VOX continúa con su ofensiva contra el Gobierno socialcomunista por el rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra con 53 millones de euros con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.
La formación liderada por Santiago Abascal ha registrado este jueves una batería de preguntas al Ejecutivo sobre el escándalo. Así, ha preguntado si va a promover la retirada de la licencia de explotación a Plus Ultra y una revisión de su composición accionarial con vistas a analizar su españolidad después de que se haya conocido que los últimos datos del registro elevan al 57% la parte venezolana de la aerolínea, razón por lo que no podría operar en España.
También le ha exigido la cifra de empresas solicitantes del apoyo financiero a las que se les ha denegado por ser consideradas no nacionales o extranjeras, cuántos accionistas de la compañía tienen doble nacionalidad con España y cuántos han conseguido la nacionalidad española en los últimos tres años y si va a instar a la retirada de la asistencia financiera por parte del Fondo de la SEPI.
Y los motivos que tiene el Gobierno y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para conceder la licencia de explotación a la aerolínea chavista con la base accionarial directa e indirecta que dispone.
Las preguntas en el Congreso se suman a la querella en el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno y los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentada este miércoles. Ante el Tribunal Supremo, el partido sostiene que Plus Ultra no reúne los requisitos establecidos para ser beneficiada de la ayuda, ya que “no es una empresa estratégica con relevancia en su sector ni tampoco sus pérdidas vienen provocadas por el Covid-19” como exige la norma».
En este sentido, denuncia la “idoneidad de las personas al frente de la aerolínea” y aporta documentación con la que acredita su vinculación con entidades de capital extranjero que indican la existencia de un entramado societario cuya matriz es una entidad con domicilio social en Panamá y de capital venezolano.
Asimismo, la vicesecretaria jurídica nacional, Marta Castro, ha solicitado al juzgado que promueva varias diligencias, como el interrogatorio de los querellantes, la presentación del expediente de la solicitud de las ayudas por parte de la aerolínea, el expediente completo de la SEPI y los registros de operaciones de la compañía en España de los tres últimos años.
