El gobierno de Iván Duque entra en su recta final y este último año seguramente marcará el que será su legado. La pandemia echó por la borda los avances que se lograron con la reforma tributaria de 2018, que había logrado bajar la tasa del impuesto corporativo y generado un escenario propicio para la inversión, pues activó a los sectores keynesianos más radicales del establishment y motivó el aumento del gasto público, con la creación de nuevas transferencias y la ampliación de programas sociales.
Frenó, además –si es que alguna vez la hubo– la intención de reducir o ajustar la burocracia estatal. La pobreza monetaria, que en últimas es la que corresponde medir, se ubica hoy en 42,5%, mientras que el primer año de gobierno estaba en 34.7%; el desempleo se mantiene por encima de 14% y la informalidad sigue afectando a la mitad de la población. Los defensores del gobierno, como es de esperar, insisten en que de no ser por la política expansiva del ejecutivo las cosas estarán peor.
La seguridad sigue siendo un problema grave –aunque el Presidente trata de aminorarlo recordando que desde el primer año de gobierno se lanzó el programa “el que la hace la paga”–. Hay ciudades tomadas por el crimen organizado y los eventos de atracos, hurtos a residencias y a vehículos parecen estar fuera de control, lo cual podría explicar la sensación de inseguridad que expresan ciudadanos encuestados al respecto. A esto hay que agregar el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, que sugiere un récord histórico en las hectáreas sembradas de coca y en el potencial de producción de cocaína, al igual que los atentados del 15 de junio a la brigada 30 del ejército nacional en Cúcuta, y los impactos de bala que recibió el helicóptero presidencial en su aproximación a esta ciudad, capital del Departamento de Norte de Santander, el 25 de junio.
Con relación a la reactivación económica, bandera que el gobierno está ondeando para poder hacer aprobar el proyecto de inversión social y así recaudar al menos 15 billones de pesos (3200 millones de euros) y extender los programas sociales, las cosas parecerían ir mejor, pues los pronósticos de comienzos de año sugerían un crecimiento económico del 4,6% y hoy el equipo técnico del Banco de la República ya vislumbra un crecimiento cercano al 7,5%, incluso a pesar de la situación de paro que vivió el país entre abril y junio. Sin embargo, el desempleo sigue siendo un problema grave y la inflación en cualquier momento puede salirse del rango meta, por lo cual el banco central tendría que revisar un posible aumente en la tasa de intervención.
Quedan 12 meses para cumplir lo que se pueda del programa de gobierno, que en campaña se acompañaba con expresiones de “menos impuestos y mejores salarios”. En 2022 las empresas tendrán que pagar una tasa corporativa superior a la de 2018, los empleados públicos y formales disfrutarán un incremento salarial por decreto, muy superior a la inflación (como viene ocurriendo desde el primer año del actual gobierno), los cultivos ilícitos seguirán esperando la fumigación aérea que se prometió y la burocracia estatal podrá dormir tranquila, pues el único riesgo es que se aumente, pero ya no que se reduzca.
No se puede dejar de reconocer que la estrategia de resistir hasta desgastar a quienes violentamente pretendieron paralizar al país hasta lograr imponer un pliego de peticiones como programa de gobierno para el último año, ha dado resultado.
Pese a las críticas del partido de gobierno, el Presidente se negó a decretar la conmoción interior, mantuvo abiertas las puertas al diálogo con sectores de la oposición, tanto en el Congreso como en las calles, y pudo capotear la presión internacional que le exigía explicaciones sobre presuntos excesos de la fuerza pública, denunciados por algunas oenegés y por la oposición.
Ese puede ser un legado de este gobierno, aquél de la resistencia. Resistió a la pandemia, al paro y a las diatribas de su vecino, Nicolás Maduro, a quién le quedaban “pocas horas en la silla presidencial de Venezuela” en 2019, al decir de Iván Duque, quien creyó haber logrado un cerco diplomático infranqueable contra la dictadura. Esa que seguro le enviará un saludo desde Miraflores el 7 de agosto del próximo año, saludo que también recibirá por parte de Díaz Canel, dictador cubano, con quien ha evitado todo enfrentamiento y no ha podido exigir con suficiente firmeza la extradición de los jefes de la organización terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que siguen en la isla comunista.
