Los militares mexicanos, a los que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quiere ganarse y tener de su lado desde el inicio de su administración, han aumentado en “un 64%” su gasto en contratos que han sido otorgados sin licitación, según información de la Agencia Reforma.
Además de eso, los contratos fueron otorgados a empresas que despiertan sospechas, ya que según comprobó esa misma agencia, son de muy reciente creación, o bien, los domicilios que proporcionaron no corresponden a empresa alguna, sino a domicilios de particulares.
Esto ocurre en un contexto en el cual López Obrador está además poniendo en manos de las Fuerzas Armadas aeropuertos, y vías férreas en las que se invierten miles de millones. El 4 de noviembre, el presidente dijo que tomó la decisión de “entregar en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional”, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Palenque, el Aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum.
Según datos del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), que es generado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2020 la Sedena invirtió 6 mil 331 millones de pesos en adjudicar contratos de manera directa –unos 260.883.956,5 euros-, lo cual representó un aumento del 64% con respecto a lo erogado en 2019 en ese mismo rubro.
Según el Ranking de Instituciones del Índice de Riesgo de Corrupción en 2020, la administración portuaria de Salina Cruz alcanza 53 puntos sobre 100, dentro de la categoría de instituciones gubernamentales que gastaron más de 3 mil millones de pesos, unos 130.434.782,6 euros.
Varias instituciones relacionadas con la salud pública también se hallan en este índice, como por ejemplo el Instituto de Salud Para el Bienestar, el ISSSTE, y la propia Secretaría de Salud.
Asimismo aparecen con altos riesgos de corrupción la Sedena, la secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación.
La SEDENA habría pasado de gastar en compras públicas en 2019, 10 mil 798 millones de pesos -unos 434,817,304.3 euros- a gastar 17 mil 462 millones de pesos, en 2020 –unos 739,150,521.7 euros-.
Según la Agencia Reforma, dos empresas –Angar Azcapotzalco y Soluciones Integrales en Gestión de Riesgo de Desastres- resaltan entre los cinco principales proveedores de la SEDENA en el sexenio de López Obrador.
A Angar Azcapotzalco casi el total de los montos que le fueron asignados entre 2018 y 2020 –un 92%-, han sido por concepto de adjudicaciones directas.
En cuanto a Gestión de Riesgo de Desastres, el 100% de sus montos han sido otorgados por adjudicación directa en 2020. La empresa habría sido creada apenas en 2018.
El estudio del IMCO advierte que el riesgo más alto en relación a la Sedena es contratar empresas creadas recientemente, debido a que en 2020 “otorgó contratos por 199 millones de pesos a empresas que tenían menos de un año de existencia”.
Por ejemplo, señala la Agencia Reforma, la Distribuidora Yovic fue constituida el 30 de junio de 2020 y en ese mismo año habría recibido “10 contratos, por un millón 900 mil pesos”. Además, fue llamada por la Sedena para una “invitación restringida para adquirir refacciones para maquinaria pesada” sólo 22 días después de su constitución.
No obstante, siempre según la investigación de la Agencia Reforma, se visitó el domicilio fiscal de tal empresa, ubicado en la “Cerrada Morelos 9, Colonia Venustiano Carraza, Tlalnepantla”, donde pudo comprobarse que no existe ninguna empresa, porque se trata de un domicilio particular.
Otra empresa más, de nombre “Losequi” obtuvo una adjudicación directa por un monto de 10.4 millones de pesos, por concepto de “equipo de protección (overoles)” para hacer frente a la pandemia del virus de Covid-19.
Se constató en ese caso que tal empresa fue creada el 29 de enero de 2020, y teniendo sólo 93 días de formada, pudo recibir cerca de 26 millones de pesos en contratos por parte de la Sedena. Su domicilio fiscal estaría ubicado la avenida “Gabriel Mancera 725, Colonia del Valle”, en la Ciudad de México.
Por último, refiere la Agencia Reforma, se encuentra el caso de “Bohol Comercio Internacional”, que habría recibido 60 millones de pesos por un contrato en octubre de 2020, por “monitores de signos vitales”, así como un segundo contrato con un monto de un millón de pesos, por concepto de adquisición de “overoles desechables”. Ambos contratos se dieron en el primer año del ejercicio de tal empresa.
