Las cosas en Colombia empeoran y el gobierno parece no saber qué hacer. Hace una semana anunciaba el despliegue de toda la capacidad operativa de la fuerza pública, con el fin de garantizar los derechos de todos, desbloqueando las vías, pero invitaba a los sectores movilizados a participar en los escenarios de diálogo que viene promoviendo.
El sábado 22 de mayo, la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional, informaba sobre el cierre intermitente o total de 36 vías clave en 27 departamentos –de los 32 que tiene Colombia–, entre las que se encontraban Bogotá-Ibagué (esta última capital del departamento del Tolima, proveedor de productos agropecuarios para el Distrito Capital), Cali-Buenaventura (principal puerto exportador del país) y Armenia-la línea (arteria esencial desde el interior hacia el Pacífico).
Para agravar aún más el asunto, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo, anunció su renuncia al gobierno, en entrevista con María Isabel Rueda para el diario El Tiempo, expresando su malestar con Álvaro Uribe, a quien denunció por haber desconocido sus funciones y haber buscado contactos con el ELN, sin que su oficina estuviera enterada. Además, insistió en que Colombia es como una moneda de dos caras, con Gustavo Petro en una y Álvaro Uribe en la otra, pero que gracias al Presidente Iván Duque, se ha logrado evitar que la moneda caiga sobre alguna de las dos.
Las reacciones no se hicieron esperar y la Directora del Partido Centro Democrático, del que hace parte y por el que fue elegido el actual Presidente de los colombianos, publicó: “No se renuncia por ‘incomodidades’ cuando se tiene una alta responsabilidad en medio de la crisis que atraviesa el país. Las gestiones del expresidente Álvaro Uribe fueron comunicadas debidamente al Presidente de la República. Búsquese otra excusa Dr. Ceballos”.
Lo cierto es que la economía está recibiendo un golpe mortal y son miles las empresas que han tenido que suspender o reducir operaciones, pues no hay seguridad en las vías y los agentes del Estado en muchos puntos clave han brillado por su ausencia.
Más grave aún es que quienes asumen su responsabilidad constitucional, legal y con la comunidad internacional, son removidos de sus cargos, como presuntamente ocurrió con el Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal –hasta el sábado Director General Marítimo–, quien incrementó el nivel de protección del puerto de Buenaventura a nivel 2, como ordena la norma y teniendo en cuenta que un grupo de vándalos logró ingresar al sitio el 19 de mayo. La Gaceta de la Iberosfera consultó a dos oficiales, quienes confirmaron esta decisión.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, emitieron un comunicado conjunto el sábado 22 de mayo, en el que, entre otras cosas, le recuerdan a la ciudadanía que “los bloqueos y obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atetan contra los derechos humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal”.
¿Por “instigadores” se refieren a quienes abiertamente incitan a las gentes a salir a marchar y a bloquear las vías para presionar al gobierno? De ser así, las investigaciones contra varios congresistas en ejercicio –incluido Gustavo Petro–, deben anunciarse cuanto antes y se debe exigir a alcaldes y gobernadores que pidan refuerzos para desbloquear de una buena vez todas las vías a nivel nacional.
Sin embargo, la responsabilidad del gobierno nacional no puede quedar a la sombra. El Presidente no ha sabido liderar a las Fuerzas Armadas y de policía, está cada vez más alejado de su gabinete y su propio partido le está pidiendo no ser títere del autoproclamado Comité del Paro.
