«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
legaliza las confiscaciones de bienes y propiedades de ONG

La tiranía de Ortega aprueba nuevas leyes para controlar aún más a la población de Nicaragua

El tirano Daniel Ortega junto a su esposa, Rosario Murillo. Twitter

La crisis sociopolítica en Nicaragua permanece estancada sin una salida visible, al menos a corto plazo. La dictadura sigue reprimiendo a la oposición y aprobando nuevas leyes para ampliar los controles a la población. En este sentido, el régimen aprobó dos nuevas regulaciones legislativas a través de la Asamblea Nacional dominada por el partido de gobierno, el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La dictadura sandinista aprobó la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, con la que persigue controlar las organizaciones no gubernamentales (ONG). Para ese fin le otorga mayores facultades al Ministerio de Gobernación, que se ha convertido en la herramienta represiva empleada por el régimen contra organismos de la sociedad civil.

El exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, dijo que la dictadura continua “aprobando más leyes para sumar más control a la sociedad, aparte del estado de represión institucional permanente” que vive el país.

La nueva regulación prohíbe a las oenegés involucrarse en actividades políticas y “legaliza” la confiscación de bienes y propiedades de las organizaciones que sean canceladas bajo los criterios de la dictadura, que argumenta como motivos: los actos ilícitos para violentar el orden público [las protestas], obstaculizar el control y vigilancia de las oenegés, desnaturalizar los objetivos y fines de la organización, no reportar estados financieros y la organización de actividades contrarias a su naturaleza. Esta ley sustituyó, con mayores restricciones, a la Ley Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.

El régimen ha cancelado más de 130 oenegés argumentando “falta de trasparencia” al no reportar sus estados financieros. La dictadura exige informes sobre la cantidad de fondos que reciben las ONG y en qué se invierten. Muchos de estos organismos pertenecían a críticos de Ortega.

Una de las organizaciones que ha sido cancelada y cuyos directivos y trabajadores han sido sentenciados a prisión con condenas que oscilan entre 8 y 13 años, es la Fundación que lleva el nombre de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y que era dirigida por sus hijos. El régimen acusa a Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios de “lavado de dinero”, y terminó enjuiciándolos sin acceso a un proceso justo y la debida defensa.

La legislación pretende acabar con las oenegés y todo apunta a que sólo sobrevivirán las que se sujeten a los controles de la dictadura. La nueva regulación también afecta a los organismos sin fines de lucro de carácter internacional.  Además, el régimen aprobó la reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que regula el funcionamiento de las universidades, esto ocurre tras la cancelación de 19 universidades en el país en lo que va de 2022.

Últimos juicios de la tiranía

La dictadura de Daniel Ortega ha “condenado” a 44 de los 47 opositores presos en el contexto de las elecciones de 2021. Solo dos de ellos quedan pendientes de “juicios”. El régimen ha dejado para lo último a los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que llevan detenidos casi seis meses.

Uno de los opositores presos murió bajo régimen carcelario: el general en retiro Hugo Torres. El excamarada de Ortega, que dirigió las agencias de Inteligencia durante el primer régimen sandinista, falleció antes de ser enjuiciado.

Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del COSEP, tienen juicios programados para el próximo 28 de abril. El organismo empresarial permanece en silencio sobre el encarcelamiento de sus líderes, mientras el actual presidente interino de la institución, César Zamora -que ha sido un aliado de Ortega- no se ha pronunciado directamente sobre el tema.

Igual sucedió con el caso del expresidente del COSEP, José Adán Aguirre, condenado por la tiranía a 13 años de cárcel. La institución, que fue aliada de Ortega hasta abril de 2018, tras las protestas de la disidencia contra el binomio Ortega-Murillo, guarda silencio y promueve la actividad empresarial como si el país estuviese en plena normalidad.

Dávila sostiene que no hay diálogo o negociación posible con la dictadura. “Nadie, ni la oposición ni la comunidad internacional van a legitimar a la dictadura, más ahora que se ha enredado en el juego de la geopolítica mundial a favor de la invasora Rusia”, apuntó.

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