Perú cierra el año de su Bicentenario con el comunista Castillo en la presidencia y al borde del abismo

EL 64% de los peruanos cree que Castillo no tiene capacidad de liderazgo
Un grupo de manifestantes protesta contra Pedro Castillo en Lima. Europa Press

Perú cierra el 2021 -año del Bicentenario de su independencia del Reino de España- con un presidente vinculado a la subversión comunista y las narcodictaduras bolivarianas, salpicado de escándalos de corrupción en apenas cinco meses de gobierno; una economía menguada por la crisis global y los desaciertos de sus autoridades, y una desconfianza total de los ciudadanos hacia el Ejecutivo y el parlamento.

Si el 2020 quedó grabado en el recuerdo de millones de peruanos como el año de la crisis interminable: tres presidentes en menos de una semana -entre destituciones y renuncias-, con una de las tasas de mortalidad por covid-19 más altas del mundo, un retroceso del 11.5% en su economía -de acuerdo al Banco Central de Reserva- y la pérdida de más de 2 millones de empleos, este año que termina será recordado como el de las mentiras, la decepción y la polarización política extrema.

Entre el destape de la vacunación clandestina del expresidente Martín Vizcarra -destituido por el Congreso por incapacidad moral permanente- y las ministras del gobierno de Francisco Sagasti (Partido Morado), Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), el supuesto fraude electoral de la izquierda en las elecciones generales, la victoria electoral de Pedro Castillo y los escándalos de corrupción que salpican su gobierno, el Perú no ha tenido descanso y parece que tampoco lo tendrá en 2022.

Vacunagate

El caso “Vacunagate” se destapó en febrero gracias a una investigación periodística. Altos funcionarios del Estado, entre los que se encontraban el expresidente Martín Vizcarra -y su esposa y hermano-, así como ministros, viceministros y funcionarios de rango medio, recibieron dosis suministradas por la farmacéutica Sinopharm al margen del ensayo clínico de su vacuna que se realizaba en Perú a través de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estos se vacunaron entre octubre de 2020 y enero de 2021, mucho antes de que cualquier peruano tuviese acceso a una vacuna.

El presidente transitorio Francisco Sagasti, manifestó durante esta crisis sentirse “indignado y furioso” luego de haber conocido que funcionarios del Gobierno recibieron secretamente la vacuna, y que esta revelación constituye “un golpe muy duro que se nos ha dado y que es herencia del Gobierno de Vizcarra”.

El Congreso peruano, al conocer el escándalo, votó a favor de retirar los derechos políticos de Martín Vizcarra durante 10 años, medida que afectó la carrera del expresidente, que entonces era candidato para congresista por el partido Somos Perú.

El parlamento también inhabilitó durante 8 años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por 1 año a la excanciller Elizabeth Astete.

En el caso de Vizcarra, la acusación sostuvo que este mintió al asegurar que fue voluntario del ensayo y cometió «infracciones constitucionales» siendo el funcionario de mayor rango al servicio de la nación. Debido a esta inhabilitación, el Jurado Nacional de Elecciones no le entregó las credenciales correspondientes al cargo de congresista para el período 2021-2026. De nada le valieron los 164 mil votos a su favor.

Resolución del JNE

La elección más polarizada en décadas

Si bien el Perú ha sufrido elecciones presidenciales bastante polarizadas en su historia -como la que enfrentó a la Unión Revolucionaria (cercana al fascismo) con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (izquierda) en 1931-, la del año del Bicentenario, por tratarse de una fecha simbólica, elevó la temperatura social en el país andino, sobre todo en el desenlace de la segunda vuelta.

Los favoritos a llegar a Palacio de Gobierno, George Forsyth (Victoria Nacional) y Yohny Lescano (Acción Popular), aunque lideraron las encuestas y las portadas de los diarios los primeros meses de la contienda, rápidamente cayeron en los sondeos frente a candidaturas como la de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Hernando de Soto (Avanza País), que se posicionaron sobre todo en la capital, Lima, y las zonas urbanas de la costa norte. Keiko Fujimori (Fuerza Popular), aunque golpeada mediáticamente por los supuestos delitos que habría cometido, siempre conservó un puntaje y voto duro en los estudios de opinión.

Sin duda, la candidatura de López Aliaga fue la que mayor atención -y rechazo- generó en los medios masivos y los sectores “progresistas”. Con un perfil bastante conservador -opuesto al aborto, el matrimonio gay y la ideología de género- y un discurso combativo y anticomunista, se posicionó como favorito entre la clase media y alta, en rechazo a la figura de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), candidata de la izquierda progre peruana, vinculada a Pablo Iglesias y el Grupo de Puebla.

Y mientras la prensa y los influencers en redes sociales petardeaban la candidatura de López Aliaga y hacían lo imposible por relucir la de Mendoza y la de Julio Guzmán (Partido Morado), los dos principales azuzadores de las marchas de noviembre de 2020 que terminaron con la renuncia de Manuel Merino, presidente que había desafiado al contubernio socioliberal instalado en el Ejecutivo, empresariado y la academia, Pedro Castillo (Perú Libre) hacía caso omiso a las peleas en Twitter y los “en vivo” en Instagram y Tiktok, ganando votos a pie en las zonas rurales y urbano marginales.

Finalmente, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo pasaron a la segunda vuelta, un desenlace impensado para muchos peruanos, que tuvieron que elegir a regañadientes entre dos opciones que generaban un rechazo más o menos parecido: o la hija del dictador acusado por violaciones a los derechos humanos y corrupción -ella misma investigada por un caso de lavado de activos-, o el socio de Evo Morales y Nicolás Maduro, vinculado a gremios cercanos a la organización terrorista Sendero Luminoso.

La dirigencia de Conare-Sute, liderada por Pedro Castillo, tenía una historia larga de vinculación con grupos fuera de la ley. Estos sectores aprovecharon la debilidad del Sutep, el único sindicato reconocido por el Estado, y se desplazaron en la huelga de 2017. Los maestros que acataron la huelga no eran senderistas, era parte de su lucha gremial. Como gobierno tomamos la decisión de no negociar con este sector vinculado a Sendero Luminoso, era inaceptable”, precisó en una entrevista el exministro del Interior, Carlos Basombrío, que advirtió al Congreso de la República sobre el peligro que resultaba dialogar con estos gremios vinculados a la subversión comunista.

“La gente que conoce un poco a ese gremio sabe que su origen y actuación están vinculados con Sendero Luminoso y, además, tiene propuestas radicales para el país. Castillo se presenta como un lobo disfrazado de cordero y nadie lo ha desenmascarado. Como exministro puedo dar fe de que Castillo estaba vinculado con Sendero Luminoso”, aseveró.

A pesar de las advertencias sobre los vínculos entre Castillo y Sendero Luminoso, el principal perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos -incluidos degollamientos, lapidaciones y mutilaciones- entre 1980 y 2000 según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el candidato de Perú Libre, partido fundado por Vladimir Cerrón, un médico y exgobernador sentenciado por corrupción y actualmente investigado por lavado de activos, superó a la derechista Fujimori por apenas 44 mil votos.

A pesar de las numerosas impugnaciones de votos y apelaciones para dilatar la proclamación de Castillo, y las convocatorias ciudadanas que exigían en las calles que se anulara el proceso y se convocara nuevas elecciones debido a un supuesto fraude cometido por la izquierda, el líder sindical fue reconocido como ganador por el Jurado Nacional de Elecciones en una ceremonia por Zoom.

El regreso de Sendero Luminoso

El 24 de mayo, a dos semanas de la segunda vuelta, un comando del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) asesinó a 16 personas en una localidad del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), región dominada por el narcotráfico.

Los terroristas atacaron los bares y establecimientos que ofrecían servicios sexuales en esa localidad. “Limpiar el Vraem y el Perú de antros de elementos de mal vivir, de parásitos y corruptos”, decía un panfleto que arrojaron los integrantes del MPCP luego de cometer el crimen y retirarse.

Panfleto del MPCP

En el papel hallado por la policía, los terroristas exigieron a la población boicotear las “elecciones burguesas”, invitando a no ir a votar ese día, votar en blanco, nulo o viciado.

Además, advirtieron que quienes votaran a favor de la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sería considerado “traidor” y “asesino” del Vraem y el Perú.

“Quien vote a favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Vraem, es asesino del Perú. ¡Pueblo peruano! ¡Nunca más fujimorato! ¡Nunca más Fujimori! ¡Nunca más Keiko Fujimori! (…) ¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo! ¡Poner al Maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria socialista mundial!”, concluyen.

El ataque del MPCP, un remanente del Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso (PCP-SL) -derrotado militarmente a finales de los años 90- que rompió lazos con la agrupación original para dedicarse a cobrar cupos a los narcotraficantes que trabajan en el Vraem, coincidía con la filtración de unos audios donde se escuchaba a la “camarada Vilma”, integrante de esta organización, demandar a los peruanos boicotear la segunda vuelta.

“Pueblo peruano, en el Vraem y en el Perú, quien emita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor, es cómplice de genocidas y corruptos; boicot a las elecciones burguesas en su segunda vuelta del 6 de junio de 2021; pueblo peruano, no votar, porque ir a votar es avalar, elegir y legitimar a los nuevos asesinos, corruptos, vendepatrias y hambreadores del pueblo y la nación peruana”, dijo la camarada Vilma, cuyo verdadero nombre es Flor Vargas Figueroa.

La injerencia de Evo Morales

Con la llegada al poder del partido marxista Perú Libre, la sombra del comunismo bolivariano se ha proyectado sobre todo el país. Evo Morales, que visita el Perú con sospechosa frecuencia desde que Castillo ocupó el Ejecutivo, busca influir en la política peruana respecto a la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca, el principal insumo para la industria del narcotráfico.

El expresidente boliviano cuenta con una sucursal del Movimiento al Socialismo (MAS) en la ciudad del Cuzco, y viene articulando alianzas con gremios de docentes radicales y productores de hoja de coca.

De acuerdo con el dominical Panorama, la oficina que opera en territorio peruano bajo el nombre de Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)-, imparte talleres de formación ideológica a las organizaciones sociales afines al gobierno de Pedro Castillo.

“Es insólito que la más poderosa de las organizaciones políticas de un país vecino siente bases en nuestro territorio con el evidente propósito de servir sus intereses desde el Perú. Un logro que, probablemente, no han concretado varios de los partidos actualmente representados en el Congreso. Debemos preguntar si el MAS pidió autorización para instalar su sede cusqueña”, advierte Eduardo Ponce Vivanco, exrector de la Academia Diplomática del Perú y exviceministro de Política Internacional.

Por otro lado, Morales ha comprometido a Castillo en su más reciente proyecto, “América Plurinacional”, un plan impulsado por movimientos indígenas, sociales e intelectuales asociados al comunismo bolivariano desde el foro Runasur, una iniciativa del cocalero para imponer su proyecto político en el continente.

Debido a esta injerencia, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, encabezada por el legislador Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), acordó declarar el pasado 22 de noviembre persona non grata a Evo Morales por “su negativo activismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política”.

La Comisión de Relaciones Exterior del Congreso de la República del Perú, acuerda: Declarar persona non grata a Juan Evo Morales Morales Ayma en nuestro país por su negativo activismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del gobierno del Perú, en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano; exhortando a las autoridades competentes que se prohíba su ingreso a nuestro país para estos propósitos”, establece parte del pronunciamiento de la Comisión.

En las justificaciones, la Comisión de Exteriores recordó que Morales visita el Perú “reiteradamente” desde julio para sostener reuniones proselitistas con organizaciones políticas y gremios, siendo atendido con vehículos oficiales y seguridad del Estado; esto último durante el tiempo en que el exguerrillero y simpatizante de la dictadura cubana, Héctor Béjar, ocupó la Cancillería.

Pedro Castillo, el incapaz

En una encuesta urbano rural de Ipsos hecha por encargo de Lampadia, un 64 % de los peruanos opinó que Castillo no tiene la capacidad de liderazgo para resolver los problemas que aquejan al país.

Las encuestas en su contra -y de su gabinete- es una constante desde que asumió la presidencia. Otro ítem del mismo estudio arrojó un dato bastante interesante: un 33% que cree Castillo nunca dice la verdad.

Y los escándalos en los que se ha visto envuelto, como la presión que habría ejercido para ascender irregularmente a oficiales en las Fuerzas Armadas, sus citas clandestinas en una casa particular -lejos de los mecanismos de vigilancia del Despacho Presidencial- con proveedores del Estado y altos funcionarios, y el supuesto favorecimiento que habría dado a un empresario para que ganara una millonaria licitación, no hacen otra cosa que seguir menoscabando el cada vez más reducido capital político que le queda.

Ya se libró de una vacancia presentada por las bancadas de la oposición, gracias a su alianza con líderes políticos investigados y sentenciados que le ayudaron con sus votos. No obstante, y debido a los constantes destapes periodísticos que lo señalan como partícipe de sucesos irregulares y sospechosos, Pedro Castillo, el “docente rural” edulcorado por la gran prensa y opinólogos, podría no terminar su mandato de cinco años, sumiendo, una vez más, al Perú en una crisis política dramática.

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