Recientemente se dieron a conocer algunos datos económicos del cierre de año en Colombia. Aunque la inflación fue de 6,94% en 2021, en el rubro ‘alimentos’ -que afecta de manera más grave a la población en condición de pobreza- el incremento fue de 19,9%. Esto implica que el incremento de 10,07% del salario mínimo, pareciese estar teniendo un efecto contrario al deseado y hoy la población que no cuenta con un empleo formal enfrenta una situación aún más difícil que la que tenía antes del aumento salarial.
Vale recordar que en Colombia hoy la tasa de informalidad ronda el 50% y la desocupación está en torno el 11%, por lo que cualquier incremento al salario mínimo beneficia apenas a quienes tienen una relación laboral formal con ese salario fijado, pero el impacto económico de la medida es general.
El Banco de la República reaccionó y en la primera sesión de su junta directiva en 2022 subió en 100 puntos básicos la tasa de intervención, quedando en 4%, a lo que el jefe del Estado, Iván Duque, reaccionó alegando que los aumentos de tasas deben hacerse “con finura, controlar la inflación, pero también seguir manteniendo el crecimiento porque ese crecimiento es fundamental para vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida de los colombianos”.
José Manuel Restrepo, ministro de hacienda, ha informado sobre el conjunto de medidas que tomará el Gobierno nacional con el fin de frenar la inflación, e insiste en que se trata de un fenómeno global, por los estragos que enfrentan las cadenas de suministro. Anunció que el Gobierno busca reducir los costos de producción, reduciendo aranceles para insumos, y que se ampliará el número de beneficiaros del programa “ingreso solidario” (renta básica) a un millón de personas.
Sin embargo, llama la atención que la deuda externa ya bordea el 60% y el déficit fiscal superó el 8%, dejando atrás la regla fiscal que otrora era valorada como punto de partida de cualquier presupuesto y que buscaba llegar terminando la década a un déficit por debajo del 2%.
Para nadie es un secreto que el próximo gobierno tendrá que hacer aprobar una reforma tributaria con urgencia, pues las cuentas sencillamente no dan. Esta situación para algunos se desprende exclusivamente de la pandemia del COVID19, pero olvidan que en el primer año de gobierno no hubo reducción de la burocracia y mucho menos del gasto público. Ambas promesas eran clave en la campaña presidencial de 2018, antes de que se tuvieran que tomar las medidas excepcionales de febrero de 2020, como respuesta al coronavirus.
No se puede negar que el Gobierno Duque promovió e hizo aprobar una reforma tributaria que mejoraba de alguna manera la situación de las empresas en 2018, pero se negó a proceder con los ajustes en gasto y burocracia que se requieren para balancear el presupuesto. Por el contrario, se crearon nuevos ministerios, se aumentó el presupuesto para la universidad pública, se subieron los salarios de los funcionarios del Estado y se celebró, incluso en el peor momento de la pandemia, el incremento anual del salario mínimo varios puntos por encima de la inflación.
El año pasado la radicación de una reforma tributaria para enfrentar los estragos causados por el cierre de la economía generó meses de caos y violentas revueltas que forzaron la salida del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hoy codirector del Banco de la República. El nuevo ministro logró un acuerdo político para aprobar una nueva reforma que castigaba a las empresas y evitaba ampliar la base de personas naturales que deben declarar renta. Así, hoy una empresa en Colombia debe pagar un impuesto de renta del 35%, mientras que en 2018 era de 34% y en 2019 se proyectaba para ser del 30%.
Se alegó en su momento que la clase media no podía asumir una carga tan difícil, por lo cual, como siempre, deben entrar a recoger los platos rotos quienes generan empleo, utilidades y sostienen realmente, vía impuestos, buena parte de los gastos del estado: las empresas. Aún así, hoy, con un salario mínimo “histórico”, la inflación es crítica y en las plazas de mercado y tiendas es evidente la subida en los precios de productos básicos, asunto que sigue abriendo el camino a las propuestas populistas de izquierda radical. Esas que olvidan las lecciones de economía para lanzar propuestas para que solo unos pocos paguen más en impuestos y los demás reciban todo por parte del Estado.
A la crisis fiscal y a la inflación, se le suman los gravísimos problemas de seguridad en las ciudades y la pérdida del control territorial en zonas donde hoy impera el narco. La izquierda aprovecha todo esto para insistir en que su modelo es la única salida. A tres meses de la elección presidencial, queda muy poco tiempo para que los partidos y movimientos que defienden las tesis de libertad y orden se unan. El escenario es difícil y el populismo abonó la tierra en las narices del gobierno que iba a tomar otro rumbo.
