El Ministerio de Defensa del Perú (Mindef), con el respaldo del comunista Pedro Castillo, está impulsando una estrategia para que las 40 bases militares antiterroristas, ubicadas en distintos puntos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se conviertan en “centros de producción y desarrollo de la zona” hacia el 2026.
Esta decisión provocaría que las Fuerzas Armadas (FF. AA) abandonen el principal punto de producción de cocaína en el país andino, área que además es controlada por remanentes del grupo terrorista Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), ahora bajo el nombre de Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), considerado como un brazo armado de las mafias del narcotráfico.
Según el titular del Mindef, José Gavidia, se viene coordinando con los ministerios de la Producción y Comercio Exterior “para sacar los productos que allí se generan”. También anunció que se coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la construcción de vías de comunicación hacia la zona, como carreteras, puentes y hasta un aeropuerto en la localidad de Pichari, justamente donde en octubre pasado Castillo se comprometió a industrializar la hoja de coca.
“Vamos a comprarnos toda esa responsabilidad para la industrialización de los productos netamente peruanos. También está en el sueño del gobierno industrializar la (hoja) de coca, lo que es importante para darle valor agregado al sueño de muchos compañeros y compatriotas”, dijo.
Gavidia aseguró que el Gobierno se ha propuesto “pacificar” la zona del Vraem al 2026, y que las bases no se van a desactivar mientras la zona no esté totalmente pacificada.
A pesar de estas promesas, resulta bastante sospechoso que el planteamiento de “convertir” las bases contrasubversivas en “centros de producción y desarrollo”, y sobre el cual el Mindef no ha brindado mayores explicaciones, se da en un contexto en el que la lucha antidrogas en el Perú ha mermado considerablemente.
Cabe recordar que, en febrero de este año, el Gobierno comunista pactó con la Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), organización que demanda al Estado peruano la cancelación total de la erradicación de cultivos de hoja de coca en el país y la expulsión de la agencia Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), la cual financia programas de desarrollo alternativo.
Además, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), es cercano a los productores de hoja de coca -denominados coloquialmente en el Perú como cocaleros-, y fue cuestionado por sus declaraciones durante el VIII Congreso Cocalero, celebrado entre el 22 y 24 de enero de 2010, donde aseguró que la erradicación de estos cultivos era “inconstitucional, injusta y arbitraria”.
Soberón también trabajó como asesor de la excongresista Nancy Obregón, que pasó 37 meses en prisión acusada de tener nexos con el terrorismo y el narcotráfico.
Cancelan operativos de erradicación
En noviembre de 2021, funcionarios de alto nivel involucrados en el Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal alertaron que el entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela, informó a la Administración de Control de Drogas (DEA) que los operativos en el Vraem quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.
“Es una decisión que no sorprende, porque es parte del programa político del partido de gobierno. Lo vienen anunciando desde la primera vuelta de las elecciones generales 2021, y los miembros más destacados del partido lo dicen abiertamente. Esto no es solo el cumplimiento de unas de las promesas de campaña del partido, pues no tenemos en el Perú un gobierno dentro de los estándares de la democracia latinoamericana, sino que vivimos parte de un proceso revolucionario bajo los márgenes del Socialismo del Siglo XXI, donde todos los gobiernos asociados a este se encuentran relacionados al narcotráfico. Este anuncio del gobierno no solo evidencia la consecuencia del soporte político de los traficantes de droga a través de los productos cocaleros del Vraem, es sobre todo el empoderamiento político, económico y social de los actores relacionados al narcotráfico en el Perú. Es más grave que el anuncio de una erradicación de la hoja de coca suspendida, es el camino a que el Perú se convierta en un narcoestado desde el gobierno”, advirtió en su momento el coronel (r) Juan Carlos Liendo, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú (SIE).
Se empodera el narcotráfico
De acuerdo con Liendo, entrevistado por este medio como especialista en seguridad e inteligencia nacional, el anuncio del gobierno comunista peruano de cerrar las bases antiterroristas en el Vraem “empoderan al narcotráfico” en la zona, y va de la mano con las pretensiones de Perú Libre de impulsar también una Asamblea Constituyente, al mismo estilo que las dictaduras bolivarianas de Bolivia y Venezuela.
“Por un lado, este anuncio debilita el accionar de las fuerzas del orden porque pone un condicionamiento político quiere decir, que, con la restricción de las operaciones militares, se empodera el narcotráfico en la zona. La segunda variable es que este lenguaje de cierre de bases va en paralelo con el anuncio de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, donde ya se están difundiendo las acciones para organizar a los pueblos indígenas en un estado plurinacional, con gobiernos autónomos. El anuncio de cierre de bases también tiene una proyección política en la conformación de las bases de un estado plurinacional. Son declaraciones demagógicas, pero están generando una narrativa local potente contra el sistema de gobierno”, señala.
