«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
VOX Y PP ALCANZAN UN PACTO PARA UN GOBIERNO ESTABLE Y DURADERO

Las claves del acuerdo en CyL: defensa del mundo rural, reindustrialización y fin del gasto superfluo

El líder de VOX en Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Europa Press

VOX ha logrado alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP para dotar a Castilla y León de un Gobierno sensato, cambiar el rumbo de la región y garantizar «estabilidad, solidez y gestión eficaz».

El pacto alcanzado por ambas formaciones, con 11 ejes de gobierno y 32 acciones, incluye la defensa del mundo rural, el reconocimiento del carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, y de la industria agroalimentaria, y el favorecimiento de la reindustrialización, así como promover el equilibrio territorial entre todas las provincias, a través de planes de inversión, fomento y desarrollo.

El acuerdo, por el que el PP tendrá la presidencia de la Junta de Castilla y León y siete de las diez consejerías, y VOX contará con tres consejerías y la vicepresidencia, incluye la aprobación de una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar «para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas»; el impulso de una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar; el apoyo a la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos; y la reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos.

Además, añade la consolidación de un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico; y la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos.

Por otra parte, el acuerdo considera el drama de la despoblación, suma la exigencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez de una reversión de la política energética «que ha perjudicado a las familias y ha reducido la competitividad de las empresas», y de planes hidrológicos.

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