Los venezolanos en la diáspora, que huyeron de Chávez y de Maduro, repiten siempre que “vienen del futuro”, y que ya saben cómo acaba la película que ahora ha comenzado en Chile, Honduras, Perú, y particularmente, y por desgracia, en México, donde con Andrés Manuel López Obrador, hay ahora 3,76 millones más de personas pobres en México, y la pobreza alcanza ya a 55,7 millones de mexicanos, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Y tienen razón. 2021 ha sido un año en el que sobran datos de cómo el gobierno de la llamada “cuarta transformación”, encabezado por AMLO, ha seguido al pie de la letra un guión para llevar al país al socialismo, aunque sin decirlo abiertamente.
Este “socialismo blando” se distingue del socialismo clásico en que no llega al poder por la vía armada, sino por las urnas electorales. Pero este tipo de gobiernos, una vez establecidos, empiezan a demoler todas las instituciones de la democracia, y a los organismos autónomos, ya sea quitándoles el presupuesto o tripulándolos con gente de su confianza.
De hecho, desde mitades de 2020, AMLO ya había considerado hacer desaparecer 100 organismos autónomos, con el argumento de que representan un gasto muy alto, y que sus secretarías podrían desempeñar todas esas funciones.
AMLO ha estado atacando todo el año al Instituto Nacional Electoral (INE), al grado que sus personeros legislativos han hasta denunciado penalmente a los consejeros. También trae en la mira al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha revelado el alto número de contratos del gobierno otorgados por asignación directa.
La agenda del gobierno mexicano se ha concentrado en cinco puntos casi calcados del chavismo: soberanía energética, militarización de cargos públicos, estructura de brigadas de contacto social (servidores o “siervos” de la Nación), gran asistencialismo y propaganda sin fin.
La soberanía energética realmente no lo es; es socialismo. Si fuera nacionalismo, o “soberanismo”, no tendría por qué no permitirse a los inversionistas mexicanos participar de ese sector. Pero no. El gobierno quiere controlarlo todo, lo cual equivale a una estatización. Con la consecuencia de que tal criterio genera miedo en los mercados, retiro de capitales y causa pérdida de empleos.
La militarización tiene la meta de tener a las Fuerzas Armadas del lado del gobierno, y amedrentar opositores. Y pese a que el artículo 129 de la Constitución expresa que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer funciones que no tengan que ver con la disciplina militar, el ejército hace bastantes funciones extra, como ser empresarios con el Tren Maya, construir el aeropuerto de Santa Lucía, y también cerca de tres mil sucursales del Banco del Bienestar.
También, remodelar hospitales y operar en aduanas y puertos, además de participar en el programa de siembra de árboles, vigilar la vacunación contra del covid-19, y distribuir medicinas, equipo médico y libros de texto. Y no podía faltar mencionar el rescate en avión militar a Evo Morales, de la justicia de Bolivia.
Nada lejos la militarización en México de la de Venezuela, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana opera empresas petroleras, bancos, fábricas de vehículos y ropa, y constructoras.
La construcción del bloque rojo latinoamericano por parte de AMLO y su canciller Marcelo Ebrard se acentuó en 2021, intentando usar a la CELAC para desplazar a la OEA, sin éxito. También ya tienen el control del Grupo de Puebla, que ha suscrito las propuestas de AMLO vertidas en la ONU, de impulsar un Plan de Fraternidad y Bienestar.
Líderes izquierdistas del continente viajaron para pedirle favores al mandatario mexicano. Alberto Fernández, de Argentina, vino a México a finales de febrero, y el 24 de marzo, tocó turno a Luis Arce, presidente de Bolivia, quien es del mismo partido que Evo, el Movimiento al Socialismo (MAS). Luego en diversas reuniones bilaterales o de la CELAC, vinieron Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Marco Enríquez Ominami, entre otros.
2021 fue un año de elecciones intermedias, en las que se renovó la cámara de diputados, y 15 gubernaturas. La oposición denunció reiteradamente el uso de los “servidores de la nación” -empleados del gobierno- con fines electorales, de propaganda.
Sólo la nómina y los gastos operativos de estos “siervos” cuesta a los mexicanos $6 mil 104 millones de pesos, por año; es decir, unos 244.160,000 euros. Y este esquema le ha funcionado a AMLO, ya que su partido ganó 11 de 15 gubernaturas, y con sus partidos satelitales, una más, San Luis Potosí, con una alianza del Verde y el PT. Morena obtuvo 198 diputados federales (de 500) y el PAN, el mayor de la oposición, sólo 114.
Al mismo tiempo, el gobierno de AMLO mantuvo sin medicinas oncológicas a niños con cáncer cuyos padres poco a poco se fueron radicalizando y cerraron las vías al aeropuerto en protesta, al menos seis veces.
En junio ya se habían promovido 221 amparos para poder obtener los cinco medicamentos oncológicos más importantes, entre los cuales están metotrexato, ondansetron y cisplatino. Luego de más de mil días sin medicamentos, AMLO llamó “golpistas” a los padres de familia.
AMLO dio un extraño salto cuántico de su acostumbrado “soberanismo” y nacionalismo de siempre, para ofrecerle apoyo a Joe Biden en pos de cuajar un regionalismo económico –al estilo de la Unión Europea-, pero cuya meta sería intentar detener la hegemonía de China, uniendo a toda América.
La visita de Santiago Abascal a México el 2 y 3 de septiembre, y su asistencia al Senado, fue de lo más rescatable que pudo organizar la oposición mexicana, así sea que luego algunos legisladores (no todos), se echaron para atrás, viéndose acaso advertidos de perder ciertos encargos partidistas, por haber firmado la Carta Madrid -el mejor documento a favor de los derechos y libertades, y de lucha contra el socialismo que se haya visto en décadas-, que ha servido para articular a las derechas del mundo hispanohablante. Sólo desde la ignorancia se puede calificar a tal carta como de “extrema derecha”, o bien, desde la mala leche, la de aquellos funcionales al gobierno socialista. Abascal hizo llorar a la izquierda mexicana.
El 18 de septiembre tuvo lugar la 7ª Cumbre de la CELAC, ensombrecida por la presencia impune de tiranos como Díaz-Canel y Maduro. Ahí AMLO dijo algo sorprendente, que debe tomarse como el inicio del entreguismo de la soberanía al globalismo, con el objetivo de ganar en retorno apoyo para perpetuar su gobierno:
“Que las controversias sobre democracia y derechos humanos se diriman a petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales creadas por los países de América y que la última palabra la tengan las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas”, dijo el mexicano.
Xi Jinping, presidente de la República Popular China, no tardó en felicitar “a los pueblos de América Latina y el Caribe” por la celebración de esta cumbre de la CELAC.
El 3 de octubre se dieron marchas provida multitudinarias en más de 60 ciudades de México, que rechazaban las decisiones de la Suprema Corte en torno a despenalizar el aborto en todo el país. Se calcula que cerca de un millón de personas salió a las calles ese día.
Aunque esto no fue suficiente para revertir las decisiones de los 11 ministros más “progresistas” de la historia, sentó las bases para una reactivación del movimiento de derecha, conservador, así como de una mayor participación social de la Iglesia Católica y las agrupaciones cristianas en asuntos que conciernen a todos. Por cierto, esa misma Suprema Corte, también autorizó el cambio legal de nombre, y de edad, al gusto del ciudadano, con todos los peligros que esto encierra, alegando el derecho a la “identidad”, con el consabido enfoque woke, donde las identidades son totalmente líquidas.
Luego, el 9 de Noviembre, AMLO se presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde dio otro salto cuántico político, dejando en el ropero su viejo discurso anti-intervencionismo extranjero, y su entronización de la “libre autodeterminación de los pueblos” y de plano propuso: “Instaurar un Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar que garantice el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que viven en condiciones de pobreza”, dijo.
Para alcanzar ese objetivo se necesita echar a andar el “Plan de Fraternidad y Bienestar”, añadió, que consiste en pedir a los mil más ricos del mundo y las mil empresas más acaudaladas, donen el 4% de sus fortunas, para destinarlas a los pobres; y que los países miembros del G-20, aporten el 0.2% del PIB, con lo cual se reuniría cerca de un billón de dólares, según López. También dijo que la ONU debería otorgar “certificados de solidaridad” a quienes aporten fondos para ese Plan.
Por último, el 30 de noviembre y 1º de diciembre, tuvo lugar el 7º Encuentro del Grupo de Puebla en México, que reunió a 200 líderes de 19 países, todos izquierdistas de toda calaña. Vino José Luis Rodríguez Zapatero, quien convalida la tiranía de Nicolás Maduro, y quien según el ex jefe de espionaje “Pollo” Carvajal, tiene una mina de oro; Rafael Correa, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, pupila de Lula da Silva. Dieron su previsible apoyo a Gabriel Boric de Chile y a Gustavo Petro de Colombia.
2021 termina con la consolidación del socialismo blando en México.
