El jueves el hemiciclo acogió la fiesta del consenso. La cámara votaba al nuevo Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. El resultado de la votación venía ya apañado de casa, como uno de esos partidos del Mundial de fútbol en que ambos equipos necesitan empatar para pasar de fase, por lo que el debate era pura pantomima.
Así fue hasta que intervino el diputado de Podemos, Antonio Gómez-Reino, cuyo alarde de sinceridad en voz alta reconocía el papel de felpudo al que el bipartidismo ha relegado a las principales instituciones del Estado durante 40 años. “Mientras el PP siga siendo imprescindible sólo hay dos opciones: pactar con ellos sabiendo lo que son o permitirles que continúen con el secuestro de las instituciones y las conviertan en una oposición no democrática y en la sombra a esta Gobierno”.
En realidad, no era ésta la razón que movía a Podemos a validar a los cuatro magistrados para el Constitucional (especialmente a Enrique Arnaldo, considerado por todos como simpatizante del PP), sino la oportunidad de colocar a un miembro afín a la extrema izquierda (Ramón Sáez) para frenar los recursos de VOX.
“Teniendo en cuenta que el PP y los señores de VOX han interpuesto más de 30 recursos y teniendo en cuenta que la mayoría han sido admitidos a trámite […], creo que cabe afirmar que la reacción más importante que explica el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario es acabar con este secuestro y defender las instituciones”.
Es difícil decirlo con mayor claridad: no se pueden repetir las victorias de VOX en el Tribunal Constitucional como las recientes sentencias sobre ambos estados de alarma y el cierre del Congreso durante la epidemia del coronavirus. Por este motivo, los diputados del partido de Abascal tiraron de ironía entonando al unísono “¡Sí se puede, sí se puede!” cuando Podemos reconoció por qué se unía al acuerdo.
Apañado el acuerdo, cuesta escuchar sin sonrojarse a estos mismos partidos reivindicar el respeto a las instituciones y los órganos constitucionales frente al populismo que amenaza la democracia (hegemonía bipartidista). Algunos, aunque fuera de palabra, mostraron intención de cambiar las cosas. Entre las distintas promesas incumplidas por el PP cuando ganó las elecciones en 2011, también estuvo la de poner fin a la politización de la justicia y los principales órganos del Estado. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la incluyó como uno de sus principales objetivos: “Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos nombrando a los jueces que pueden juzgar a esos políticos”.
Claro que en este festival del consenso algunos adoptaron la pose de indignados. Fue el caso de Odón Elorza y otros nueve diputados tanto de PSOE como de Podemos, que rompieron la disciplina de voto para demostrar su animadversión al magistrado propuesto por el PP Enrique Arnaldo. En realidad, lo que hicieron fue estéril y cínico, porque ellos mismos están a favor del sistema de que los jueces sean nombrados por los partidos y porque además sabían de sobra que sus votos no alterarían la elección, pues VOX no participó en una votación en la que socialistas, populares y podemitas ya partían con la mayoría de tres quintos requerida.
Claro que, si Podemos ha tragado con candidatos como Enrique Arnaldo, el PP ha hecho lo propio con el comunista Ramón Sáez, que alberga un largo historial de polémicas de marcado carácter izquierdista. En 2008, durante su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional, emitió un voto particular en el que pedía la absolución de unos separatistas que habían quemado fotos del Rey. Sáez Valcárcel aseguraba en su voto discrepante que un hecho como el que se juzgaba es “normal en el mundo globalizado” y que “quemar las imágenes de gente de poder tiene un carácter ritual”.
Más reciente han sido sus declaraciones contra la prisión permanente revisable justo con la reapertura del debate tras el asesinato del niño de Lardero a manos de un asesino que había salido de la cárcel gracias a la concesión del tercer grado. El juez se posicionó en contra de “penas cuyo recorrido las convierte en unas penas de difícil compatibilidad con criterios de humanidad”. Así lo dijo el 2 de noviembre durante su comparecencia en la Comisión de Nombramientos del Congreso. Lo que no cabe echar en cara al PP, puesto que tampoco cumplió su promesa de derogar la ley de Memoria Histórica, es que Ramón Sáez sea un firme partidario de la imposición por ley de la versión histórica del Frente Popular. En un reciente artículo publicado en Historia Actual Online, se descubre partidario de castigar y censurar a quien contradiga o refute los postulados frentepopulistas: “Los discursos de odio contra las víctimas circulan libremente, sin censura, ni siquiera la de carácter político y ético. Ese es el cuadro de la impunidad en España, el modelo que han denunciado las asociaciones memorialistas y los organismos del sistema de Naciones Unidas”.
