La preocupación por el estudio y el análisis de los atributos de la ciudadanía y la nacionalidad se remonta a épocas pretéritas. Sin entrar en una minuciosa memoria histórico-política, a pocos escapa el papel tan relevante que ambos conceptos tuvieron tanto en la Grecia como en la Roma Clásica. Ésta última, como en otros tantos temas, fue absolutamente pionera en aportar un contenido jurídico-político a cada uno de ambos institutos.
Obviando el asunto de la adquisición de la ciudadanía, el Derecho Romano no quiso desatender los supuestos de la pérdida de ésta, estando entre ellos la adquisición de otra ciudadanía y la condena por efecto de ciertas acciones, entre las cuales se halló la traición contra el pueblo romano o contra su seguridad. Y ésta ha sido la tónica general que, con los necesarios matices, las comunidades políticas han ido incorporando en mayor o menor medida a lo largo de la historia y según las necesidades requeridas.
Pues es precisamente en el contexto actual cuando multitud de legislaciones de todas las latitudes han ajustado sus ordenamientos con la intención de castigar con la pérdida de la nacionalidad a los nacionalizados que, por unas conductas consideradas como rotundamente perversas, demuestran su insolidaridad y deslealtad con la nación.
No son cinco, ni tampoco diez, sino muchos más los Estados de nuestro entorno democrático preocupados, desde hace años, por endurecer sus normas. De hecho, si se permite ser enormemente esquemático, dentro de los Estados de Europa la privación cabe por disímiles razones: por la comisión de delitos graves contra el Estado, contra el orden constitucional y las instituciones nacionales, como sanción a los que muestran deslealtad a la nación por medio de discursos o, asimismo, como respuesta ante la comisión de actos contra los intereses nacionales, especialmente los derivados del terrorismo. Es, por desgracia, ese último fenómeno, el que más aceleró la puesta en marcha de medidas en esta dirección.
Hoy en España no existe un debate sobre ello, a pesar de lo que repetidamente manifiestan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que ven en la pérdida de la nacionalidad un elemento importante para el combate contra el crimen organizado, por las consecuencias que la privación conlleva. Aunque pudiera sorprender, en Francia, durante los años 2015 y 2016, se discutió, a propuesta de Valls y de Hollande, una reforma constitucional para permitir la extensión del despojo de la nacionalidad incluso a los nacionales de origen que dispusieran, asimismo, de otra nacionalidad, cuando fueran condenados por delitos contra la vida de la nación. Las razones que en todos lados se utilizan son elementales. Los Estados deben proteger a sus ciudadanos y a sus instituciones cuando se cometen actos antijurídicos y, eso, por qué no, puede llegar, incluso, a desposeer al infractor de su nacionalidad.
Es cierto, por otro lado, que el globalismo ha pretendido durante años limitar la soberanía de las naciones en la regulación de la nacionalidad. Ha marcado ciertas restricciones, entre ellas, por ejemplo, que la pena o la sanción devenga en la condición de apátrida. No es el momento de analizar aquí la cuestión en toda su profundidad, pero ¿por qué España debe proteger y cargar a personas que, actuando con suma deslealtad e insolidaridad, incluso sin querer ser españoles, escupen y pisotean nuestra convivencia de una manera clara e inequívoca? En estos momentos, la pérdida de la nacionalidad española se regula en diferentes preceptos; sin embargo, en lo que nos concierne, la privación de la nacionalidad a los extranjeros nacionalizados deviene por hacer uso durante tres años de la nacionalidad que declararon renunciar, cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o cuando ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno, decreto del Gobierno que todavía está por esperar. La nulidad se reserva para las causas de fraude en la obtención.
Frente a estas posibilidades, hace años se podía privar de la nacionalidad también cuando por sentencia firme se condenaba a su pérdida, conforme a lo establecido en las leyes penales, posibilidad que se eliminó, al haberse derogado los artículos que antes de la aprobación del Código Penal de 1995 así lo estipulaban. Parece que tiene sentido que, si el Gobierno concede en numerosas ocasiones la nacionalidad por carta de naturaleza a las víctimas de atentados terroristas, se pudiera, asimismo, despojar de ella, si es que la tuvieran, a los nacionalizados que cometan, por ejemplo, actos terroristas.
Cuando Unidas Podemos y sus múltiples confluencias promueven la nacionalización masiva de los inmigrantes, estén en la situación que estén, regalándola, por tanto, lo hacen porque desprecian la nación y los vínculos que con ella se generan. No conviene olvidar que la nacionalidad, además de un vínculo jurídico y político es, a la vez, otras muchas cosas. La pertenencia a una nación individualiza a la persona con unos valores y con unas tradiciones. La nacionalidad tiene mucho que ver con la historia de una patria. Pensemos, valga el ejemplo, que la adquisición de nuestra nacionalidad para un nacional de la Iberoesfera cuenta con unos requisitos menos exigentes que los requeridos para la adquirida por residencia por cualquier otro ciudadano del Globo. Por ese mismo motivo, a quienes pretenden adquirir la nacionalidad, en determinados supuestos, se les exige una prueba de conocimientos socioculturales de España, y del mismo modo, la declaración de juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes. Y una vez español, entran en juego unos derechos, pero también unas obligaciones de compromiso, lealtad y de solidaridad.
No es preciso concretar ahora qué delitos sería interesante que acarreasen, en razón de la deslealtad y de la insolidaridad, la pena de la pérdida de la nacionalidad. En cambio, quizá nos conviene a todos tomarnos el asunto de la nacionalidad con la misma seriedad y firmeza que como lo hacen nuestros vecinos.
