En el Perú no se les llama “guerrilleros” a los subversivos de izquierda que desangraron al país con ANFO y dinamita entre los años 1980 y 2000. A los integrantes del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) -de tendencia maoísta- y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) -de inspiración guevarista-, se les denomina simplemente terroristas. Y a pesar del esfuerzo de los movimientos de izquierda y oenegés por cambiar esta situación, son muchos los peruanos que no se dejan convencer con esta narrativa romántica -y perversa- que busca justificar la lucha armada.
Pero veinte años después de haber sido derrotados militarmente, los movimientos subversivos han conseguido avances muy importantes en su lucha política, amparados por organizaciones civiles que, bajo la fachada de defender los derechos humanos, han terminado ayudándoles a evadir las penas más severas, llegando incluso a señalar con el dedo acusador a militares y policías que los combatieron.
Vale añadir que el contraataque de los defensores de senderistas y emerretistas se sostiene en las investigaciones de abusos, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que durante la guerra antisubversiva se cometieron con impunidad por parte de ciertos agentes del orden y las fuerzas armadas.
Además, el triunfo del Foro de Sao Paulo la década pasada envalentonó a muchos de estos grupos radicales, otrora debilitados y sin financiamiento, pues un “rojo amanecer” se avizoraba en el continente, aupado por el petróleo venezolano, la influencia china, el retroceso estadounidense y la letanía de corrupción, estupidez y enajenación de la clase política latinoamericana, oligarquías partidistas condenadas a ser detestadas por el pueblo llano.
“Agroexplotación” y segunda reforma agraria
Con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, el Congreso peruano -tomado por agrupaciones populistas- derogó hace unos días la “Ley de Promoción Agraria”, esto luego que las principales carreteras fueran tomadas por trabajadores agrícolas, poniendo en peligro el abastecimiento de comida y oxígeno, este último vital en medio de la crisis sanitaria producida por el covid-19. Las protestas dejaron dos fallecidos, uno de ellos impactado por un proyectil de plomo.
La “Ley de Promoción Agraria” ha sido uno de los objetivos a tumbar por parte de la izquierda peruana desde hace más de una década. Su objetivo final, como ha mencionado la candidata presidencial al 2021, la comunista Verónika Mendoza, es conseguir una segunda reforma agraria, en clara referencia a la que impulsó el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1969, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, quien todavía tiene simpatizantes.
Para la izquierda, esta ley recientemente derogada favorecía un modelo de “agroexplotación” que precarizaba los derechos de los trabajadores agrícolas y mantenía millonarios beneficios tributarios a las agroindustrias, que cultivan principalmente productos hechos para la exportación como paltas (aguacates), arándanos y espárragos.
Raúl Labarthe, ingeniero industrial de la Universidad de Lima y jefe de investigación económica de la Asociación de Contribuyentes del Perú, considera que el debate en torno a la derogación de esta ley careció de sustento técnico.
“El debate sobre la ley agraria se ha politizado. Es cierto que era inevitable. Pero cuando eso pasa, las consecuencias las pagamos todos. La discusión dejó de ser un tema laboral y pasó a ser uno político. Tanto el Congreso como el Ejecutivo han promovido la desinformación. Ha habido mucha demagogia”, advierte Labarthe.
Para el especialista en economía, gestión y finanzas públicas, las falacias que se vierten sobre el régimen agrario son construidos por grupos sindicales, periodistas activistas de izquierda y partidos políticos que buscan generar inestabilidad. “Suelen repetir mentiras como que el Estado ha perdido 4 mil millones de impuestos en exoneraciones tributarias. El dato es engañoso. Bajar la baja tasa del Impuesto a la Renta (IR) a 15% para las empresas del sector hizo que aumente la inversión en el agro. Lo que no se dice es que si se cobra la tasa normal del IR (30%), la inversión y la producción serían menores y, por tanto, la recaudación también. Además, cuando se dan beneficios para incentivar una actividad, normalmente, se descuentan impuestos”.
“En los últimos quince años, las empresas agroexportadoras han pagado más de 5 mil millones de soles en impuestos, más que lo que dicen que hemos supuestamente perdido. Y así se esté recaudando menos, no es plata perdida para los peruanos, ya que genera más inversión y empleo. ¿Darle más plata al Estado? ¿Para qué? Ya sabemos lo pésimo gestor de recursos que es”, señala.
Labarthe considera importante analizar el contexto político que el Perú está viviendo estos días, esto como resultado de las marchas contra el expresidente Manuel Merino, que asumió la jefatura de Estado tras la moción de vacancia por incapacidad moral contra el exmandatario Martín Vizcarra.
“Este es un clima provocado tras las marchas contra el expresidente Manuel Merino. Lo que ha marcado este tipo de manifestaciones, y es lo que debe preocuparnos a los peruanos, es que la calle se ha impuesto sobre las instituciones. Francisco Sagasti es el símbolo de que puedes imponer un presidente a través de las marchas. Quien hace la marcha más grande es quien gana. ¿Qué transmite esto a las demás fuerzas políticas? Que pueden hacer lo mismo para lograr sus objetivos. En ese contexto, la izquierda ha utilizado esa tensión social a su favor para bajarse una ley que odian. Los sindicatos de izquierda siempre han detestado esta ley porque es una prueba que flexibilizar las condiciones laborales funciona respecto al régimen general, y que crear regulaciones especiales de acuerdo a cada sector es mucho más eficiente”.
“El Perú es una novela negra, un organismo enfermo”
El escenario para una nueva guerra popular en el Perú parece incierto, no obstante, algunos analistas coinciden que las condiciones de pobreza agravadas por el covid-19, sumado el desempleo, el deterioro de la salud mental de la población y la indignación ciudadana por los escándalos de corrupción destapados en estos últimos años, y que han salpicado a los políticos de todas las tendencias, son el caldo de cultivo para una nueva generación de revolucionarios.
“Se está gestando una guerra terrorista en el Perú. La población en general no lo entiende y la policía está desactualizada, no está preparada para una guerra de estas características”, señala Luis Alberto Sánchez, director de la ONG Waynakuna Perú, la primera oenegé antiterrorista del país andino.
Sánchez, quien trabajó en el Registro y Acreditación de Desplazados Internos (RADI) -programa de reparación a las víctimas del terrorismo-, fundó Waynakuna Perú como alternativa a la que considera una “visión sesgada” por parte de las oenegés de izquierda y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre el accionar de Sendero Luminoso y el MRTA.
“Las oenegés de izquierda no podían exponer el pensamiento detrás de las acciones del MRTA y Sendero Luminoso porque esto podría afectarlos, pues compartían los mismos principios ideológicos. Mi experiencia en el RADI reconstruyendo la historia de las víctimas del terrorismo, los hechos, los asesinatos, las violaciones, me motivaron a contar la historia verdadera. La oficial está sesgada”, sostiene.
Para Sánchez, quien ha sido amenazado de muerte por hacerle seguimiento a las organizaciones fachada de los terroristas marxistas, los gobiernos que se han sucedido desde el año 2000 han cometido grandes errores en la política antisubversiva.
“Los servicios de inteligencia fueron desmantelados tras la caída de Alberto Fujimori. Como estos habían sido controlados por Vladimiro Montesinos y fueron parte del aparato represor del régimen, fueron desactivados. Error. Se perdió información valiosa, archivos, se inició una persecución de agentes. Las reformas de la policía y los servicios de inteligencia vinieron de organizaciones izquierdistas. Se perdió la oportunidad de crear una escuela antiterrorista. La Dincote [Dirección Nacional contra el Terrorismo] no funciona. Cuando inicie una nueva lucha armada, la policía se enterará por los periódicos”.
Sánchez cree que el Perú se encuentra en una encrucijada todavía más peligrosa que en la última guerra contra el terrorismo. Además de las organizaciones políticas afines al senderismo como el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp) y el Movimiento Popular Perú, la aparición de otros grupos radicales podrían empeorar el escenario. Este es el caso de la facción etnocacerista liderada por Antauro Humala -hermano de Ollanta Humala, presidente entre 2011 y 2016-, exmilitar condenado a 25 años de prisión por encabezar un levantamiento armado en la sierra peruana en 2005 que dejó cuatro policías muertos.
“Frente al peligro de las organizaciones fachadas del senderismo y el MRTA tenemos un gobierno débil, cuyo pacto silencioso con la izquierda terminará en una ruptura. Mira a Sagasti del Partido Morado, le pidió un autógrafo a un terrorista del MRTA cuando fue su rehén. ¿Tú le pedirías un autógrafo a un ladrón que acaba de asaltarte? Su actitud te deja pensando, y su versión para justificarse no convence. ¿Y la oposición? Unión por el Perú [UPP] y Podemos es también gente peligrosa por sus posturas populistas. Detrás de UPP está Antauro Humala, que propone una dictadura nacionalista de corte velasquista que nos arruinaría económicamente, dejando el campo libre al descontento social, el aprovechamiento político, y por consecuencia, el renacer de la violencia terrorista. El Perú es una novela negra, un organismo enfermo”, advierte.
El etnocacerismo -doctrina etnonacionalista- de Antauro Humala ha sido criticado por propugnar la superioridad de la “raza cobriza” -una suerte de nazismo andino- y buscar el fin de la “república criolla” para imponer una dictadura nacionalista e indigenista basada en “principios incaicos”.
En 2018, el excongresista Octavio Salazar (Fuerza Popular) presentó fotografías donde se revela un acercamiento entre los remanentes de Sendero Luminoso que operan en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) -en alianza con los cárteles del narcotráfico- y el movimiento etnocacerista.
Una derecha desacreditada y acobardada
Luis Mauricio Málaga, comunicador, exconductor de un programa por YouTube llamado “El fin del mundo” y actual director del Instituto Fuenzalida, cree que la alianza entre progresistas -que hoy gobiernan con Francisco Sagasti y el Partido Morado- y la izquierda, terminará por romperse, siendo la antesala a una crisis social más grave.
“Los progresistas capitalinos, que se aliaron con la izquierda para derrocar a Merino, a quien consideraban un impresentable sin estudios universitarios que no podía ocupar la presidencia, están aterrados porque el monstruo que despertaron se ha desbocado y les está mordiendo la cara”, en referencia al paro agrario que amenazó importantes haciendas de personajes que apoyaron previamente las movilizaciones contra el expresidente Manuel Merino.
Málaga, polémico por sus declaraciones y sus videos donde exponía el doble rasero del activismo progresista en el Perú, considera que se está imponiendo con violencia la voluntad de la izquierda y el progresismo, infundiendo terror en quienes se oponen a esta narrativa
“La visión de la derecha en el Perú es pasiva. Además, está sumamente desacreditada y se ha acobardado. Los jóvenes de derecha viven contaminados por una tecnocracia que exige mesura a cambio de estabilidad académica y laboral; la juventud de derechas vive sometida al chantaje económico, lo que limita sus posibilidades de activismo político”, afirma.
Queda claro que los levantamientos sociales, azuzados por los partidos progresistas y sus discursos buenistas, han sido infiltrados por grupos radicales que buscan desestabilizar el sistema para generar zozobra. Y resulta bastante patético como estos han sido aplaudidos por los grandes medios de comunicación, la banca y los principales monopolios empresariales.
Aunque derrotada militarmente en el Perú a finales de los años 90, la ideología marxista sobrevivió en aulas, think tanks, oenegés y grupos clandestinos, y ha visto la oportunidad de regresar a escena, aupada por el “socialismo del siglo XXI” y la “primavera latinoamericana”.
