Más de un centenar de personalidades del mundo de la política, la cultura y la sociedad civil han firmado ya la ‘Carta de Madrid’ en defensa de la democracia y del Estado de Derecho frente a la amenaza comunista en la Iberosfera.
La última en respaldar esta iniciativa, auspiciada por Santiago Abascal, líder de VOX y presidente de la Fundación Disenso, el pasado mes de octubre, ha sido Marion Maréchal, que con 22 años se convirtió en la diputada más joven en la historia moderna de Francia y abandonó la política institucional para fundar en 2018 el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), una institución académica alternativa a las corrientes intelectuales e ideológicas que imperan hoy en Europa.
El ISSEP, que opera hoy en Lyon y Madrid, tiene como objetivo formar nuevos liderazgos en los diferentes ámbitos de la sociedad para hacer frente a los desafíos, amenazas y oportunidades en Occidente. Incluye en sus programas cursos donde referentes políticos y profesionales imparten muy diversas materias: desde filosofía e historia hasta geopolítica, derecho, economía y comunicación.
La ‘Carta de Madrid’: un documento para unir a defensores de la libertad
La ‘Carta de Madrid’, que aspira a unir frente al totalitarismo izquierdista a defensores de la libertad a ambos lados del Atlántico, denuncia que «el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de las naciones, así ́como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas». Y señala que «el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales (…) que deben ser protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos».
El proyecto subraya que una parte de la Iberosfera está secuestrada por regímenes totalitarios que cuentan con la protección de iniciativas como el Grupo de Puebla, al que pertenecen el presidente argentino, Alberto Fernández, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la actual ministra española Irene Montero, y los expresidentes corruptos de Bolivia y Ecuador Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, y su matriz criminal, el Foro de Sao Paulo, nacido en 1990 por decisión del tirano Fidel Castro y del expresidente de Brasil, Lula da Silva, y que incorporó a organizaciones dedicadas al narcotráfico y al terrorismo como las FARC. Ambas entidades, añade, se infiltran en los centros de poder para imponer una agenda ideológica que subyuga las libertades y desestabiliza las democracias y el Estado de Derecho.
Asimismo, recoge que la Iberosfera, una comunidad de naciones libres y soberanas con más de 700 millones de personas que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico, «tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley«.
Entre los firmantes del documento se encuentran Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano de Caracas; Eduardo Bolsonaro, diputado federal por el Estado de Sao Paulo (Brasil); Giorgia Meloni, presidenta de Fratelli d’Italia; Zoé Valdés, escritora y disidente cubana; y Eduardo Verástegui, actor mexicano. En las últimas fechas también ha incorporado a John Pence, asesor de campaña del expresidente Donald Trump y sobrino del exvicepresidente estadounidense Mike Pence, y al presidente de la American Conservative Union, Matt Schlapp.
Mélenchon firmó la ‘Declaración de La Paz’ de la izquierda bolivariana
Se da la circunstancia de que Jean-Luc Mélenchon, líder de la formación de extrema izquierda Francia Insumisa, firmó la ‘Declaración de La Paz’, la respuesta izquierdista a la ‘Carta de Madrid’ de la Fundación Disenso.
El texto fue suscrito por el vicepresidente comunista español, Pablo Iglesias, el cual se arrogó su impulso; la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destituida por corrupta; el griego Alexis Tsipras; el terrorista colombiano del M-19 Gustavo Petro; el fugado de la justicia Rafael Correa; y el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, principal blanqueador de las narcodictaduras bolivarianas, entre otros.
El documento situaba al «golpismo de la ultraderecha» como «la principal amenaza de la democracia y la paz social», pese a que todos los firmantes son aliados del régimen castrista en Cuba, y de las dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua, tiranías denunciadas por crímenes de lesa humanidad: torturas, desapariciones forzosas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.
