Gustavo Petro vuelve a sorprender. Ya no se trata de incluir en su campaña al expresidente Ernesto Samper, quien llegó al poder en 1994 gracias al apoyo decidido del cartel de Cali, o a Roy Barreras, el senador que ha acompañado a todos los gobiernos y ahora fue elegido senador por el Pacto Histórico, o a Alfonso Prada, cuestionado (por el mismo Petro) exdirector del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y ex secretario general de la Presidencia de la República durante el Gobierno de Juan Manuel Santos; sino de sugerir un “perdón social” para los políticos condenados por corrupción. Es evidente que Petro está buscando acuerdos con todos los sectores, independientemente de su probidad moral. Lo que importa es lo que él tanto ha criticado y denunciado: que movilicen electores, sea como sea.
Tan grave es el asunto, que reconocidos militantes y líderes de la izquierda colombiana han puesto el grito en el cielo. Hasta el famoso caricaturista “Matador”, siempre crítico de la derecha colombiana y del expresidente Uribe, publicó en su cuenta de twitter: “Con tanta idiotez que hace Petro, creo que en el fondo es el de Uribe. Hace todo lo posible para no ganar. Eso no tiene perdón social”. Por su parte, Carlos Fernando Galán, uno de los dirigentes más importantes del Nuevo Liberalismo e hijo del asesinado político liberal Luis Carlos Galán, denunció que “Marquitos Figueroa, asesino conocido como ‘el terror de La Guajira’, pidiendo votar por Petro, hablando de reforma a la justicia, de reducción de penas y de perdón social. El diálogo, entonces, no fue solo con Iván Moreno sino con varios de los peores delincuentes del país”.
Todo se desprende de al menos una reunión que sostuvo Juan Fernando Petro, hermano del líder máximo del Pacto Histórico, con el condenado por corrupción Iván Moreno Rojas, hermano del destituido y condenado exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas (2008-2011), en la cárcel La Picota en la capital del país. Allí, al parecer, se retomó la idea de un ‘perdón social’ para poner fin a los conflictos que hoy enfrenta Colombia.
Sin embargo, el asunto es grave, pues las tesis hasta ahora compartidas sobre perdón y reconciliación giraban en torno a actores armados o bandas criminales, buscando su desmovilización y resocialización. La propuesta de los Petro borra ese límite y sugiere establecer puentes con políticos condenados por corrupción, incluyendo a quienes él mismo denunció, como los hermanos Moreno Rojas y su sanedrín, quienes se apropiaron indebidamente de billones de pesos cuando Samuel Moreno ejerció como alcalde mayor de Bogotá.
El mismo Petro ha fijado una aclaración al respecto, buscando desviar el asunto: “¿Significa el perdón social que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas? Para nada. Al contrario. El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas”. El problema es que en Colombia son muchos los políticos que pagan sus penas y salen a disfrutar de sus fortunas y de su poder. Es común que dirigentes condenados y presos en las cárceles, mantengan amplia influencia en la política regional y nacional; algo que Petro siempre criticó y acusó a los gobiernos de tolerar. Ahora resulta que promueve el perdón para estos delincuentes por parte de la sociedad.
El afán por lograr llegar a la presidencia parece estar llevando al Pacto Histórico a aceptar el apoyo de todas las facciones políticas, sin importar sus cuestionamientos, investigaciones o condenas. El hermano de la senadora electa por ese movimiento, Piedad Córdoba, ha sido solicitado en extradición. No importa, pues para la izquierda esto se trata de una persecución política.
El senador Armando Benedetti está siendo investigado por la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito. No importa, mientras no esté condenado se presume siempre la inocencia. Desde las cárceles, políticos condenados por corrupción y otros delincuentes han buscado acercarse a Petro y promueven su candidatura. No importa, seguirán en prisión hasta cumplir sus condenas, pero al salir recibirán el “perdón social”.
Toda sociedad tiene normas legales, morales y sociales. La armonía entre las tres favorece el cumplimiento de la ley, tal como lo expone brillantemente el excanciller Jaime Bermúdez, en su último libro “¿Por qué incumplimos la ley?”. Petro ha optado por cuestionar las primeras, alegar que las segundas deben cambiar porque suelen tener un carácter conservador y excluyente. Ahora busca destruir los débiles cimientos de las terceras, reemplazándolas por el “perdón social”. Si la corrupción es el problema más grave que identifica la mayoría de colombianos encuestados en diferentes estudios al respecto, queda claro que la relación de los ciudadanos con el Estado, a través del cumplimiento de la legislación, quedará en veremos.
