Las vacunas, el tesoro electoral de AMLO

AMLO SE DICE 'LIBERAL', PERO ESTÁ LEJOS DE SERLO

Llevamos interminables meses esperando las vacunas, añorando el día en que somos libres de nuevo. Ellas representan el fin del miedo a contagiarnos, y para quienes sufren comorbilidades, un pasaporte para no acabar muertos.

Simbolizan la reactivación económica, y el punto de apoyo para superar la crisis de salud pública. Así que, cualquiera que tenga las vacunas en la mano, concentra mucho poder. El gobierno de México sabe esto muy bien.

Andrés Manuel López Obrador todos los días se ensaña con sus adversarios políticos y los descalifica tachándolos de conservadores. Él se cree siempre del lado de los liberales. Pero en los hechos, es todo lo contrario a un liberal.

Su gobierno dice tener ya convenios y contratos con diversas farmacéuticas trasnacionales para contar con vacunas suficientes para la mayoría de la población mexicana.

El gobierno federal es centralista cuando le conviene: no ha apoyado con un peso a los gobiernos estatales para afrontar el covid-19 –más bien redujo las partidas federales en todos los estados– y ahora no permite que los gobernadores compren directamente vacunas para sus estados, en donde prefieran.

El alucinado subsecretario de salud López-Gatell se mostró en contra de que los gobernadores obtengan y apliquen las vacunas por su cuenta, alegando que la vacunación le corresponde al gobierno federal, según la Ley General de Salud.

Pero esa ley no está por encima de la Constitución ni de los derechos humanos.

La 4T quiere controlar la aplicación de las vacunas. O sea, el gobierno federal quiere ser el único al que la ciudadanía le aplauda, al que la gente le agradezca llorando su nobleza. Y capitalizar ese sentimiento en las elecciones de 2021.

Legalmente hablando, no hay ley que impida a los gobernadores comprar las vacunas donde quieran y traerlas al país. Ni ningún otro producto.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien se ha destacado por su liderazgo dentro de la Alianza Federalista y en la Asociación de Gobernadores del PAN, asegura que no hay nada que le impida comprar vacunas para su estado, pero señaló dos obstáculos: uno, para introducirlas a México se necesita pasar por las aduanas. Hoy están militarizadas, por orden del gobierno federal.

Y dos, que sean aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), una entidad descentralizada del gobierno federal, que en teoría goza de autonomía. No obstante, las autonomías en México hoy están en jaque.

Este centralismo deliberado no es nada liberal. Friedrich Von Hayek sería el primero en reírse ante un “liberal” que pretendiera limitar la libertad de los otros para comprar lo que necesiten, mucho más si se trata de vacunas urgentes, como en este caso.

El control central del Estado es más bien cercano a un régimen socialista. Como lo es encubiertamente Morena –el partido de AMLO–, suscrito en el Foro de Sao Paolo, y en el Grupo de Puebla, ninguno de los cuales son clubes para liberales.

De hecho, nada impediría ya no sólo a los gobernadores, sino a los alcaldes, y a los hospitales privados, conseguir sus propias vacunas donde les parezca conveniente.

¿No sería esencial en un gobierno liberal permitir esto?

Aún más: cualquier ciudadano cuenta con la libertad de poder vacunarse donde quiera. Dentro o fuera del territorio nacional.

Está en su libertad viajar a Estados Unidos, o a cualquier otro país, para vacunarse, ya sea acogiéndose a un programa de otro gobierno, o pagando la vacuna a una institución privada.

Nadie podría limitar esta libertad del ciudadano, ni de los estados, ni de las instituciones de salud privadas.

Michel Foucault habló en su momento de las medidas disciplinarias que constituyen el biopoder: políticas públicas que inciden directamente en el cuerpo humano, dentro de las cuales la vacunación es un ejemplo notable.

La 4T está usando las vacunas como un instrumento de biopoder, al administrar a su conveniencia política, partidista y electorera, el beneficio que supone la inmunización del Covid-19.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya aparece plasmada en la Constitución mexicana desde las reformas de 2011, obliga al Estado a garantizar la salud y el bienestar de los gobernados.

El gobierno debe vacunar a todos, sin discriminar a nadie, pero violaría los derechos humanos si dificulta los permisos necesarios para que los gobernadores y las empresas de salud también obtengan las vacunas.

No puede alegar el gobierno que todos deben ceñirse a su plan de vacunación y bloquear la libertad de los demás para vacunarse libremente.

Por disparates como esos Murray Rothbard -ícono del anarcocapitalismo-, repudió la planificación centralista, e incluso avalaba la desaparición del Estado. 

No hay argumento que valga para centralizar y controlar las vacunas, de no ser que escondan dudosos fines políticos y electoreros.

El plan de vacunación del gobierno mexicano arroja luz sobre tales posibles fines, ni tan ocultos. Un proyecto que no expresa ninguna prisa en vacunar parejo a todos, y pone a los menores de 40 años, es decir, a la inmensa mayoría de la población, al final de la fila.

La programación gubernamental de la aplicación de las vacunas se extiende de diciembre de 2020, a marzo de 2022. Sólo hasta junio de 2021 inicia la vacunación de gente menor a 40 años. Las elecciones son el 6 de junio de 2021.

El presidente tiene muchos defectos, pero sabe ganar elecciones. Lo malo es que ganarlas parece ser lo único que le interesa, por encima de la salud, y la muy urgente reactivación de la economía.

En los comicios del próximo año se juegan 15 gubernaturas y 500 diputaciones, entre otras cosas. La cuarta transformación puede usar su plan de vacunación para incidir a favor de Morena en las elecciones, aplicando primero la inmunización en los distritos en donde quiera ganarse la voluntad de la gente.  

La vacuna como capital político. Por eso no quieren que los gobernadores ni nadie más tenga la clave de la felicidad electoral.

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