Ya llegó, ya está aquí: los demócratas están decididos a tomar al asalto el Tribunal Supremo, después de hacerse con el Congreso y la Casa Blanca, por el sencillo procedimiento de aumentar el número de sus miembros. Hoy han hecho público un proyecto de ley para que el número de miembros del Supremo -que es también el Constitucional- pase de nueve a trece, cubriendo las cuatro vacantes inmediatamente con sus propios candidatos.
Recuerden, ya anunciamos en estas mismas páginas que lo harían. Pero, antes, una explicación.
A lo largo de su historia, el Supremo estadounidense se ha convertido en un cuerpo muy curioso: un inapelable directorio de dictadores que no tienen que dar cuentas a nadie.
¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que un documento jurídico redactado por tipos del siglo XVIII siga siendo la ley de leyes en el país más avanzado en pleno siglo XXI? La respuesta está en el Supremo, último intérprete de la Constitución. Los propios norteamericanos veneran su Carta Magna como si se tratara de una escritura sagrada que los Padres Fundadores hubieran recibido del Altísimo en el Sinaí, pero lo cierto es que se ha convertido desde hace tiempo en un legajo Humpty-Dumpty, cuyas palabras quieren decir lo que los miembros del Supremo decidan que quieren decir. Así es más fácil.
Esto ha convertido a los jueces en los principales motores de la ingeniería social en Estados Unidos. Ellos, y no los representantes del pueblo, han traído cosas como el aborto como derecho inalienable, el matrimonio entre personas del mismo sexo y, más recientemente, la definición a placer del propio género. Como, además, el cargo es vitalicio -en palabras de un comentarista político, “los jueces del Supremo nunca renuncian y rara vez mueren-, una de las prioridades de cualquier inquilino de la Casa Blanca es procurar colocar a uno de los suyos en tan crucial magistratura.
Cuando se produce una vacante en el tribunal, el presidente de Estados Unidos propone un sustituto, que pasa luego una ordalía pavorosa en el Senado antes de ser aprobado. Pero, una vez dentro, no se le saca ni con agua caliente. Los progresistas suelen ser de fiar: entran progresistas y se mantienen progresistas. No ocurre lo mismo con los conservadores, que a menudo, como el caso del juez Roberts o, hasta cierto punto, Gorsuch, entran conservadores y se hacen progresistas en cuanto visten la toga.
Trump tuvo la macabra fortuna de poder meter en el augusto tribunal a tres de los suyos, Kavannaugh, Gorsuch y Barrett, cambiando la mayoría, de progresista a conservadora. Más o menos, porque con el asunto del fraude electoral y otras cuestiones no han actuado exactamente como se esperaba. Pero, a ojos de los demócratas, no dejan de ser un peligro.
La cuestión principal es el aborto. En un celebérrimo caso en los setenta, que sentó jurisprudencia, el Supremo de entonces sentenció que el aborto era un derecho constitucional derivado del derecho a la privacidad. La idea de que los redactores de la Constitución pudieran haber querido consagrar semejante ‘derecho’ es, naturalmente, del todo absurda, pero lo dijo el Supremo, punto redondo: a partir de ese momento, cualquier ley que hicieran los estados para vulnerar ese derecho era automáticamente nula e inválida.
Pero lo que el Supremo ha hecho puede deshacerlo, y eso es lo que temen los demócratas. Planned Parenthood, la mayor multinacional del aborto, es una inagotable fuente de donaciones, por no hablar de muchos otros donantes que atienden a idénticos intereses. Y luego está, naturalmente, la cuestión del voto. Acuérdense que en su día Bush hijo se impuso a Al Gore por decisión del Supremo.
Pero, ¿cómo lograr una mayoría propia en un cuerpo de miembros vitalicios? Esperar a que vayan muriendo no es una opción para esta gente con tanta prisa, por no hablar del propio Biden a quien no puede quedarle demasiados años. Ahora, la Constitución define la estructura, prerrogativas y condiciones del Tribunal Supremo, pero -y esto es esencial- no especifica el número de sus miembros. Así que el modo más obvio de alterar una mayoría es aumentar el número de jueces; es lo que allí se llama ‘packing de court’. Y eso es lo que pretenden los demócratas. Biden nombrará cuatro candidatos escandalosamente progresistas, el Senado dominado por los demócratas los ratificará, y podrán descansar en la seguridad de que todo lo que les guste será constitucional, e inconstitucional lo que les disguste.
En la remota posibilidad de que, con estos mimbres, vuelva a haber un presidente y una legislatura republicanos, podría contraatacar volviendo a aumentar el número de miembros del Tribunal. Los demócratas harían otro tanto en la siguiente legislatura/presidencia victoriosa, y así sucesivamente hasta que en unos cuantos siglos todos los americanos acaben siendo jueces del Tribunal Supremo.
