35, el 0,38 %) y La Rioja (11, el 0,12 %).
Entre los tutelados por los diferentes sistemas de acogida autonómicos cabe destacar que la mayoría son magrebíes, en concreto de Marruecos en un 60,45% (5.459) y de Argelia en un 7,86% (710). El resto proceden del África subsahariana: de Malí en un 7,61 % (688), de Guinea Bissau un 5,60% (506), de Costa de Marfil un 3,84 % (347), y de Gambia en un 2,64 % (239).
Por otro lado, la FGE en su última memoria publicada este mes septiembre, recoge algunos problemas de coordinación por parte de Cruz Roja a la hora de establecer los protocolos necesarios para la realización de las pruebas para la determinación de edad a los menas llegados a Canarias. Según se cita textualmente en este último informe de la FGE, “el desbordamiento de los servicios ante la llegada masiva de inmigrantes a las costas de Canarias ha provocado que al finalizar el año 2020 quedarán por resolver 1.076 expedientes de determinación de edad (400 en Tenerife)”. Más de la mitad de los tutelados actualmente por los sistemas de acogida del archipiélago canario.
En lo que concierne a las diligencias procesales para la determinación de edad, continúa llamando la atención la gran cantidad de supuestos menores que finalmente resultan ser mayores de edad tras la realización de las pruebas oseométricas.
Según los datos recopilados en la última memoria de la Fiscalía General del Estado, más de un 30% de las pruebas practicadas durante el año 2020 arrojaron un resultado de mayoría de edad y casi un 17% de estas pruebas fueron archivadas por errores en su realización o fuga de los menores tutelados. La FGE llega a afirmar que se han “detectado nuevas fórmulas de fraude en materia de determinación de edad” y que una vez se les concede el asilo a algunos de estos supuestos menores “afirman ser adultos”.
