En Colombia, en los últimos ocho días, han sido vandalizadas ciudades, destruidas edificaciones públicas y afectado el sistema de transporte al incendiar más de una veintena de buses en Bogotá y Cali. También han sido destrozadas dos docenas de estaciones del Transmilenio, instalaciones bancarias en Cali, Neiva, Medellín y Bogotá. Supermercados saqueados y atacadas 23 estaciones de policía simultáneamente. Un bebé murió cuando la madre -en medio de un parto prematuro- era trasladada a Bogotá en ambulancia y, al no poder avanzar por el bloqueo de la vía, tuvo que ser atendida mientras se producían ataques de manifestantes a la unidad.
¿Quiénes son los responsables?
La Defensoría del Pueblo ha informado de que, hasta este 6 de mayo, las protestas han arrojado 26 fallecidos y “que en once de los casos, la Policía es la presunta responsable de las muertes”. Tendrán que ser investigados, enjuiciados y sentenciados por los tribunales de resultar culpables de exceso policial.
Pero los promotores de las protestas también deben ser responsabilizados, acusados y enjuiciados por las consecuencias del vandalismo. Y es que las manifestaciones perdieron toda legitimidad una vez que la reforma tributaria fue retirada. Los convocantes, sin embargo, continuaron impulsándola con el objetivo claro de desestabilizar al Gobierno.
Cuando hay una turba difusa que comete todo tipo de desmanes, los responsables son los que la enardecieron, los que la provocaron para eso, quienes los manipularon para ello, es decir: los autores intelectuales. Todo indica que éstos se ubican en Colombia Humana y Lista de la Decencia, entre otros.
Las instituciones nacionales, las víctimas de la violencia y sus familiares, los dueños de negocios vandalizados y los productores que perdieron sus bienes perecederos debido a los bloqueos, deben interponer acciones penales en contra de quienes organizaron e incentivaron las protestas.
El pueblo colombiano puede estar seguro de poder protestar pacíficamente cuando así lo considere conveniente, eso es legítimo, se trata de un derecho plasmado en la Constitución. Pero los vándalos que asesinan a policías, incendian instalaciones, destruyen los bienes ajenos y desestabilizan deliberadamente la democracia con el apoyo del terrorismo nacional e internacional, no pueden ampararse en el derecho a la protesta pacífica para activar la violencia.
El objetivo real de los autores intelectuales de las manifestaciones no es otro que derrocar al presidente Duque, adelantar las elecciones presidenciales y poner al exguerrillero Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, proyecto que forma parte del plan del Foro de Sao Paulo para tomar el poder en toda América Latina. Si no lo consiguen por la vía electoral, será por la vía de la desestabilización, doblegando las instituciones, aterrorizando al pueblo, quebrándoles su normalidad. Mientras más rápido lo logren, mejor para ellos; porque parecieran no estar dispuestos a esperar a las elecciones de mayo de 2022 para poner en la presidencia a Petro.
En las ultimas horas, y para encontrar una salida al conflicto, el ejecutivo colombiano ha llamado a un diálogo nacional que los promotores de las manifestaciones prefieren llamar negociación. Para el encuentro, el comité del paro tiene listo un pliego de peticiones con siete puntos. El último de ellos llama mi atención: “Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato”. Pasan, pues, de oponerse a un proyecto de reforma tributaria, a solicitar detener la erradicación de cultivos de drogas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Estas manifestaciones se han llevado a cabo en favor del narcotráfico?
El presidente de Ecuador -aún en funciones- Lenin Moreno, exigió a Nicolás Maduro este martes 5 de mayo desde el foro “Defensa de la Democracia en América Latina” celebrado en Miami: “saque sus manos sangrientas y corruptas de Colombia”.
Recordemos que el tirano venezolano ha sido acusado por el Departamento de Justicia norteamericano de ser el jefe del Cartel de los Soles y ha puesto precio a su cabeza. Recordemos también que Maduro y su partido son miembros del Foro de Sao Paulo y, como afirma el politólogo boliviano Sánchez Berzain, esta “es una organización criminal trasnacional disfrazada de política, que opera para sostener las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y para desestabilizar las democracias de América”.
Es hora de que toda la región y la sociedad colombiana, en particular, reaccione y se defienda de guerrilleros urbanos que ponen en riesgo la vida, la estabilidad, la paz de Colombia y el hemisferio.
