Los médicos bolivianos no descartan una huelga ante el caos del Gobierno izquierdista durante la pandemia

UNA CRISIS QUE NO TERMINA

Cuando la pandemia llegó a Bolivia alrededor de marzo de 2020, la situación del sector sanitario ya era motivo de mucha preocupación. Con el reporte de Oxford Economics, que ubicada al país como el menos preparado para asumir el desafío de la pandemia en el mundo, se confirmaban las condiciones extremadamente precarias en las que el personal sanitario público trabaja no recientemente, sino desde hace años.

Más aún, los médicos, enfermeras y personal afín se encuentran en emergencia no solamente desde el inicio de la pandemia, sino al menos desde 2017, cuando el gobierno de Evo Morales buscó la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal que dejaba particularmente expuesto al personal sanitario en caso de mala praxis.

Afortunadamente, el gobierno del MAS-Morales tuvo que dar marcha atrás en ese entonces. De hecho, fue uno de los varios motivos que desencadenaron la crisis que provocó la renuncia de Morales en noviembre de 2019.

Sin embargo, la crisis del sector sanitario público no terminó hace tres años, cuando las huelgas y manifestaciones callejeras, que se dieron sobre todo en la ciudad de La Paz, tuvieron éxito al preservar el Código Penal vigente, sino que se agravó una vez llegada la pandemia, que dejó su precariedad y riesgos al descubierto.

Peor aún, que la gran mayoría de gobiernos alrededor del globo hayan aprovechado de la crisis de la pandemia del covid-19 durante todo 2020 para acumular poder y avanzar sobre las libertades individuales de sus ciudadanos no es ninguna sorpresa, y el nuevo gobierno del Movimiento al Socialismo en Bolivia, que lleva menos de 100 días en el poder, no constituye excepción alguna.

En este sentido, la Ley de Emergencia Sanitaria, que se tenía previsto que Luis Arce Catacora promulgase el viernes, contempla varios aspectos preocupantes, entre ellos la supresión del derecho a la protesta, la contratación de profesionales extranjeros (médicos cubanos, presumiblemente) y la restricción de competencias a los gobiernos departamentales y municipales amparadas en la Ley de Autonomías para, entre otras tareas, comprar vacunas e insumos, además de una mayor contratación de personal especializado.

Asimismo, la premura del MAS por aprobar dicho proyecto llama la atención. En agosto de 2020 sectores afines al actual partido de gobierno bloquearon carreteras impidiendo la provisión de oxígeno en hospitales. Con ello provocaron el fallecimiento de al menos 31 pacientes en estado crítico, lo cual permite inferir que la atención de la emergencia sanitaria no fue su prioridad mientras estuvo alejado del poder.

También es objeto de preocupación el hecho de que el comité que ha elaborado esta nueva Ley de Emergencia Sanitaria no esté compuesto por entendidos en la materia, sino por representantes de los ministerios de Presidencia, Salud y Deportes, Economía y Finanzas Públicas, Desarrollo Productivo, Gobierno, Defensa, Justicia, Planificación, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, e incluso el de Hidrocarburos.

Por su lado, el secretario de conflictos del Colegio Médico de Santa Cruz, Fernando Pacheco, ha afirmado que esta nueva ley no es otra cosa más que un disfraz de aquel nuevo Código de Procedimiento Penal de 2017. En consecuencia, Pacheco no descarta que el sector asuma una huelga general indefinida en plena pandemia, en caso de que dicha ley sea finalmente promulgada.

En el entretanto, Bolivia todavía no ha publicado los detalles del plan de vacunación que tiene a futuro con la llegada de más vacunas, si acaso existe alguno. El pasado 29 de enero llegaron 20.000 vacunas Sputnik V al país, de las cuales se han aplicado 10.167 hasta el 10 de febrero según el Ministerio de Salud, es decir, el ritmo promedio de vacunación es de 1.017 vacunas diarias. De esta manera, vacunar a 7 millones de bolivianos tomaría 8.950 días, es decir, 24 años y medio.

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