Recientemente la senadora y exguerrillera Victoria Sandino publicó una carta en compañía de Israel Zúñiga Iriarte, quien solía ser alias “Benkos Biohó” en la guerrilla, haciendo precisiones importantes con respecto al grupo terrorista al que pertenece.
La carta se titula “La rebelión no es un crimen de guerra” y su principal tesis fue declarar que las FARC «no fue una organización criminal, fue una organización rebelde«, lo que la llevó a negociar un acuerdo especial con el Estado y otros sujetos de derecho internacional. Este documento fue publicado en su cuenta de Twitter y comentado ampliamente por la opinión pública en redes.
Sandino justifica el levantamiento en armas que tuvo la guerrilla de las FARC como «una decisión política en el marco del derecho a la rebelión contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos». Agrega además que la guerra nunca fue la primera opción y que se vieron «obligados a ejercerla» como respuesta a demandas sociales.
No ha habido justicia aún, pero Sandino legitima la violencia de las FARC, agregando que “los avances que el país espera de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre todos los hechos victimizantes de todos los actores del conflicto armado colombiano deberían enmarcarse en una justicia reparadora, restaurativa y prospectiva, que nace del reconocimiento mismo del carácter político de la confrontación armada librada por décadas en nuestra patria.”
Ambos autores son enfáticos en resaltar el carácter «político y no criminal» del conflicto y la toma de armas. Seguramente faltó un pronunciamiento con respecto a los cientos de niños reclutados, las torturas, los asesinatos, los secuestros y las extorsiones.
En una entrevista que brindó al medio El Tiempo, Sandino afirmó que hay discusiones al interior del partido en torno a la implementación de los acuerdos, que lo que está en juego es la construcción de paz y, además, que el calificativo de “criminal” para su organización no hacía justicia a los hechos.
Posterior a la publicación del comunicado, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, actual líder del partido político de la guerrilla de las FARC, Comunes, desautorizó a los líderes y argumentó que la divulgación del documento no fue consultada con el partido.
Estas declaraciones han generado todo tipo de eco en la sociedad colombiana. Entre ellas, la columnista Ani Abello decidió publicar en su cuenta de Twitter una lista de las víctimas de las FARC, argumentando que están olvidadas y sin reconocimiento. Ante la polémica, la periodista afirmó que “hay alguien que tiene miedo de mostrar a las víctimas porque la mejor forma de justificar la impunidad es si se olvida el delito”.
Adicionalmente, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) entregó un informe ante la JEP en el que se detalla que las víctimas de reclutamiento armado forzoso eran principalmente niños entre los 13 y 17 años. Este documento se basó en testimonios de padres de familia víctimas del horror del secuestro, tortura y reclutamiento forzoso de sus hijos menores de edad.
A pesar de tener cientos de testimonios en su contra, de que madres lloran a sus hijos, familiares a sus desaparecidos y las secuelas de la violencia y la preocupación de la toma de las instituciones y la democracia juegan en contra de la guerrilla de las FARC (que de extintas solo tienen el calificativo que algunos medios les dan), es innegable el empeño que tiene este grupo evidentemente criminal por reescribir la historia de un país que se vio manchado de sangre por décadas en manos de sanguinarios que ahora ostentan curules en el congreso sin haber pagado un solo día de castigo.
El cinismo de pretender borrar la palabra “criminal” y cambiarla por “rebelde”, la ironía de querer borrar la violencia desde el lenguaje y la superioridad de creer que se puede pasar por encima de todo un país que pide a gritos justicia, son fantasmas de los que difícilmente se librará las FARC. Colombia merece paz, pero una que ante todo pase en por justicia y real reparación a las víctimas.
