Primero se produce el señalamiento y después la estigmatización, condición sin la cual es imposible acallar al adversario político al que se le niega el mismo trato que al resto. Desmoralizado, al oponente solo le queda apelar a la autoridad como última salvaguarda de sus derechos, de ahí que toda vulneración de libertades requiera el asalto a la legalidad.
Rufián, Echenique y Errejón lo saben. Lo han puesto en práctica en la sala de prensa del Congreso de los Diputados negándose a responder a las preguntas de los periodistas que consideran incómodos. «No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha», contesta Gabriel Rufián a los medios de comunicación no afines en las ruedas de prensa celebradas cada martes antes de la Junta de Portavoces. El representante de ERC fue el primero en no atender a medios como Estado de Alarma o 7NN. Más tarde le han seguido Errejón (Más País), Mireia Vehí (CUP), Aina Vidal (En Comú Podem) y Echenique (Podemos). Este ninguneo sistemático a periodistas no se había vivido nunca en la sala de prensa de la Cámara. Así se lo dijo a Echenique el reportero de Onda Cero, José Ramón Arias (siempre hay un justo en Sodoma), el único en alzar la voz ante el atropello de las últimas semanas. «Llevo 25 años de profesión, no sé si me considera un periodista de verdad, pero me gustaría que contestara a mi compañero». El resto de colegas (seamos generosos) ha guardado un escrupuloso silencio que le retrata y hace cómplice de un poder que decide quién puede hablar en la sala de prensa o en un mitin en Vallecas.
Logrado el señalamiento, los partidos del Frente Popular representados en la carrera de San Jerónimo (PSOE, Podemos, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, PdeCAT) han pasado a la acción usando a sus responsables de prensa para firmar un documento en el que piden la expulsión -sin mencionarlo explícitamente- de dos de los medios acreditados en la cámara. Literalmente instan a la secretaría general del Congreso a tomar «las medidas necesarias» para «restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa sin poner en riesgo la libertad de información y el buen clima en la sala de prensa que, desde siempre, se venía produciendo». Los abajofirmantes argumentan los motivos para censurar: «Observamos con preocupación el comportamiento de algunas personas acreditadas en la sala de prensa del Congreso. Dicho comportamiento desvirtúa las ruedas de prensa y genera un clima de tensión que dificulta el trabajo del resto de periodistas…».
El comportamiento mencionado, sin embargo, no incluye a la periodista de La Sexta que en septiembre golpeó un micrófono de la sala tras preguntar al portavoz de VOX -que previamente había mostrado datos con la incidencia de la inmigración ilegal en la delincuencia- si creía que «esos extranjeros a los que usted se refiere se pueden sentir dolidos y pensar que cuando salgan a la calle todo el mundo los va a ver como unos delincuentes». Entonces nadie reprochó el comportamiento indecoroso de la periodista de Ferreras.
Este silencio gregario de los periodistas acreditados en el Congreso contrasta con el todos a una que tocaron a rebato cuando el diputado de VOX José María Sánchez llamó «bruja» a una diputada del PSOE durante un pleno. La presidencia (Gómez de Celis) exigió a Sánchez que retirase el insulto. El diputado se negó y, después de tres llamadas al orden, fue expulsado (de forma irregular, pues minutos después regresó a su escaño). La prensa se frotaba las manos y acto seguido Macarena Olona confrontó con una reportera de La Sexta que le preguntó «si le parecía bien que se llamase bruja a una diputada». La secretaria general de VOX, que en un principio pasó de largo, se revolvió y contestó: «¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome ‘fascista’ a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte». Olona se refería a los gritos de “¡fascistas!” que la diputada de ERC, María Carvalho, le dedicó a menos de un metro de su escaño. Este episodio no suscitó la más mínima indignación de nadie: Batet no lo consideró motivo de expulsión y la prensa lo dejó pasar, así que tanto ella como Rufián se fueron de rositas.
Retratado el grueso de los silentes periodistas parlamentarios ante el intento de expulsión de dos medios de comunicación, ¿dónde estaban las asociaciones de periodistas? Salir salieron, pero de puntillas. Los que esperasen una defensa firme por parte de la Asociación de la Prensa de Madrid pincharon en hueso. La APM difundió un equidistante comunicado -al que luego se adhirió la Asociación de Periodistas Parlamentarios- de la misma forma en que el PNV ha condenado el terrorismo etarra todos estos años: nadando y guardando la ropa. “La Asociación de la Prensa de Madrid reitera su llamamiento tanto a periodistas como políticos para que sus relaciones se desarrollen en un clima de respeto mutuo”, frase que reparte las culpas dejando claro que no tenía ninguna intención de posicionarse con los profesionales señalados.
El proceso de estigmatización tiene, desde luego, muchos responsables. Hace un par de meses Irene Montero se negó a condenar la violencia contra una mujer por cuestiones ideológicas a la pregunta de un periodista de EDA TV, uno de los medios amenazados con la expulsión: «¿Condena usted la violación de una simpatizante de VOX en Reus?». La ministra respondió dejando la sororidad para otra hermana que sí lo mereciera: “Condeno el fascismo”.
Ahora será la secretaría general del Congreso –de la que depende la dirección de comunicación y cuyas competencias son independientes de las que ejercen Batet y la Mesa de la Cámara- quien decida si los medios señalados por la extrema izquierda y el separatismo tienen derecho a preguntar por las presuntas agresiones de Errejón, los cobros ilegales de Podemos o la promesa de Rufián de renunciar a su escaño si Cataluña no lograba la independencia.
